Con todas las miradas puestas sobre Eguiguren, que ayer declaró como testigo de la defensa de Arnaldo Otegi, se ha pasado de puntillas por la causa que ha sentado en el banquillo al líder de la izquierda abertzale, al que se acusa de un delito de exaltación del terrorismo por su participación en el mitin en Anoeta de 2004, consentido por las autoridades, en el que proponía el diálogo y las vías democráticas para resolver el llamado conflicto vasco. Es evidente que Otegi estuvo en el acto y que tomó la palabra. De ello es de lo que tendría que responder, porque cuesta pensar que se le pueda hacer responsable del vídeo de etarras que se proyectó en el velódromo o de las vivas a ETA que dieron los asistentes.

Tan opinable como que Otegi sea un hombre de paz, es la tipificación delictiva de la apología del terrorismo, especialmente cuando entra en colisión con un derecho fundamental como es la libertad de expresión. En cualquier caso, la aplicación del artículo 578 del Código Penal debería ser tamizada con la interpretación que contiene el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención del Terrorismo ratificado por España. En su artículo 5 entiende que la apología equivale a una “provocación pública para cometer delitos terroristas”, es decir, que requiere una incitación al delito que nadie puede encontrar en las palabras pronunciadas por Otegi.

Este país se ha preparado muy bien para luchar policialmente contra ETA pero ha descuidado el ordenamiento legal, cuyas deficiencias se pusieron de manifiesto en el caso De Juana para el que se estableció una Justicia a la carta, incompatible con un Estado de Derecho. El esperpento mayúsculo se alcanzó, no obstante, con la famosa doctrina Parot, por la que si un terrorista dejaba transcurrir dos años entre un crimen y otro era acreedor de dos condenas de 30 años pero si en ese tiempo mataba día y noche sólo podía ser condenado a una.

Una cosa es que Otegi no despierte simpatías y que Bono tenga decidido no ir con él a misa de doce, y otra que los tribunales retuerzan las leyes para que no quepa acusarlos de una indulgencia excesiva. Si hemos quedado en que la Justicia es una señora muy mona con túnica plisada, balanza y los ojos tapados, no dejemos que se le caiga la venda cuando escuche el acento vasco de los acusados.