La circunstancia electoral gallega nos ha proporcionado nuevos e interesantes elementos relacionados con la polémica lingüística. El pasado día 8, por ejemplo, hubo una manifestación en Santiago convocada por una entidad llamada Galicia Bilingüe en contra de la imposición del gallego en la enseñanza.

No soy gallego, pero como vivo en el País Valenciano, donde también se hablan diferentes lenguas, seguí con interés los avatares de la querella. Para empezar, me sorprendieron algunas pancartas del acto. Un tipo con un disfraz a manchas blancas y negras sostenía una donde decía: “El gallego sólo sirve para hablar con las vacas”. Comprendo que los que piensen como el rumiante en cuestión vivan realmente con gran desazón en Galicia. Para ellos debe de resultar insoportable comprobar cómo el gallego salta la valla y se expande fuera de la lechería.

Me resulta también curioso que los organizadores se cobijen bajo el rótulo “Galicia bilingüe” y que su batalla se concentre en el derecho de los padres a elegir en exclusiva la lengua de la escuela de sus hijos. Según ellos “sobre la base de la imposición no se puede construir una sociedad libre”. Y ése es, en efecto, el quid de la cuestión.

Para empezar, el bilingüismo es un fenómeno estrictamente individual. Un país no puede ser “bilingüe”: un individuo sí. ¿Y cómo puede un escolar gallego llegar a dominar perfectamente el gallego y el castellano? Pues en eso los sociolingüistas están todos de acuerdo: sólo la enseñanza mayoritariamente en gallego puede garantizar el bilingüismo. No hay ningún peligro de que ese niño no aprenda castellano (de hecho, no hay ningún ciudadano de España, a día de hoy, que no sepa castellano). Pero si lo que pretendemos es que sea bilingüe, y no monolingüe en castellano, entonces debe estudiar mayoritariamente en gallego. Así dominará las dos lenguas y luego usará la que querrá.

Quizá suene paradójico, pero el Estado –la Xunta, en este caso- tiene todo el derecho del mundo a “imponer” la enseñanza en gallego, como lo tiene a imponer las normas de tráfico o el impuesto sobre la renta. De hecho, esa es su obligación, puesto que los derechos de los padres acaban donde empiezan los derechos de la sociedad democrática. Sólo así se asegurará realmente la existencia de una “Galicia bilingüe”. De donde se sigue que toda la polémica subsiguiente no tiene ningún sentido, salvo que lo que se pretenda es convertir al gallego en pasto para las vacas…