El 'caso Plus Ultra' reactiva el debate sobre dónde acaba el lobby y empieza la corrupción

En la política hay zonas de sombra. Laderas opacas en las que agentes variopintos trabajan para moldear la acción de los distintos poderes del Estado; para incidir. "Y eso no está mal per se", apunta Javier Pérez, director de la organización independiente Political Watch. Pero hay varios límites que no deben traspasarse y algunos cambios que, según los expertos consultados, habría que impulsar precisamente para sacar de las tinieblas esa actividad del lobby —o grupo de presión— y dotarla de una vigilancia semejante a la que la sociedad somete a otros actores de la política como los diputados, los ministros o los presidentes del Gobierno.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a poner sobre la mesa un debate viejo. Tan viejo como el propio poder y la propia política: qué influencia es legítima y cuál no. Pero eso forma parte de la escala de grises. La pregunta de partida es otra. ¿Cuándo una actividad de influencia se convierte en corrupción? La respuesta es clara, tal y como explica Joan Navarro, profesor universitario, vicepresidente de Más Democracia y, en otra vida, director del Gabinete de Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas con Zapatero. El límite entre la influencia y la corrupción está en el Código Penal.

"Tenemos una legislación que regula el tráfico de influencias", expone. "El Código Penal lo define muy bien". Artículo 429: incurre en dicho delito "el particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero". Tres claves: tiene que haber una influencia en un funcionario público, una situación de prevalencia y la intención de conseguir de forma directa o indirecta un beneficio económico para uno mismo o un tercero.

Ahí es, por lo tanto, donde se encuentra la principal línea roja. En el caso concreto de Zapatero, el juez cree que hay indicios de que esos elementos se den en el triángulo que conforman el expresidente, Análisis Relevante y Plus Ultra. Para Navarro, el socialista, en tanto que fue máximo dirigente del país, tiene esa "prevalencia", pero en el auto no observa indicios de que pueda "haberse producido alguna especie de reunión entre el propio Zapatero y un funcionario", por lo que, al menos con lo que se sabe en estos momentos, no cree que pueda deducirse que el expresidente haya cometido ningún delito. En cualquier caso, otros expertos en la materia, también auto en mano, sí ven indicios. El devenir de la investigación despejará las dudas.

Resuelta la primera equis —la de la legalidad—, queda toda la escala de grises de la legitimidad. Muchas preguntas. ¿Es legítimo que un presidente que ha dirigido a un país gracias a los votos de sus ciudadanos y que representa la imagen del Estado que lideró haga trabajos de consultoría e influencia? ¿Y que lo haga un ministro? Y, en general, ¿está bien que grupos con intereses particulares y económicos tengan acceso a los representantes públicos —por ejemplo, los diputados— para incidir en la política? ¿Y que lo hagan sin arbitraje ni control en esa ladera opaca de la montaña?

Pero antes, un recorrido por la Historia

Corramos la vista atrás. El lobby —el trabajo de incidencia política— no es nuevo. Su origen más primigenio hay que ir a buscarlo a la antigua Grecia. La figura de los sofistas, "oradores de gran talento" con capacidad de influir en la vida pública, sería un primerísimo germen. Más adelante, ya durante el imperio romano, existió la figura del "cliente", tal y como explican los profesores David Capdevila (Universidad Complutense de Madrid) y Jordi Xifra (Universidad Pompeu Fabra) en su trabajo Historia de los lobbies. Los patricios con más dinero podían tener a su servicio toda una cohorte de ciudadanos libres (clientes) que, con su fuerza, "podían manipular" las decisiones políticas.

Pero todo aquello es muy remoto. Ya en la Edad Media, una institución también muy de nuestros días empezó una labor de influencia que se mantiene perenne. La Iglesia hace lobby desde tiempos inmemoriales. Al mismo tiempo, con el trasvase de la vida política de los castillos a las ciudades, tomaron fuerza los gremios y los burgueses, que ejercían su propia influencia.

¿Y todo eso cómo ha desembocado en lo que son hoy los grupos de presión? Lobby es una palabra exportada directamente del inglés que significa "antesala". No está claro si el origen de la concepción moderna del término hay que ir a buscarlo al siglo XIX británico o al estadounidense, pero definía —y, en términos algo metafóricos, define— las conversaciones que mantenían, en los salones contiguos a las cámaras legislativas, los representantes de intereses comerciales con los congresistas para incidir en la producción de leyes. Andando el tiempo, la del lobbista se ha convertido prácticamente en una profesión y las formas de influir en la política desde la esfera privada han tomado formas y copado escenarios muy distintos.

La opacidad explica la desconfianza

Javier Pérez, de Political Watch, y Ángel Muñoz, codirector de Ideas en Guerra y técnico en Más Madrid, coinciden en una misma idea: "La opacidad y la falta de transparencia tienen la culpa del recelo de los ciudadanos con respecto al lobby". Aterrizando la cuestión, de nuevo, en la imputación de Zapatero, a la opinión pública le impactan los indicios de corrupción, pero también el hecho de que un expresidente del Gobierno cobre enormes cantidades de dinero por, eventualmente, influir en posibles beneficios económicos para empresas. Y, sobre todo, que todo ese juego se dé fuera del alcance de la vista. Sin que nadie se dé cuenta; sin que nadie deba explicaciones.

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Pérez insiste en que "es bueno que distintos actores de la sociedad quieran influir en la política", pero subraya la importancia de la "transparencia", de que en ningún momento se den "contraprestaciones" o se use "información reservada" y de que exista "la máxima igualdad de acceso a los políticos por parte de los ciudadanos". Volveremos a eso más adelante.

Joan Ridao, que fue secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) entre 2008 y 2011, además de portavoz en el Congreso, cree que con la ley de lobbies que se está tramitando, en estos momentos, en la Cámara Baja, el Anteproyecto de Ley de Integridad Pública que aprobó el Gobierno y una reforma extra de la figura del expresidente se daría, en España, un importante paso adelante para poner por encima del nivel del mar todo el trabajo lobbista y generar algo más de confianza entre los ciudadanos. Ridao, autor de varias monografías sobre la materia, es también una voz autorizada.

La principal medida que incluye la norma que se está trabajando en el Congreso es la creación de un registro de grupos de interés, además de una huella legislativa para que queden por escrito —y sean fácilmente consultables— las presiones que los distintos lobbistas hayan podido ejercer durante la elaboración de una ley. Según ha podido saber Público, la comisión que trabaja la iniciativa ha reactivado los trabajos y la ponencia de la ley podría convocarse la próxima semana. Pero es un texto que no aborda la que tanto Joan Ridao como Javier Pérez o Joan Navarro consideran que es una de las grandes asignaturas pendientes en este campo: regular de forma más restrictiva la figura del expresidente.

Cortar por arriba y mejorar lo de abajo

"El debate central en torno al asunto de Zapatero", resume Navarro, "es si queremos que los expresidentes formen parte, de por vida, del Consejo de Estado". ¿A qué se refiere? Todo aquel que haya sido líder del Ejecutivo español tiene derecho a formar parte del Consejo de Estado, lo cual lo inhabilita para poder realizar tareas de carácter mercantil. Pero todos los expresidentes españoles han renunciado a ello. Pueden hacerlo. Por lo tanto, no choca con ninguna ley que realicen actividades privadas (también de incidencia) ni que cobren por ello. Nunca, y en eso se basa la acusación del juez Calama a Zapatero, de influir en una operación pública a través del contacto con un cargo público para obtener un interés económico. Ni un expresidente ni nadie "con prevalencia". Eso es tráfico de influencias.

Pero Navarro insiste en que, más allá de eso, el sentir general de la ciudadanía es que "tendría que existir una legislación que recogiera que los expresidentes se mantuvieran para siempre en el Consejo de Estado". No podrían, así, comercializar su agenda ni su influencia. ¿Y en el caso de los ministros? En ese caso, un ministro tiene ya establecida por ley una limitación de dos años para trabajar en empresas de su sector. Navarro cree que esa regulación es suficiente, primero, porque un exministro no tiene el peso de la representación de un país como lo tiene un expresidente y, segundo, porque la actividad de los ministros tras abandonar su cargo "no genera tensión en la sociedad": "Hay una mejor correlación entre el sentir de los ciudadanos y la ley". Joan Ridao cree que podría generarse un debate alrededor de ello.

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Javier Pérez remata con una idea. "También se puede incrementar la confianza de los ciudadanos en los procesos de incidencia política igualándolos —o, por no ser naif, acercándolos— por arriba". En otras palabras, mejorar los cauces de participación ciudadana, abrir nuevos y, en definitiva, favorecer que, igual que un exministro o una gran empresa lo tienen muy fácil para reunirse con un diputado o un miembro del Consejo de Ministros, esas facilidades también existan para un representante de un movimiento social, de una asociación vecinal o un club deportivo. Incluso de un ciudadano particular.

La receta, por lo tanto, genera acuerdo. Cortar por arriba —restringir la actividad de los expresidentes— y mejorar lo de abajo: dotar a los ciudadanos de más facilidades para participar. Además, claro, de regular de una vez por todas el sector del lobby. Terminar, en la medida de lo posible, con la política que se esconde bajo las alfombras. De todos modos, los esfuerzos por mejorar la percepción de la ciudadanía en lo referente a la política son en vano si se suceden los casos de corrupción.