Reconocer un error y no ponerle remedio es doble error. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, admitió ayer que si el Gobierno hubiera previsto la profundidad de la crisis que vivimos tal vez no hubiera eliminado el Impuesto sobre el Patrimonio. Un impuesto que proporcionaba más de 2.100 millones de euros a las comunidades autónomas, dinero que ahora tiene que abonarles el Estado.

En aquel momento, año 2008, Hacienda propuso reformar el impuesto en lugar de suprimirlo. Bastaba con elevar el mínimo exento para que sólo tributaran patrimonios superiores al millón de euros y se mantendría el 80% de la recaudación con el 20% de los declarantes. Es decir, que con menos de 200.000 declarantes se mantendría una recaudación de más de 1.855 millones de euros. La decisión de Zapatero fue eliminar el impuesto y, desde entonces, se han alzado voces desde la izquierda reclamando que se recuperara este tributo o cualquier otra fórmula que gravara más a las rentas altas.

Como lo que hacen nuestros vecinos. En Portugal, el Gobierno del socialista Sócrates va a establecer un nuevo tramo en el Impuesto sobre la Renta con un tipo del 45% para ingresos superiores a 150.000 euros. Aquí, la vicepresidenta admite que tal vez no lo hubiera suprimido mientras el presidente defiende su decisión. Pero es difícil ser error y acierto a la vez.