La enorme discriminación contra las personas mayores en España

Vicenç Navarro

Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pomepu Fabra

Existe en España una discriminación muy acentuada contra las personas ancianas que, como ocurre en la mayoría de discriminaciones en este país, apenas es reconocida como tal por la mayoría de la población que la practica. En realidad, esta mayoría ni siquiera es consciente de ello, pues es un fenómeno tan generalizado que la gente ni se da cuenta de ello. Sin embargo, la discriminación es enorme, y afecta muy negativamente a las personas discriminadas, en este caso las mayores. Se oculta bajo una aparente cordialidad y amabilidad, tal y como ocurre también con la discriminación contra las mujeres, que frecuentemente intenta ser ocultada bajo la supuesta “caballerosidad” que el hombre mantiene frente a la mujer (a la cual discrimina). Esta supuesta amabilidad hacia los ancianos aparece cuando se les llama “abuelos”, un término que aparenta ser cariñoso pero que no lo es, pues la mayoría de ancianos están satisfechos y les agrada que así les llamen sus nietos pero no necesariamente otras personas a las que ni siquiera conocen, y las encuestas así lo muestran.

Cómo aparece esta discriminación

Esta caracterización de las personas mayores como “abuelos” va acompañada de una visión de ellos como personas con menos habilidades y que están en un proceso de declive físico, intelectual y emocional hasta que se mueren, proceso que algunos economistas han llegado incluso a proponer que se acelere. Es bien conocida la frase de un Ministro de Economía de Japón, que indicó que “el deber patriótico de los viejos es que se mueran cuando les corresponda” (es decir, lo más pronto posible). Muchos economistas neoliberales piensan lo mismo, aunque no lo dicen tan claro. Utilizan narrativas un pelín más sofisticadas, como por ejemplo que “el alargamiento de los años que los ancianos viven está creando un enorme problema a la economía del país”. Seguro que el lector ha leído frases semejantes en los principales medios de comunicación (ver la excelente exposición de la Dra. Paloma Navas de la Johns Hopkins University, Previniendo el envejecimiento imaginario en TEDx Madrid).

En centros académicos esta discriminación es más sutil, y aparece en el argumento de que la sociedad gasta demasiado en los ancianos, y muy poco en los jóvenes, siendo el supuesto “elevado gasto en los primeros” la causa de que se gaste tan poco en los segundos. Y sistemáticamente se subraya que las pensiones de vejez, por ejemplo, son “excesivamente generosas” en España, lo cual está causando “la insostenibilidad de la Seguridad Social del país”. Frecuentemente se indica también que en España las pensiones son “las más generosas del mundo”. La lista de gurús economistas neoliberales que gozan de gran visibilidad mediática en España y que han hecho tales declaraciones es enorme. La única diferencia entre ellos es que algunos dicen “del mundo” y otros un pelín más modestos dicen “de Europa”. Pero todos –los unos y los otros- coinciden en que, además de la excesiva generosidad de las pensiones, el problema de España es que hay demasiados ancianos, siendo uno de los países del mundo (según algunos) o de Europa (según otros) “que tiene más viejos”.

Los datos (que raramente verán, oirán o leerán en los mayores medios de comunicación) muestran la gran falsedad de cada uno de estos argumentos

Veamos los datos.

La sociedad española no es ni la más envejecida de Europa ni del mundo.

En realidad, según Eurostat, la agencia de datos de la UE, el porcentaje de la población anciana (personas con más de 65 años de edad) es prácticamente la misma en España (19%) que el promedio de los países de la UE-15 (19,03%) y ligeramente inferior a la de la UE-28 (19,4%). No es cierto, por lo tanto, que España sea uno de los países con “más viejos” o “más abuelos”.

El gasto en pensiones es más bajo en España que en el promedio de la UE-15 y la UE-28.

Y aun cuando el nivel de riqueza de España es mayor que el promedio de la UE-28, la renta de personas mayores de 65 años (medida en paridad de poder adquisitivo, es decir, ajustada a fin de que tengan la misma capacidad de compra, PPS) es más baja (17.792) que el promedio de la UE-28 (18.153). También el gasto en pensiones públicas para la vejez como porcentaje del PIB (que según el pensamiento económico neoliberal dominante en los mayores medios de comunicación del país, es de los más altos del mundo o de Europa) es más bajo (8%) que el promedio de la UE-15 (9,5%). Si además consideramos el total de las prestaciones públicas destinadas a la vejez (además de las pensiones) las rentas totales de los ancianos de este país alcanzan solo el 63% de la media de la UE-15. No es cierto, por lo tanto, que las ayudas públicas a las personas mayores o que el gasto público en pensiones “sea de los más altos ni del mundo ni de Europa”.

La pensión media es más baja que el promedio de la UE-15 o de la UE-28.

No es tampoco cierta la acusación que constantemente se hace por parte de economistas e instituciones neoliberales de que el pensionista español es el que recibe las pensiones más altas del mundo o de Europa, señalando que recibe como promedio el 82% del salario anterior a su jubilación. Solo aquellos trabajadores que comenzaron a trabajar a los 20 años, y cotizando a la Seguridad Social de una manera ininterrumpida y completa desde entonces, recibe esta cantidad en concepto de pensión de jubilación, lo cual representa un porcentaje menor de todos los jubilados (porcentaje que incluso está decreciendo debido al retraso de la juventud en su incorporación al mercado de trabajo, y la gran extensión de la precariedad entre los trabajadores). En realidad, el porcentaje que la pensión representa sobre el salario (consecuencia de las reformas del gobierno Rajoy en 2013) será un 48% según el informe The 2015 Aging Report de la Comisión Europea. Pero lo que tampoco se cita cuando se habla de la elevada tasa de reemplazo del salario por parte de la pensión es que los salarios son muy bajos en España. De ahí que el indicador más importante para medir la generosidad de un sistema de pensiones sea medir la cantidad de dinero público que el pensionista recibe. Y ahí podemos ver que esta cantidad (las pensiones púbicas) están entre las más bajas de la UE-15. En España, dos millones de personas reciben entre 600 y 646 euros al mes (unas cifras inferiores al salario mínimo interprofesional) y 4,5 millones menos de 1.000 euros al mes (véase el libro de Vicenç Navarro y Juan Torres, Lo que debes saber para que no te roben la pensión, publicado en 2013; y el artículo de Vicenç Navarro Las falsedades sobre la supuesta generosidad de las pensiones, publicado en PÚBLICO, 2 de febrero de 2017).

La integración de los ancianos a la sociedad en España es menor y su aislamiento y soledad son mayores que en la mayoría de países de la UE.

Hay muchos indicadores que lo demuestran. La cultura y los medios de comunicación están orientados casi exclusivamente a la juventud y a la gente de mediana edad. La gran mayoría de personas que presentan las noticias o la previsión del tiempo, los programas y series de televisión, así como las tertulias, son personas jóvenes. Y si son mujeres, tienen que mostrar pecho y aparecer sexis, reflejando la cultura machista de los medios (y de la sociedad). Casi nunca aparecen personas de edad avanzada, por ejemplo, en los programas de noticias, en la presentación del tiempo o en las tertulias. Los ancianos son prácticamente invisibles en los medios, tanto como presentadores como sujetos de noticias (con la excepción del tema de las pensiones, que se presenta, por lo general, como el gran problema causado por el enorme número de viejos).

Esta falta de visibilidad y participación viene acompañada de una falta de integración en la sociedad, una de las más limitadas de la UE-15. Según Eurostat, en España, un 83% de la población entre 15 y 75 años ha utilizado Internet durante los últimos tres meses (año 2016). En otros países su utilización es casi universal (Dinamarca, 96%; Suecia, Finlandia, Holanda, 93%). En cambio, en el grupo etario de 65 a 75 años, solo el 47% de los hombres y el 40% de las mujeres lo ha utilizado en España. La digitalización de la sociedad está teniendo un impacto devastador en el aislamiento de los ancianos, pues excluye a aquellos que no fueron introducidos a esta revolución. La soledad -resultado de su discriminación- es uno de los mayores problemas que las personas ancianas se encuentran a medida que avanza su edad.

Las pensiones en España no son un derecho (como lo son en otros países), sino una obligación

Este aislamiento es incentivado por una ley, paradójicamente aprobada por el gobierno socialista presidido por Zapatero, que le prohíbe al pensionista que continúe trabajando, imponiéndole el Estado uno de los regímenes de jubilación más regresivos que existe hoy en Europa. La jubilación en España es una obligación más que un derecho, cuando debería ser (como lo es en muchos países) al revés: más un derecho que una obligación. Conozco bien –resultado de un largo exilio- el mundo universitario de varios países (Suecia, Reino Unido y EE.UU.) y, como resultado de tal experiencia he concluido que el régimen de jubilación español es enormemente discriminatorio para los profesores universitarios. En EE.UU., por ejemplo, está prohibido jubilar a una persona obligatoriamente, y el profesorado, siempre y cuando reúna los criterios de productividad marcados por la institución, tiene el derecho de jubilarse cuando crea conveniente y necesario. En España tiene que ser a los 65 años, pasando de una gran actividad a ninguna en un solo día (el de su jubilación), lo cual afecta muy negativamente el estado emocional y psicológico del jubilado. Naturalmente que el mérito o demérito de la jubilación depende del trabajo que la persona realice antes de jubilarse. Para amplios sectores profesionales, cuyo trabajo es más intelectual que manual, este es una fuente de estímulo y placer, y que perciben la jubilación de una manera distinta a la de una persona cuyo trabajo no es necesariamente placentero o estimulante, que ve la jubilación como parte de su liberación. Tratar a los dos tipos de personas bajo el mismo criterio es profundamente injusto y debería cambiarse. No es justo, por ejemplo, que el personal de limpieza de la universidad, cuyo trabajo ofrece una posibilidad de gozo y creatividad muy limitada, se le obligue a trabajar dos años más (pasando su edad de jubilación de ser 65 a 67 años) para pagar la pensión de un catedrático que vivirá, como promedio, siete años más que la persona que trabaja en la limpieza de la universidad. Sería más lógico y razonable que el personal de limpieza no tuviera que jubilarse más tarde, como se ha hecho, facilitándole a la vez al catedrático que trabaje más si así lo desea, para contribuir en mayor grado a la Seguridad Social.

Hay que repetir, por lo tanto, que la jubilación es un derecho y no una obligación. El hecho de que no se esté ni siquiera considerando un cambio es un indicador más de la falta de atención que se da a los problemas que se presentan a las personas mayores, tales como la jubilación, por interpretarse como cosa de viejos. Lo único de lo que se habla es que “no se puede pagar” y que “el sistema es insostenible”.

Les garantizo, sin embargo, que es más que sostenible. El gasto público social en España, que incluye los servicios públicos (como sanidad, educación, vivienda social, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales, entre otros) y las transferencias públicas (como las pensiones), es de los más bajos de la UE-15. Una cantidad muy por debajo (unos 80.000 millones de euros menos) de lo que se debería gastarse España por el nivel de riqueza que tiene. El enorme poder que las fuerzas conservadoras (las derechas) han tenido en España durante su historia (y que conservan hasta hoy día) explica el enorme retraso social, del cual los grupos más afectados son también los grupos con menor poder y más vulnerables como los ancianos, los infantes, las mujeres y los trabajadores. Así es España (incluyendo Catalunya que, por cierto, es de las CCAA con mayor retraso social, habiendo estado gobernada por estas fuerzas conservadoras durante la gran mayoría de su historia contemporánea). Así de claro.