El caso Gescartera puso de relieve una figura poco conocida fuera del ámbito eclesial, la del ecónomo, que es la persona encargada de administrar los bienes de una diócesis. ENRIQUE PERALTA, ecónomo de Valladolid, tuvo sus quince minutos de gloria (o de infierno, según se mire) cuando salieron a la luz pública las relaciones que había mantenido con la agencia de valores. Peralta le confió a ANTONIO CAMACHO 1.100 millones de pesetas para que se los invirtiera en bolsa, pero no perdió su dinero porque lo retiró casi todo justo antes de que estallara el escándalo. Nunca quedó claro si los ahorros del arzobispado se salvaron gracias a que el ecónomo era un lince, a la inspiración divina o a un providencial aviso.

La diócesis de Valladolid no fue, sin embargo, la única entidad religiosa que puso sus esperanzas en Gescatera, según ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso. En calidad de perjudicados, aparecen una veintena de clientes relacionados con la Iglesia, que en conjunto perdieron alrededor de nueve millones de euros: un 10% del agujero patrimonial íntegro de la agencia. Esa cantidad, aunque modesta en comparación con la que se jugaron otros, les infligió un imprevisto quebranto, del que difícilmente podrán recuperarse a corto plazo, a pesar de que algunas entidades financieras (la Caixa, Caja Madrid) hayan sido declaradas responsables civiles subsidiarias.

Las Esclavas del Divino Corazón, la Hermandad de Escuelas Cristianas de La Salle, las Hijas de María Auxiliadora, la Orden Filipense de Misioneras de España, la Orden de San Agustín, los Franciscanos Menores, las Reverendas Madres Dominicas… forman parte de una lista en la que hay también otras diócesis, parroquias y organizaciones de obediencia católica como la ONG Manos Unidas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Su devoción por Gescartera solía nacer del boca a oreja: un cliente satisfecho le hablaba a otro de los pingües beneficios obtenidos, éste probaba, le iba bien, recomendaba la agencia a un tercero y así sucesivamente hasta que, por la fraudulenta gestión de Camacho, el castillo de naipes se vino abajo.

Aquella experiencia sirvió de escarmiento. Desde entonces, las inversiones de la Iglesia se rigen por criterios más conservadores, aunque tenga conformarse con rentabilidades menores de las que Gescartera prometía. Ello no obsta para que intente exprimir todas las ventajas que le legalidad vigente pone a su alcance. Uno de los instrumentos que utilizan son las sicav, el mismo al que recurre los ricos para maximizar fiscalmente los rendimientos de sus inversiones, ya que de esta forma tributan sólo al 1%. La Iglesia tiene tres sicav conocidas: Umages, gestionada por Caja Madrid; Vayomer (Santander), y BI Gran Premiere (Banco Espirito Santo). Juntas mueven unos dieciocho millones de euros.