La decisión de acelerar la entrada en vigor de las nuevas garantías para los depósitos bancarios, tomada ayer inesperadamente por el Consejo de Ministros, pretende insuflar confianza a los ahorradores, que con la que está cayendo tienen motivos de sobra para temer por su dinero. Sin embargo, la magnitud de la subida (de 20.000 a 100.000 euros por titular y entidad) y la premura con que se va a aplicar (desde hoy mismo) son poco tranquilizadoras, ya que cuadran bastante mal con el plácido escenario del sistema financiero español que insiste en dibujar el Gobierno.

La otra pata del plan contra la crisis económica impulsado por Zapatero ofrece menos dudas sobre su pertinencia: la economía está al borde del colapso por falta de liquidez y los 30.000 millones de euros que se le van a inyectar de aquí a final de año le vendrán como agua de mayo. Pero el procedimiento elegido para canalizar esa ayuda (a través de la banca) despierta muchas reservas, pues no resultará fácil certificar que se destina verdaderamente al fin para el que ha sido concebida, como el propio vicepresidente Solbes no ha tenido empacho en admitir.

Sobre este particular, el Gobierno pide a los españoles un resignado acto de fe, igual que cuando asegura que ni la ampliación de las garantías para los depósitos ni la inyección de liquidez costarán un solo euro a los contribuyentes.