JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO

Economista

De nuevo, el Gobierno pretende cuadrar el círculo y, en esta ocasión, con el aplauso de toda la clase empresarial. Por una parte, se desea mantener la inversión pública y salvar a las constructoras, pero, por otra, no se quiere incrementar el déficit público. Han ideado –según dicen– una “fórmula novedosa”. “La mayor estrategia de financiación público privada de la historia”, anunció el presidente del Gobierno. A mí, con todos los respetos, me parece que han descubierto el Mediterráneo. Desde que se impuso el pacto de estabilidad, todos los países han tenido la pretensión de burlar la limitación del 3% mediante formas más o menos ingeniosas de contabilidad creativa. La primera nación que se adentró en este camino fue Alemania, con lo que se ha llamado el contrato de abono total, que consiste en que el pago se realiza de una sola vez al final de la obra; eso sí, englobando los correspondientes intereses, desde luego bastante más elevados que los que hubiera podido conseguir para financiarse el Estado.

La asociación público privada que ahora nos presenta el Gobierno no representa ninguna novedad. Es tan antigua al menos como las autopistas con peaje en las obras de Gallardón o los hospitales de Esperanza Aguirre. Cuando la izquierda se mete a innovar termina coincidiendo con la derecha. Todas estas fórmulas lo único que logran es disfrazar el déficit público y que el coste para el Estado sea mayor, al incrementarse en los beneficios de las empresas y en la más alta tasa de intereses que estas tendrán que pagar con respecto a las que hubiera obtenido el Estado.

El ministro de Fomento, continuando con los descubrimientos, declara que este sistema permite distribuir la carga entre las generaciones futuras, que son las que van a recibir los beneficios. ¿Es que acaso no ocurre lo mismo cuando las inversiones se financian con deuda pública? ¿Es que no es igual deber a las constructoras que a los bancos o a los tenedores de títulos de deuda? En cuanto al riesgo, se quiera o no, siempre termina en el Estado, tal como estamos viendo con las concesiones para el mantenimiento de las autopistas de primera generación o con las radiales de peaje. En todas las amalgamas entre el sector público y el privado, las pérdidas son para el primero y las ganancias para el último. No es de extrañar que “la fórmula novedosa” fuera acogida con alborozo y júbilo por todas las constructoras.