NÚRIA BOSCH

Los vehículos han soportado tradicionalmente una gran carga fiscal tanto en España como en otros países de la Unión Europea. En nuestro país los impuestos representan alrededor del 30% del precio de los vehículos, situándose en una posición intermedia dentro de la Unión Europea. Cuando compramos un vehículo nuevo pagamos el impuesto de matriculación y el IVA. Por su posesión, hay que pagar el impuesto municipal sobre circulación de vehículos y, hasta ahora, el desaparecido impuesto sobre el patrimonio. Otros impuestos gravan la utilización del vehículo. Son el impuesto de hidrocarburos, el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el impuesto sobre primas de seguros y otra vez el IVA, que recae sobre el consumo de hidrocarburos, los recambios y las reparaciones. Finalmente, si el vehículo cambia de propietarios, se exige el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Las nuevas tendencias en la fiscalidad llevan a transformar los impuestos sobre vehículos en impuestos ambientales que incentiven la reducción de la contaminación global y local que ocasionan. En este sentido, en 2005 la Comisión Europea presentó una propuesta de directiva que supone eliminar el impuesto de matriculación de vehículos y reformar el impuesto sobre circulación de manera que su base imponible esté en función de las emisiones de CO². Por tanto, estas son las directrices que toda reforma de la fiscalidad del automóvil debería seguir en el futuro.

En el caso español, un aspecto positivo a destacar es que actualmente el impuesto de matriculación ya grava los vehículos por sus emisiones de CO². Asimismo, el impuesto de circulación municipal debería reformarse en la línea que propone dicha directiva europea. Su base imponible debería formase a partir de las emisiones de CO². A su vez, sobre estas emisiones debería establecerse una tarifa progresiva. Algunos estudios estiman que la reducción en las emisiones de CO² podría ser de alrededor de un 5%.

No obstante, los vehículos han de gravarse primordialmente a través del impuesto de hidrocarburos. De hecho, ya ocurre en la actualidad. El impuesto sobre hidrocarburos representa más del 40% de la recaudación derivada del gravamen de los automóviles. Gravar los vehículos a través de este impuesto permite aplicar el conocido principio de que quien contamina paga, ya que hay una relación directa entre el consumo de hidrocarburos y la contaminación emitida. De hecho, existen argumentos para basar exclusivamente la fiscalidad del automóvil en los impuestos sobre hidrocarburos.

En definitiva, la reforma de la fiscalidad de los vehículos debería ser un elemento importante de toda reforma fiscal verde, debiendo cumplir dos condiciones primordiales. Primera, la reforma ha de ser eficiente desde un punto de vista ambiental, es decir, que produzca una disminución real de las emisiones contaminantes. Y segunda, la reforma no ha de suponer un aumento de la carga fiscal sobre los vehículos, sino una redistribución de la misma a favor de los vehículos menos contaminantes.

Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública