En otras ocasiones me ha parecido interesante hacer algún comentario sobre las implicaciones de que los pesqueros españoles faenen en aguas peligrosas. La escalada de secuestros, que cada vez incluyen a más españoles como víctimas, hace que las decisiones que se tomen por parte del Gobierno no parezcan estar lo meditadas que debieran. La cuestión actual trata de incorporar armas de largo alcance en manos de los guardas de seguridad privada que ya intentan proteger de los piratas el pesquero al que se deben. Las armas largas a las que hacen mención deben ser más largas que las que usan los piratas, entrando en una curiosa lógica de escalada armamentística que esperemos que no llegue a mayores. El Gobierno ha puesto como límites a la contratación de empresas de seguridad privada que sean de la Unión Europea, para evitar que algún pesquero pueda tener a bordo algún mercenario del controvertido ejército privado estadounidense Blackwater. Es decir, podrían contratar a Pilgrims Security Ltd., dirigida por un ex miembro de las SAS británicas que tiene prohibida la entrada en el Reino Unido, que está siendo investigado por tráfico de armas y se le acusa de haber participado en varios golpes de estado. También, para potenciar el mercado nacional, podrían contratar a Levantina de Seguridad, empresa de seguridad privada de José Luis Roberto, líder ultraderechista secretario general de la patronal de los clubes de alterne ANELA (Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne). En fin, podrían al menos poner la denominación de origen en las latas de atún pescado con protección armada, así podríamos elegir si colaboramos con semejante despropósito.