NÚRIA BOSCH

Nadie pone en duda que la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, hace ya 23 años, ha fomentado el crecimiento económico, dado que España es un país beneficiario neto del presupuesto comunitario. Por ejemplo, en el año 2007 España recibió de la UE 12.796 millones de euros (1,22% del PIB español) y aportó 9.838 millones de euros (0,94% del PIB), lo que supuso un saldo positivo de 2.958 millones (0,28% del PIB). España es el país que en términos absolutos ha recibido más recursos de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión desde que se incorporó a la UE. Estos, en el período 1992-2007, representaron el 60% de los gastos europeos destinados a España. Ello ha contribuido, sin duda, al proceso de convergencia habido en términos de renta per cápita con el resto de países de la UE.

La UE programa de forma plurianual (generalmente siete años) su marco presupuestario-financiero. Es lo que se denomina perspectivas financieras. Las establecidas para el periodo 2007-2013 suponen un cambio para España, ya que su saldo fiscal positivo con la UE se irá reduciendo según se vayan aplicando. Ello, no obstante, no tiene que conducir a afirmar que las actuales perspectivas no sean satisfactorias para España o se negociaran mal.

La reducción de los recursos estructurales y de cohesión en este periodo 2007-2013 viene motivado por dos causas primordiales. En primer lugar, la entrada de los países del Este genera una reducción relativa de los fondos disponibles, ya que en términos de PIB la cantidad es la misma que en el periodo 2000-06, es decir, 0,35% del PIB comunitario. Dicho en otras palabras, con los mismos recursos hay que atender más necesidades, lo que afecta a la política de cohesión y a todos los países.

En segundo lugar, España ya no es uno de los países más pobres de la UE. Su nivel económico es parecido al de la media comunitaria. Así pues, el propio proceso de convergencia económica mencionado y el efecto estadístico ocasionado por la entrada de los nuevos países hacen que, de las 11 comunidades autónomas que en el periodo anterior eran regiones objetivo 1 (las que acaparan la mayor parte de Fondos Estructurales), sólo sigan siéndolo cuatro (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia).

Por todo ello, hay que valorar positivamente que España haya conseguido prorrogar la percepción de recursos del Fondo de Cohesión hasta 2013, y que las comunidades autónomas que dejan de percibir recursos por el objetivo 1 de los Fondos Estructurales disfruten de un periodo transitorio en que la reducción de los fondos tendrá lugar de forma gradual. Asimismo, se ha creado un fondo tecnológico específico para España y se ha conseguido una mayor implicación por parte de la UE en el control de los flujos migratorios.

El resultado es, pues, que España va a continuar teniendo un saldo positivo con la UE durante el periodo 2007-2013, aunque más reducido. Es la hora de poner más el énfasis en el incremento de la eficiencia del uso estratégico de los Fondos Estructurales y de Cohesión, destinándolos hacia aquellos fines que generen más crecimiento económico a medio y largo plazo. Esta es la responsabilidad de las instituciones públicas.

Núria Bosch es Catedrática de Hacienda Pública