El novedoso movimiento internacional Attac (Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos), en el que tengo puestas muchas esperanzas, acaba de solicitar la nacionalización de las Cajas de Ahorro para convertirlas en una poderosa banca pública, una “banca ética”, controlada por el Estado, que lleve a cabo la labor abandonada por las entidades financieras privadas en tiempos de crisis: la financiación de los sectores más débiles de la sociedad.

Una banca ética que reparta los beneficios, no entre los accionistas, sino entre “los sectores sociales con mayores dificultades para acceder a la financiación bancaria: medianas y pequeñas empresas, microempresas, familias de baja renta, jóvenes emprendedores y mujeres”.

Las cajas de ahorro, nacidas para convertir en obra social los beneficios del ahorro de las familias, han llegado a ser el escenario de las más descaradas batallas políticas, con un trasfondo ridículo de patriotismo casposo y localista, que enmascara la cuota de poder de los partidos políticos y sindicatos, además de un opaco instrumento de financiación de los proyectos partidistas de cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas.

Tan ridículo que, en las negociaciones para la fusión entre Caja Madrid y la valenciana Bancaja, el reparto de los centros geográficos de poder consumió horas y horas de negociaciones. Al final, Madrid será la sede operativa y Valencia la social, algo que trae al fresco a los clientes pero que parece de vida o muerte para el prestigio de cada caudillo autonómico implicado.

¡Al Attac!, pues. Comencemos nacionalizando las cajas de ahorro, que ya hablaremos más tarde de nacionalizar el resto.