El próximo Sábado Santo, asistiremos a un fenómeno cósmico de primera magnitud. No sólo seguiremos sin tener gobierno, un imponderable excepcional, sino que tampoco tendremos Dios ya que, como cada año, habrán ejecutado a Jesucristo el viernes y no resucitará hasta el día siguiente.

Sin Dios y sin gobierno, a lo mejor se democratizan los milagros, la Moncloa reciba una orden de desahucio, los consejos de ministros promulguen buenas noticias, nadie diga con retintín, en misa de doce, el célebre versículo de “dejad que los niños se acerquen a mi” y cualquier semana de pasión sea lo que su lado salvaje esté imaginando.

Pero, no nos engañemos, hay Dios y hay gobierno, aunque oficialmente no lo haya. Y, lo que es peor, a menudo coinciden. Un país laico de pacotilla, donde los concejale se disputan los palcos oficiales, ya sea de los Reyes Magos o de las hermandades y cofradías. En las procesiones, desde luego, pero también en las liturgias de las misas solemnes, en los pregones de Semana Santa, en los intentos de incorporar el cristianismo como religión de Europa en los simulacros de constituión comunitaria. Gobierno y Dios van de la mano en la casilla del IRPF en la que sigue prevaleciendo la Iglesia Católica respecto a todas las religiones restantes y respecto a aquellos que no profesamos religión alguna. O en los hisopos que siguen bendiciendo inauguraciones públicas. Visto lo visto, aquí seguimos siendo agnósticos, católicos, apostólicos, romanos y populares.

¿Alguien imagina a la legión acompañe a las procesiones musulmanas que conmemoran el nacimiento de Muhammad, o Mahoma, como le llamamos los antiguos? Tampoco veo precipitarse a los alcaldes hacia la sinagoga más cercana para celebrar el pesaj, en los próximos días. Y el budismo lo dejamos para Richard Gere.

Hasta ahora, desde la restauración democrática de 1978 han fracasado sistemáticamente todos los intentos para diluir no sólo el peso residual del llamado nacional-catolicismo sino el de cinco siglos de ortodoxia religiosa, utilizada por sus católicas majestades para mantener unificados los viejos reinos peninsulares, tras la caída de Granada en 1492. Incluso la actual Constitución, a pesar de que en su artículo 16 se asegura que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, aparece una expresa mención a la religión mayoritaria al sostener, en su tercer epígrafe, que”los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

¿Cuales son esas relaciones de cooperación? Básicamente, las que fija el Concordato de turno. Mientras Francia derogó su concordato con Roma en 1905, en España hemos ido renovandolos con cierta periodicidad. España lo intentó en 1931, con la Segunda República, que derogó el de 1851 que había renovado a su vez el de 1753, como este se afianzó sobre el de Concilio de Constanza de 1418.Durante el franquismo, la Iglesia recobró sus prerrogativas pero no se avino a firmar un concordato hasta 1953. En 1979, poco después de aprobar la Constitución, España ratificaba el concordato, con algunas modificaciones pero manteniendo la esencia del pasado.

De ahí, el porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto siempre que el contribuyente manifieste expresamente su voluntad en la declaración correspondiente y sin perjuicio de que luego la Iglesia lo destine a pagar a medios de comunicación afines y no necesariamente a hacer efetivas las bienaventuranzas. Pero hay más, la exención de impuestos sobre inmuebles, el de la renta y el de patrimonio. Eso sí, la iglesia se comprometió entonces a buscar vías de autofinanciación para dejar de cobrar el célebre porcenjate que figura en la renta. Nunca más se supo.

La iglesia, por si no lo sabían, también está exenta de impuestos de donaciones y sucesiones, o del pago del IVA para objetos de culto. Y no sólo alcanzan a los colegios concertados sino a los planes educativos que incluirán la enseñanza de la religión católica equiparada a las demás disciplinas fundamentales, como ha consagrado definitivamente la LOMCE que ha auspiciado el ex ministro Wert sin encomendarse a Dios y al diablo. En ese célebre Concordato, ya se recogía que “la iglesia católica puede usar libremente para la enseñanza los centros universitarios públicos”.

A todo ello, claro, se suma manga ancha extrema para la inmatriculación, en su día, de miles de propiedades a precio simbólico, aprovechando la categoría notarial con que se dotó a los obispos: esta semana trascendió el informe del secretario del pleno municipal de Córdoba, asegurando que fue incontitucional la inmatriculación de la Mezquita, diez años atrás.

Cualquier paso que se ha dado hasta la fecha en la profundización de la laicidad en nuestro país se ha visto condenado a un via crucis burocrático que ha impedido la ejecución de los compromisos políticos que apostaban por una secularización de la vida pública española.

En 2013, Alfredo Pérez Rubalcaba llevó al programa del PSOE la denuncia unilateral del Concordato, un supuesto que fue puesto en cuestión porque los dos anteriores presidentes socialistas no habían movido un dedo para hacer viable esa iniciativa. Sin embargo, Pedro Sánchez volvió a esgrimir ese compromiso en su programa electoral, incororporando también otros añadidos como eliminar los símbolos y la presencia de lo religoso de la jura de los cargos y de otros actos de Estado.

Poco ha durado la alegría en la casa del pobre. En su acuerdo de investidura con Ciudadanos, el PSOE ha dado marcha atrás al primer supuesto, rechazando la ruptura de relaciones con la Santa Sede, en aras de "buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia Católica". Eso sí, en el improbable caso de que lograran formar gobierno, ambos partidos mantendrían la idea de crear una Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia, como un estatuto común para todas las confesiones. En su célebre reforma de la Constitución, a su vez, incluirían la supresión de la referencia expresa a la iglesia católica.

¿Lo permitirá la Iglesia? La Santa Sede, a través del nuncio, fue capaz de movilizar a amplios sectores de la sociedad española en contra de la sensata reforma de la Ley del Aborto que redactó el ministerio de Igualda de Bibiana Aido. En cambio, la sociedad civil no supo echarse masivamente a la calle en sentido contrario. Ignoro a ciencia cierta si hay Dios. Lo mismo está en funciones, como el Gobierno. Sin embargo, lo que no creo es que haya gente capaz de luchar por algo tan simple como que nuestras creencias se queden en casa cuando bajemos al ágora. Eso si que sería un auténtico milagro.