Hasta el momento, ni el PP ni el PSOE han derrochado imaginación a la hora de responder al rosario de pruebas y testimonios sobre la trama de espionaje urdida (con dinero público) en los más altos despachos o en las alcantarillas de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre vaticina que “todo acabará en nada” y habla de “campaña orquestada”. María Dolores Cospedal, secretaria general del partido y encargada de la investigación interna, ha hecho unas cuantas llamadas, las suficientes para exculpar por adelantado a Aguirre, su ex jefa y madrina política. Rajoy se compromete a que “pase lo que pase”, el PP saldrá más unido de este carajal. Alfredo Pérez Rubalcaba califica lo ocurrido como una aventura “de Mortadelo y Filemón”, mientras el máximo responsable del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, ha desaparecido una semana, en lugar de cumplir su obligación de exigir que se aclare hasta la última línea de esta novela negra.

Pues no. La punta del iceberg del Aguirregate no es un serial de viñetas de Mortadelo y Filemón y haría muy mal el PSOE en limitar las consecuencias a un episodio más de las habituales puñaladas políticas entre Esperanza Aguirre, cabeza y cartel del liberalismo humanista de Hayeck, y Alberto Ruiz-Gallardón, presunto rostro moderno y progresista de la derecha. Es verdad que todo responsable de Interior, ya sea en un Gobierno central o autonómico, termina teniendo cara de ministro del Interior. Hasta Belloch pasó de dibujar un perfil de El Greco a disfrutar como un mono loco con la información privilegiada que facilitan policías, espías y detectives. La información es poder. Los dos periodistas que desvelaron el Watergate recibieron un consejo diáfano de uno de sus jefes: “Si conseguís tener a alguien agarrado por los cojones, tendréis su corazón y su cerebro”. No son ni uno ni dos ni tres los políticos que en estos momentos se sienten agarrados por sus partes, e intentan por todos los medios desviar el vendaval para no ver finiquitadas sus carreras políticas.

El vicepresidente mintió

A fecha de hoy, al menos hay dos asuntos graves perfectamente demostrados. Por una parte, varios altos cargos del PP madrileño han sido espiados, fotografiados en viajes privados y sometidos a seguimientos diarios. Por otra, uno de los espiados, el vicepresidente y mano derecha de Aguirre, Ignacio González, ha mentido. Dijo que apenas conocía a Enrique Sánchez, empresario a quien acompañó en un viaje a Suráfrica: “No es amigo mío ni le adjudiqué nada”. Público ha demostrado ya, con el boletín oficial de la Comunidad de Madrid en la mano, que la empresa de seguridad de Enrique Sánchez recibió una adjudicación multimillonaria del Canal de Isabel II, presidido a su vez por el propio Ignacio González. A él le toca, además, explicar por qué pagó “en metálico” los 8.000 euros que costaba el viaje.

El común de los mortales no suele abonar tal cantidad en metálico (en la hipótesis de disponer de ella) si no es a punta de pistola. Por mucho menos que eso, en el país más admirado (después del Reino Unido) por la liberalísima Esperanza Aguirre, dimiten de sus cargos gobernadores, secretarios de Estado y hasta presidentes. Un político, en democracia, puede hacer casi de todo, menos robar y mentir. Ignacio González ya ha hecho lo segundo, y tiene el cuajo de responder aplicando las dos máximas del refranero que más daño hacen a un régimen democrático: “La mejor defensa es un buen ataque” y “El que resiste gana”.

Adjudicaciones y maletines

Pues no. Ni el más ingenuo de los contribuyentes puede tragarse que esta trama de espionaje tenga como único trasfondo una pelea de poder interno en el PP. Cuesta creer en la casualidad de que la bomba estalle cuando distintas familias políticas de la derecha juegan al Monopoly con Caja Madrid, la cuarta entidad financiera de España. Y cuesta todavía más no relacionar esta maraña con la red que durante décadas ha marcado una forma de tomar decisiones políticas: la que unía a empresarios y administraciones públicas por medio de concesiones, adjudicaciones, comisiones, maletines... y por ahí hasta llegar a la palabra prohibida: corrupción.

La presunción de inocencia limita al norte con los datos objetivos y con el sentido común. Es hora ya de analizar en detalle la finísima frontera que separa a un Gobierno autonómico que presume de todas las esencias del liberalismo de la de una tropa de políticos sensibles a la tentación totalitaria de manejar a su antojo concursos públicos, adjudicaciones millonarias, medios de comunicación y privatizaciones, que colocan el Estado del Bienestar al borde del precipicio. Si Rajoy ambiciona algún futuro no condicionado exclusivamente a que el paro ahogue a Zapatero, más le valdría levantar las alfombras del PP de Madrid, donde ni Gallardón es el príncipe azul ni Aguirre la bruja, sino más bien dos polos que se necesitan mutuamente para que la batería no se descargue. Y si el PSOE madrileño quiere dejar de ser el verso libre que ha sido desde los tiempos de Pablo Iglesias, ya puede Tomás Gómez despertar de esa siesta infinita. Madrid puede ser el rompeolas de todas las Españas, pero no Sicilia.