Madrid ya no es la “ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas)” del amargo poema de Dámaso Alonso. Pero el centro de Madrid (como el de Barcelona, Sevilla y otras muchas ciudades) vio ayer desfilar por sus calles a miles de familiares de víctimas del franquismo. Portaban los retratos de padres fusilados o madres desaparecidas cuyos cadáveres no han conseguido recuperar. Todas las voces se unieron en un clamor final: “No a la impunidad”.

Se equivoca Mariano Rajoy si entiende estas manifestaciones como “una brutal campaña contra el Tribunal Supremo”. Está ciego el Supremo si a su vez interpreta, como Rajoy, que se trata de “presiones antidemocráticas” contra la independencia judicial. Lo que ayer caló en el aire templado de esta primavera agria fue el grito del sentido común y de la dignidad de quienes no reclaman venganza, sino justicia. ¿Tanto cuesta entender que lo antidemocrático (e inmoral) es calificar de prevaricación el intento de un juez (cualquier juez) de ayudar a unos nietos a recuperar los huesos de sus abuelos? Si la técnica jurídica permite apoyar a los herederos de los verdugos e ignorar la dignidad de las víctimas, entonces la justicia pierde su finalidad ética. Dice Felipe González (poco sospechoso de admirar a Garzón) que “lo que no se puede explicar no puede ser justo”. Y el proceso a Garzón es “inexplicable”. Porque atenta contra el sentido común.