Fernando Luengo

Profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense y miembro de la asociación econoNuestra. Coautor del libro “Fracturas y crisis en Europa” (Clave Intelectual-Eudeba)

Uno de los argumentos que se ponen sobre la mesa en el debate sobre el euro es la cesión o recuperación de soberanía por parte de los estados nacionales. La constitución de un espacio monetario integrado, que culminaba un dilatado proceso de integración económica que comenzó con la creación de las Comunidades Europeas, suponía que los estados que se adherían a la Unión Económica y Monetaria cedían voluntariamente soberanía, pues dejaban instrumentos fundamentales en la gestión de la política económica en manos de instancias supraestatales. La recuperación de los signos monetarios nacionales supondría revertir esa situación, devolviendo a los poderes públicos de los países concernidos el manejo de la política económica.

Se trata, sin embargo, de una perspectiva insuficiente y, sobre todo, de corto recorrido, pues omite un aspecto central; de hecho, el más importante: la mayor cesión de soberanía que se ha producido en las últimas décadas y de manera todavía más intensa en los últimos años es la que otorga más poder a los mercados y a sus representantes (esta perspectiva da lugar a un relato del proceso de integración comunitaria sustancialmente distinto del ofrecido por la literatura al uso).

Este proceso de retirada de lo público y de la política, ámbitos capturados y contaminados de lógicas e intereses mercantiles, se ha dado, por supuesto, en los niveles comunitarios, que han conocido un empobrecimiento y perversión de las instituciones democráticas, un asalto de lo público por parte de los mercados y un creciente sesgo del proyecto europeo hacia los intereses de las grandes corporaciones y de los lobbies que representan sus intereses.

Pero esa deriva también se ha materializado en la esfera de los estados, y en ámbitos más acotados, como, en el caso español, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Así pues, asociar la salida o la disolución del euro y recuperación de soberanía, como si hubiera una relación de causa-efecto entre ambos asuntos, carece de justificación.

Del mismo modo que tampoco se justifica la afirmación de que en espacios más acotados, en el ámbito de los estados o en espacios territoriales más reducidos, se dan, por definición, mejores condiciones para implementar otra política económica. La evidencia disponible invita más bien a la cautela, pues no son pocos los ejemplos donde observamos en países y territorios pequeños tendencias regresivas y autoritarias.

Además, lo más importante, no está en absoluto garantizado que la correlación de fuerzas (pues de eso se trata, en realidad), en un contexto de desintegración, rivalidad y colisión de intereses (el actual, pero más exacerbado), fuera favorable a una mayoría social que permitiera imprimir un giro progresista a la política económica.