Según un informe de Transparencia Internacional, en España aumenta la corrupción. La causa, dicen, es el boom inmobiliario. Esto de la construcción lo tiene todo. Los pisos son caros, malos, corre el dinero negro, se usurpan zonas verdes, se compran voluntades de políticos que recalifican a golpe de talón y con esos mismos talones se cambian, incluso, los resultados electorales (como en el caso de la Comunidad de Madrid, con los célebres Tamayo y Sáez que dieron la presidencia, en segundo vuelta, a Esperanza Aguirre).

Para colmo, los ciudadanos premian al delincuente, y alcaldes choris han sacado más votos de los que tenían. Ahora resulta que, como dice el tango: “El que no roba es un Gil”, y valga la redundancia. Produce un daño irreversible que algunos partidos políticos lleven candidatos corruptos en las listas.

El PP de Murcia, por ejemplo, se presentó a las elecciones con nada menos que 22 procesados judicialmente. Y en el Ayuntamiento de Castellón, con el señor Fabra de número tres, que tenía más de cien cuentas corrientes para desviar fondos y también procesado por trincar, sacaron mayoría absoluta. De él dijo Zaplana: “Es y seguirá siendo uno de los grandes políticos de la Comunidad Valenciana”.

Para él será un ejemplo moral, pero mal andamos si el PP no tiene a nadie más honrado que presentar.