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La ley antitabaco ha puesto a más gente en la calle que la crisis económica. Y no me refiero al recuento de pérdidas por parte de la patronal de la hostelería, sino de toda esa legión de empleados de comercio que se juegan un catarro varias veces al día por salir a la calle a fumarse un cigarrito en mangas de camisa, apurando la dosis de humo en cada calada, como camellos haciendo acopio de agua entre oasis y oasis para la siguiente travesía.

Desde aquellas protestas de los comerciantes, cuando en España comenzaron a generalizarse las zonas peatonales en el centro de las ciudades (vaticinaban “la muerte del comercio” porque la gente ya no podría acudir en coche a comprar), no se había desatado nunca tal catarata de pronósticos lúgubres sobre un sector empresarial.

Recuerdo que cuando en otros países civilizados ya era ley la prohibición de fumar en espacios públicos, como comercios, cines y hospitales, aquí todavía te recibía el médico con un habano descomunal entre los dedos, mientras le distraías repitiendo treinta y tres, treinta y tres.

Una cosa es cierta: para algunos establecimientos la prohibición de fumar sí puede ser su ruina, y no exactamente por falta de clientela. Como le ha sucedido al empresario del Asador Guadalmina, de Marbella, al que le cayó una multa de 145.000 euros por insumiso. La culpa es de Zapatero, de un “gobierno dictatorial, marxista y terrorista”, en palabras del hostelero (“hostelero”, porque prometió liarse a hostias para defenderse).

Un bar de Santander, con mejor humor, colgó una foto de Franco en la que se lee: “Joderos, conmigo se podía fumar”.

Así que, por favor, tal como están los nervios en la caverna, no le digáis a mi madre que soy marxista, decidle que he vuelto a fumar.