Hay que cerrar los CIES

Lorena Ruíz-Huerta (@LorenaRuiz_H)

Diputada de la Asamblea de Madrid por Podemos

El pasado 18 de octubre, más de 30 personas internadas en el CIE de Aluche en Madrid protagonizaron una sonada protesta para rechazar las malas condiciones de su internamiento y exigir su puesta en libertad. Al parecer, algunas de estas personas estaban enfermas y no habían recibido la atención médica adecuada, y aunque intentaron ponerse en contacto con las autoridades del CIE, éstas no les dieron respuesta. Durante el desarrollo de la protesta, se produjeron varios intentos de negociación con las autoridades pertinentes que aseguraron no habría represalias por las protestas y que sus demandas serían atendidas.

Al día siguiente, una vez disuelta la protesta y según el testimonio de los internos, las autoridades impidieron a cuantos habían participado en la misma cualquier comunicación con el exterior; les mantuvieron aislados en sus celdas durante todo el día; no les dieron casi alimentos y algunos fueron víctimas de malos tratos y vejaciones. A uno de ellos, según dicho testimonio, le obligaron a mantenerse de rodillas durante todo el día mientras era agredido. Otros fueron encerrados en una habitación, obligados a sentarse en fila mientras recibían golpes. Otra persona afirma haber escuchado golpes, exclamaciones y a un policía gritar: -¡Aquí, que no hay cámaras!-. Algunas de estas personas tienen contusiones, grandes hematomas e incluso uno de ellos cojea visiblemente.

Estos hechos, denunciados el pasado 21 de octubre por las organizaciones SOS Racismo Madrid y la Asociación Coordinadora de Barrios de Madrid, fueron conocidos gracias a que voluntarios de estas y otras organizaciones, pudieron entrevistarse a lo largo del día 20 de octubre con los internos en el CIE en los locutorios, como si fueran sus familiares. Pero a ninguna de estas organizaciones, ni a ninguno de los representantes públicos que estuvimos presentes durante la protesta y al día siguiente (concejales, diputadas y diputados, y senadoras), se nos permitió entrar en ningún momento en el CIE. Tampoco se consintió que formásemos parte del equipo negociador, ni se permitió entrar al SAMUR por si había alguna emergencia sanitaria. Tampoco se nos facilitó información sobre lo que allí estaba sucediendo.

Desde la acera, quienes permanecimos concentrados durante la noche del 19 de Octubre, escuchábamos los gritos desgarrados de protesta de las personas que habían conseguido encerrarse en la azotea del CIE, cuyas siluetas vislumbrábamos empapadas bajo la lluvia: -¡Aquí hay mucha injusticia! ¡Nos tratan como a perros! ¡Queremos libertad!-. Ante la impotencia de la situación, en la que –como he dicho- no se nos permitió acceder al interior del CIE, decidimos permanecer allí para ayudar con nuestra presencia vigilante (y la de los medios de comunicación) a que no se produjera un temido desenlace violento.

Pero otro temor circulaba de boca en boca en los corrillos de gente que se apretaba bajo los escasos paraguas que había aquella noche: el miedo a las represalias: -“Quizá esta noche no les dispersen por la fuerza, quizá no haya agresiones delante de incómodos testigos. Pero, ¿qué pasará mañana en el interior del CIE, cuando estén a salvo de miradas externas?”- nos preguntábamos. La respuesta la obtuvimos dos días después, al conocer el contenido de la denuncia interpuesta por las referidas organizaciones de derechos humanos.

Aquella noche me vino a la memoria el caso de JHLR, el interno en el CIE de Aluche que en 2009 denunció una brutal paliza por negarse a subir al avión en el que le iban a deportar. El caso de JHLR quedó reflejado en el informe CEAR Situación de los centros de internamiento en España, publicado en 2009. Aquel informe describía un CIE de Aluche -edificado sobre los terrenos en que se asentaba la antigua enfermería de la cárcel de Carabanchel– que poco o nada ha cambiado desde que se inaugurara en el año 2005. El informe señalaba que, en marzo de 2006, hubo una huelga de hambre con altercados e intervención de la policía antidisturbios; en noviembre de 2007, 30 internas denunciaron en una carta pública problemas de falta de calefacción y frío, de hambre y comida con pelos y gusanos, de atención médica deficiente, de trato vejatorio e inhumano, de maltratos en los calabozos por la noche; en 2008, se denunciaron malos tratos y vejaciones a la organización Ferrocarril Clandestino, que en 2009 se denunciaron malos tratos en los procesos de traslado al aeropuerto de Barajas y en las dependencias policiales del aeropuerto.

El caso de JHLR -en cuya defensa jurídica tuve la ocasión de participar- fue el de un ciudadano de Ecuador que llevaba 8 años en España, casado con una mujer que también vivía en nuestro país. A pesar de su situación de arraigo, lo internaron en el CIE, y un día a las cinco de la madrugada, mientras dormía, entraron en la celda a buscarle y, sin dejarle coger nada, se lo llevaron “en calzoneta y con chanclas”. Ya en el aeropuerto, pidió llamar a su mujer por teléfono para despedirse y que le llevara sus cosas, y aseguró que entonces no tendría problema en subirse al avión porque ya estaba “harto del mal trato recibido en España”. Pero, al no ser atendida su petición, se negó a subir al avión. Le llevaron de vuelta al CIE de Aluche y, según contó, le golpearon durante todo el camino de regreso. Al poco de llegar al CIE le trasladaron hasta la sala de lavandería, sin cámaras de seguridad y, según aseguró, un policía se puso unos guantes azules de látex y le pegó una paliza brutal con puñetazos en la cara y en el cuerpo hasta que cayó al suelo. Ya tendido, el oficial le propinó patadas hasta que le quebró el brazo mientras estaba “hecho un ovillo” para protegerse. Le dijo después: -“Esto que te ha pasado, quiero que se lo cuentes a tus compañeros para ver cuál es el próximo que se niega a viajar. Tengo 16 días para mandarte de vuelta, y te mandaré vivo o muerto”-.

El caso de JHLR fue archivado definitivamente en 2013 por la Audiencia Provincial de Madrid, sección 4ª, a pesar de nuestros intentos por que se investigaran los hechos expuestos, recogidos oportunamente en un parte médico de lesiones. Fue un Auto vergonzante en el que -como decía el abogado Gonzalo Boye en su artículo Ciutat Morta, justicia desaparecida- “los jueces se limitaron a dar forma de sentencia a un atestado policial, técnica muy usada por algunos jueces que confunden su misión de impartir justicia con la de servir al poder establecido”.

La memoria de casos como el de JHLP, o el de los hechos que relata el documental Ciutat Morta, hacen difícil confiar en que esta vez vaya a ser diferente, y de verdad se vaya a hacer justicia. El problema no es (o no es solo) que se castigue a los culpables, sino simplemente lograr que se lleve a cabo una investigación independiente y veraz.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ha condenado a España en nueve ocasiones por no investigar suficientemente las denuncias por malos tratos y tortura formulados por personas privadas de libertad, y ha recordado la necesidad de que España siga las recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura de la ONU.

Las torturas y malos tratos en los CIES (o en cualquier otro espacio de detención), son difíciles de demostrar y de perseguir por su propia naturaleza, ya que se producen en lugares opacos, o incluso secretos, que pertenecen al ámbito del poder punitivo del Estado. Además, en ocasiones, pueden emplearse técnicas capaces de generar aflicción sin dejar huellas; y otras veces tratos psicológicamente vejatorios, difíciles de detectar en un simple reconocimiento médico. En última instancia, quien decide denunciar los malos tratos corre el riesgo de ser inmediatamente deportado, con la consiguiente desaparición de la prueba principal de la investigación, como ha señalado el propio juez de control del CÍE de Aluche, Ramiro García de Dios.

A ello hay que añadir los argumentos oficiales exculpatorios que mantienen las instituciones policiales para negar la existencia de torturas y/o tratos inhumanos o degradantes, como las “autolesiones” de las personas detenidas, o el “uso proporcional y necesario de la fuerza” durante la detención. El Relator Especial de Naciones Unidas señaló en reciente visita a España que “existe cierta reticencia a discutir la incidencia y la extensión de la práctica de la tortura en España, en la medida en que ésta se ha convertido en un problema de elevado contenido político”. No obstante, el artículo 15 de la Constitución Española es claro cuando prohíbe que se pueda someter a nadie a penas o a tratos inhumanos o degradantes, y la doctrina considera que la tortura y los malos tratos son “nociones graduadas de una misma escala”.

Decía Francisco Tomás y Valiente que “el problema de la tortura y los malos tratos es el límite del poder político”. Para renunciar a este tipo de prácticas, es preciso que el Estado reconozca que por encima de la eficacia represiva para la consecución de sus objetivos políticos (conseguir deportar a inmigrantes irregulares, averiguar quien fue autor de un delito, etc.) hay otros valores. Pero ¿está el Estado decidido a renunciar a ello para siempre en favor de la supremacía de esos otros valores como la integridad física o la vida?

Mientras se resuelve este dilema, nos queda seguir denunciando que los CIES son espacios de vulneración de derechos de las personas inmigrantes, que vienen a nuestro país huyendo de la guerra y la miseria, en busca de un futuro mejor, y cuyo único delito es no tener papeles. Por eso pedimos el cierre de todos los CIES del Estado, espacios de opacidad y vulneración de derechos incompatibles con un Estado que se dice democrático y de Derecho.