Dicen que las pensiones han entrado en campaña, y lo han hecho gracias a Daniel Lacalle, el gurú económico de Pablo Casado, que como el escorpión de la fábula lleva la gestión de fondos –privados obviamente- en su naturaleza. El caso es que Lacalle se ha metido en un jardín amazónico con una entrevista en la que parece sugerir que la solución a las pensiones es recortarlas entre un 20% y un 40%, aunque luego ha reculado para decir que lo que él defiende es el modelo sueco, un mix público-privado que aplicado directamente a España supondría meter un tajo a los futuros jubilados del 40%. Se agradece la precisión.

Resulta difícil de entender en cualquier caso que en un país con 9,71 millones de pasivos, o si se prefiere el 26% del electorado, el asunto de las pensiones no estuviera en la mesa de la campaña como un florero perpetuo, pero se ve que hay temas más importantes como el derecho a portar armas al ir a pasear el perro, el aborto neandertal, o el estado de sitio en Cataluña porque el de excepción se queda pequeño.

Entre las promesas de revalorización con el IPC que algunos prometen -y que posiblemente incumplan- y los ardides de otros para disimular su intención de mutilar las prestaciones, la sociedad exige un debate a fondo que conjure el miedo que se ha instalado entre los futuros beneficiarios del sistema, a los que en los últimos años se les ha pedido que se resignen y disfruten mientras puedan de las vistas del apocalipsis. Ese es el horizonte que hoy contempla cualquiera que se asome al agujero anual de 18.000 millones que arroja la Seguridad Social, contra la que -como alguna vez se ha dicho aquí- se ha cometido un crimen que se nos ha presentado como un vulgar accidente.

No ayuda en absoluto la desidia de unos políticos que tiraron por la borda dos años de trabajo de la comisión del Pacto de Toledo y, con la excusa del adelanto electoral, fueron incapaces de sacar adelante sus recomendaciones. Aplazar lo inaplazable es un disparate, como lo es mantener en penumbra un asunto sobre el que todos deben retratarse para comprobar si sus recetas son asumibles, amargan o están sacadas directamente del cuento de la lechera.

La gente tiene derecho a saber primero cómo se ha llegado a la situación actual y a pedir responsabilidades por una estrategia deliberada de desvalijamiento de la Seguridad Social, resultado obvio de aminorar sus ingresos y multiplicar sus desembolsos. Se vació la hucha de las pensiones, que en sus mejores momentos ofreció réditos de hasta 3.000 millones anuales; se obligó al sistema a financiar las regalías gubernamentales, desde bonificaciones a empresas a tarifas planas de cotización; se trasladaron a sus cuentas quebrantos que no le pertenecían para que otros organismos públicos como el de Empleo cuadraran sus balances; y se aderezó el cóctel con una devaluación salarial que ha impedido que el aumento de cotizantes aporte mayores ingresos. Mienten quienes explican que todo ello fue causa de la crisis porque en sus años más duros y virulentos ni hubo déficit ni fue necesario recurrir a las reservas.

A partir de aquí, urge conocer si lo planteado hasta el momento, tal que liberar a la Seguridad Social de gastos que no le corresponden, redistribuir los porcentajes de las cotizaciones sociales, ampliar el cálculo de la pensión a toda la vida laboral, acercar la edad real de jubilación a la edad legal, financiar vía impuestos determinadas prestaciones, obligar a los autónomos a cotizar por sus ingresos reales o hacer que los robots paguen impuestos, entre otras medidas, es suficiente para reequilibrar las cuentas.

Finalmente, los partidos están obligados a ofrecer sus alternativas, porque lo que no se puede pretender es que asistamos a un bombardeo constante sobre la supuesta quiebra y a escuchar esas predicciones geriátricas de 2050, donde se nos dice que seremos el país más viejo del mundo tras Japón con 77 pensionistas por cada 100 habitantes, sin que nos echemos a temblar. Dígase si es inevitable suscribir un plan de pensiones privado como plantea Lacalle y nuestros benefactores de la banca y si tendremos que resignarnos a malvivir con pensiones de miseria. Explíquese por qué se demoniza a la inmigración, cuando posiblemente esté en sus manos y en sus aportaciones una de las salidas del laberinto. Detállese cómo se piensa dar un impulso a los salarios, cómo se pretende fomentar la natalidad más allá de obligar a las mujeres a ver ecografías semanales o qué impuestos hay que aumentar para sostener el sistema. Y hágase todo ello sin infantilizarnos, sin edulcorarlo, sin tomarnos por idiotas.