Por un gobierno ecologista, justo y eficaz

Álvaro Gaertner Aranda

Estudiante de Ingeniería Física en la Carl Von Ossietzky Universität, Oldenburgo, Alemania.

Herman Daly, uno de los economistas ecológicos más destacados, suele decir que hemos pasado de estar en el mundo vacío y por explorar del cowboy, en el que los recursos del planeta son prácticamente inagotables y podemos expandirnos a placer, a estar en el mundo lleno del astronauta, en el que tenemos unos recursos limitados. Con esta metáfora pretende indicar que en el ecosistema en el que vivimos hay unos límites al tamaño de la economía, que además en la actualidad ya hemos sobrepasado. Por ello, propone que las prioridades en política económica, que actualmente son el crecimiento y la eficiencia en la asignación de recursos, en primer lugar, y la distribución, en segundo lugar, deberían pasar a ser, en este orden, las siguientes:

- La definición del tamaño máximo que la economía puede tener sin caer en crecimiento antieconómico.

- La distribución de los recursos de tal manera que todo el mundo pueda satisfacer sus necesidades básicas recogidas en la Declaración de los Derechos Humanos.

- La eficiencia en la asignación de los recursos restantes.

Creo que este cambio de prioridades en la política económica es necesario, y que para que se llevase a cabo haría falta que se viese reflejado en la estructura de un gobierno que fuese, por ese orden, ecologista, justo y eficaz.

Ecologista, en primer lugar, porque la hipotética Vicepresidencia Primera de Medio Ambiente (VPMA) tendría poder para elaborar presupuestos de emisiones anuales en los que definiese los límites a la emisión de distintos tipos de contaminantes, a la producción de basura y al consumo de materiales y los distribuyese entre las distintas políticas de los distintos ministerios. Una vicepresidencia con poder para tumbar, por ejemplo, un plan director de transporte que priorizase el coche, el avión o el AVE frente al ferrocarril convencional, y hacer que cambiase su orientación hacia políticas que reduzcan la necesidad de transporte y apoyen el transporte público. Una vicepresidencia que tuviera poder para impulsar una reforma del sector eléctrico y abogase por el cierre de las centrales de carbón y las nucleares y por acabar con el oligopolio o hacer un plan para la rehabilitación del parqué de viviendas que redujese nuestro gasto de energía. En definitiva, una vicepresidencia con poder, en lugar del débil y dócil Ministerio de Medio Ambiente que tenemos ahora.

Justo, en segundo lugar, porque la hipotética Vicepresidencia Segunda de Asuntos Sociales (VSAS) tendría prioridad sobre otros ministerios, como por ejemplo el de Defensa, a la hora de recibir los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la población, haciendo que la hipotética Vicepresidencia Tercera de Economía y Hacienda (VTEH) tomara las medidas adecuadas para que, o bien la VSAS dispusiese directamente del dinero para satisfacer esas necesidades, o bien tuviera acceso a instrumentos como la banca pública que le permitiesen favorecer los proyectos que facilitasen de manera indirecta la consecución del objetivo de la distribución justa de los recursos.

Eficaz, en último lugar, porque la VTEH cumpliría con los requisitos de las otras dos vicepresidencias tratando siempre de maximizar el bienestar de la población, que es un objetivo completamente distinto a la maximización del PIB que se intenta actualmente. Por ejemplo, haciendo caso a Keynes cuando decía que el mercado podía provocar que la situación de equilibrio en la economía se diese en un punto en el que hubiera una infrautilización de los factores productivos, y por lo tanto desempleo, o cuando decía que los aumentos de la productividad permitirían que en 2030 trabajásemos solo 15 horas, la VTEH cumpliría los criterios de distribución y eficacia llevando a cabo un reparto del trabajo a través de la reducción de la jornada laboral. También, haciendo caso a Keynes, favorecería la creación directa de empleo por parte del gobierno en sectores como la dependencia, el cuidado de los montes, el transporte público, la sanidad o la educación, cumpliendo así los tres criterios simultáneamente. De igual manera, no pondría obstáculos a la realización de una reforma agraria que, aunque no respetase la propiedad privada de los terratenientes, favorecería la distribución de los recursos del campo y facilitaría la implantación de políticas de producción ecológica y los circuitos cortos, cumpliendo así los criterios de distribución y escala y el artículo 128 de la Constitución. En definitiva, el gobierno tendría una VTEH eficaz que cumpliera el objetivo principal de la economía, que no es otro que el de conseguir el mayor bienestar posible para el conjunto de la población.

La adopción de esta jerarquía por parte de los distintos gobiernos nos permitiría estar en mejores condiciones de afrontar los grandes desafíos de nuestra época, el cambio climático, la desigualdad y la pobreza. Puede que ahora mismo una transformación de esta magnitud pueda parecer difícil, ya que la necesidad del crecimiento forma parte del sentido común de buena parte de la población y de la mayoría de los políticos de nuestro país, pero si algo nos han demostrado los dos últimos años es que en la política española lo que hoy es políticamente imposible dentro de unas semanas puede ser políticamente inevitable.