Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencias Políticas

El Gobierno del PP no es de derechas sólo por la procedencia de sus ministros sino por lo que hace y no hace. Ya ha aprobado el reglamento de la ley Sinde, para satisfacción de la industria de contenidos y la embajada de los Estados Unidos, bien es verdad que suprimiendo el canon. En cambio, no ha recortado ni un euro de las cuantiosas aportaciones del Estado a la Iglesia católica. Y ha descargado el coste de la crisis sobre los más débiles y vulnerables.

Ahora anuncia que controlará los presupuestos de las comunidades autónomas. Dependiendo de cómo lo haga lo más probable es que encienda un litigio que acabará en el Tribunal Constitucional. Políticamente cabe preguntarse qué habría dicho si, estando en la oposición, hubiera sido el PSOE quien propusiera la medida. Que se trataba de un ataque al principio de autonomía, en especial de las comunidades gobernadas por el PP y sometidas a persecución.

Da la casualidad, sin embargo, de que la tajante decisión del Gobierno viene movida por la situación de suspensión de pagos de hecho de la Comunidad Valenciana, en efecto, gobernada por el PP. Y del temor de que no sea la única. Queda ya claro que el PP no podrá acusar a Zapatero de ser el causante de la crisis cuando los gobiernos populares parecen haberla acelerado. La ruina de Valencia no la ha dejado Zapatero. Y es una ruina que se debe analizar y por la que hay que pedir las debidas responsabilidades. Que los gobernantes rindan cuentas.

Porque está claro que esa virtual quiebra de la comunidad de Valencia tiene mucho que ver con un estilo de Gobierno que se ha caracterizado por un despilfarro irresponsable por una parte, y la comisión de unos presuntos delitos de malversación por otra. De los delitos de malversación ya están ocupándose los tribunales. Ahora hay que abordar unos gobiernos caracterizados por el despilfarro en proyectos faraónicos, innecesarios, ruinosos, como aeropuertos sin aviones, torres sin construir pero abonadas, acontecimientos de relumbrón como la Fórmula 1, que cuesta un dineral, o actos de boato litúrgico como la visita del papa en 2006, en la que parece que se esfumaron varios millones de euros. Muestra de una gestión como Dios manda.