Por si alguien, aún no lo tenia claro, la abogado del Estado, en representación del Gobierno, ha dicho, alto y claro, que el lema “Hacienda somos todos es solo publicidad” porque debe circunscribirse “al ámbito para el que fue creado: el de la publicidad, exclusivamente como forma de concienciación al país”. Agradezco las palabras, a este respecto, del Juez Castro: “Que Hacienda no somos todos se temía, que lo digan en la cara es una falta de respeto”.

Oyendo las afirmaciones de la representante del Gobierno, la abogada del Estado, Dolores Ripoll, uno se pregunta ¿tendremos que felicitar y admirar a los delincuentes fiscales? Antes del Gobierno de Rajoy, y de su mayoría absoluta, la ley establecía que defraudar más de 120.000 euros a la Hacienda Pública era delito, por lo que se condenaba a penas de prisión de 1 a 5 años y a multas del tanto al séxtuplo de la cantidad defraudada, según constaba en el artículo 305.1 del Código Penal. El imputado debía permanecer sentado en el “banquillo” durante todo el juicio. Con el Partido Popular y esa querencia que tiene por los delincuentes fiscales ya que antes de los 100 días de gobierno, el periodo simbólico que suele ser el margen que se da para evaluar la gestión política ya habían aprobado una amnistía fiscal para aquellos que quisieron regularizar la situación de sus rentas no declaradas, a través de un gravamen del 10%. Uno de los que se acogió a esta amnistía fue Rodrigo Rato, ex vicepresidente económico del Gobierno del Partido Popular, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y ex director de Bankia, acusado de corrupción, blanqueo y fraude fiscal.

Querencia que ha continuado durante la legislatura “dictatorial” de Mariano Rajoy, ya que poco después de anunciar esta amnistía fiscal el ministro Montoro presentó, lo que llamó, “medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas” rebajando aún más la penalización. En vez de un 10% de todo el dinero sin declarar Rajoy lo dejó en el 10% de los intereses que hubiere generado ese dinero negro durante los últimos tres años. El defraudador gana, el “pringao” pierde ya que los defraudadores solo pagaron al fisco una media de un 3%... los “pringaos” pagamos, con el IVA, por una barra de pan el 4%.

Hasta modificaron la Ley Orgánica del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal para que quienes cometan fraudes, con el nuevo artículo 305.6, se les permitirá “comprar” su práctica impunidad “en el caso de verse descubiertos” y a un precio de saldo pagando su deuda tributaria más una multa que estará por debajo de la cifra defraudada y, por supuesto, podrán eludir la pena de prisión ya que quedará por debajo de seis meses o, como mucho, de un año. Y si esto fuera poco, el defraudador tendrá dos meses para decidir si paga, y elude la cárcel, desde que es citado como “imputado”. Ha leído bien, no desde que cometió los hechos, ni desde que fue descubierto, ni desde que se inició el procedimiento penal… podrá decidir tras dos meses después que le citen para declarar en el Juzgado como “imputado”. De esta manera el Gobierno de Rajoy, Partido Popular, ha blindado legalmente a los delincuentes fiscales para que no pisen jamás la prisión.

Y mientras el Gobierno de Rajoy pone la maquinaria gubernamental al servicio de la impunidad de los defraudadores, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda alerta sobre la falta de voluntad política en la lucha contra el fraude fiscal siento España el país europeo con menos recursos humanos dedicados a la lucha contra el fraude, recuerdan que la Constitución Española, en su artículo 31, establece que todos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, por lo que no se puede decir que es un eslogan, sino un mandato que debe llevarse a efecto. Técnicos, del Ministerio de Hacienda, que han reprochado a la Agencia Tributaria que no acuse a la Infanta Cristina, a través de la Abogacía del Estado, como cooperadora necesaria de dos delitos contra la Hacienda Pública, tal como recogen los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria. Según los Técnicos, hay suficientes indicios de que la Infanta y la mujer de Torres podrían haber cooperado en la comisión de estos posibles delitos fiscales dado que formaron parte de las sociedades utilizadas por sus maridos para defraudar en el impuesto de la renta. Además lamentan que la Agencia Tributaria se aparte de los informes de los peritos que consideraron que las sociedades satélites fueron constituidas para vaciar de fondos el Instituto Noos eran entidades sin estructura, en las que las esposas de Torres y Urdangarín eran socias al 50% con sus maridos. Estas empresas fantasmas habrían servido para ocultar las rentas obtenidas por sus maridos y defraudar a Hacienda.

También la Constitución recoge en su art. 14 que los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento. ¿Es éste otro eslogan? Porque no entendemos como la Abogada del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, y la Fiscalía actúan como abogados defensores de la imputada, a la que se acusa de ser colaboradora necesaria en un delito contra la Hacienda Pública, cuando deberían actuar como acusadores públicos que es por lo que reciben el pago del Estado, o sea, de todos los contribuyentes, o sea, los “pringaos”. Están contribuyendo a socavar, aún más, la debilitada confianza de los españoles en las instituciones. Y es que no se explica que sea la misma Fiscalía la que considera que la Infanta Cristina, bien formada y asesorada, no sabía lo que firmaba y pide que no sea imputada mientras no ve engaños en la venta de preferentes y considera que ancianos de entre 70 y 90 años, sin apenas estudios, sabían perfectamente lo que firmaban.

Llegados a este punto, permítanme una pregunta: ¿influirá en esas actuaciones la llamada productividad? El sueldo de un funcionario público se compone de tres partes: sueldo base y antigüedad, complemento específico y de destino y complemento de productividad. El complemento de productividad se creó en el año 1984 como complemento retributivo destinado a remunerar un concepto tan importante como escurridizo “el especial rendimiento, la actividad y la dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar el resultado del mismo” Con parámetros objetivos es prácticamente imposible valorar la cuantía porque hablamos de actividades que, en la mayoría de los casos, no son cuantificables. Veamos unos ejemplos que se encuentran en la hemeroteca: “Hacienda doble el plus de productividad a los inspectores para combatir el fraude” que, según relata la noticia, puede ascender en el caso de los Inspectores a un plus de 11.000 euros en una año, a través de dos pagas de 5.500 euros, y en el caso de los subinspectores a más de 5.000 euros anuales. Otra noticia: “Montoro pagó sobresueldos, entre sus cargos de libre designación, en forma de complementos de productividad que rozaron los 52.000 euros entre enero y noviembre de 2012”. En octubre de 2013: “los altos cargos de Fomento han recibido 1.200 euros en “gratificaciones extraordinarias” que aparecen en los complementos de productividad otorgados durante los meses de julio a septiembre”… hagan números… En mayo de 2012: “El plus de productividad de los altos cargos, en la Junta, es cinco veces mayor que el de los funcionarios”, por media un alto cargo o asesor cobra 1.193 euros frente a los 250 euros de media que percibe un funcionario en concepto de productividad. En mayo de 2015: “la despedida de Rita Barberá: 700.000 euros para funcionarios por productividad”… la lectura está clara.

Los sindicatos han denunciado en múltiples ocasiones que el complemento de productividad suele emplearse de manera “arbitraria, injusta y sin fundamentación” porque los criterios para su aplicación deben ser “objetivos”, esto es, sin tener en cuenta consideraciones ideológicas, de partidos, sindicales o de afinidad personal, en definitiva hablamos de aplicar un criterio objetivo para un complemento subjetivo… la interpretación está servida. Queda claro que la productividad es “digital”, o sea, se aplica “a dedo”, luego es tremendamente subjetiva… pero seguro que nos despejará algunas incógnitas.

Finalmente si, según la Abogada del Estado, “Hacienda somos todos” es una afirmación publicitaria, sin valor alguno, entendemos que el Estado ha realizado publicidad engañosa. Según el Código Penal art. 287.2 la consideración de que el delito publicitario, por su propia estructura y naturaleza, afecte a una pluralidad de personas, el grupo de consumidores a los que se destine el mensaje publicitario engañoso, lo convierte en un delito perseguible de oficio…Como decimos los “pringaos” esto es la pescadilla que se muerde la cola.

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