Se ha construido en torno a Eduardo Zaplana un amplio consenso para pedir a la Justicia que no prolongue más su prisión preventiva, de manera que pueda seguir desde su domicilio el tratamiento contra la leucemia que padece. De Aznar a Otegi, de Ximo Puig a Pablo Iglesias, políticos de todas las tendencias aducen razones humanitarias y de dignidad personal para apoyar las sucesivas peticiones de excarcelación de su defensa, basadas en testimonios de prestigiosos especialistas que alertan del grave riesgo que representa para su vida su estancia en la cárcel. Inconmovibles, la jueza que instruye su caso, la fiscalía y la propia Audiencia provincial no han modificado su criterio de mantener entre rejas al exministro, ingresado desde hace unos días en aislamiento en un hospital valenciano.

Como no parece probable que tanto a jueces y fiscales se les haya helado el corazón hasta el punto de ser insensibles con el padecimiento de Zaplana, es lógico suponer que su empecinamiento se fundamenta en razones médicas –los forenses no ven peligro porque sea tratado en prisión-, procedimentales –se estima que fuera de la cárcel aún podría destruir pruebas y obstaculizar la investigación- y hasta empíricas, tras observar que, antes de ser detenido y pese a recaer de su dolencia, el expresidente valenciano no alteró su intensa agenda profesional y social plagada de viajes. “No hace falta ser licenciado en Medicina ni tener una titulación de carácter sanitario para conocer que tanto los aeropuertos y estaciones como los aviones, trenes, restaurantes y reuniones sociales numerosas no propician en absoluto ese medio con ausencia de gérmenes patógenos que se pretende hacer ver que el recurrente necesita de forma inexcusable para hacer su estado de salud compatible con la vida. Antes el contrario”. Así se expresaba la Audiencia de Valencia en junio para rechazar su puesta en libertad.

Hay que concluir, en consecuencia, que la Justicia no se fía de Zaplana y cree que todo es un farol para eludir la cárcel. Se trata de una apuesta muy arriesgada porque nada asegura que no existan complicaciones en una enfermedad que tiene una elevadísima tasa de mortalidad. Si lamentablemente se produjera un desenlace fatal no habría defensa posible para los responsables de haber mantenido caprichosamente su reclusión.

No parece además que se den los criterios para prolongar la prisión incondicional. Ni el riesgo de fuga está suficientemente acreditado en alguien que requiere un tratamiento constante y que podría ser vigilado telemáticamente; ni puede colegirse que en la calle destruiría pruebas, toda vez que ya están en marcha los trámites para que se remita información de sus actividades presuntamente delictivas desde Panamá, Uruguay y Luxemburgo, que es donde se presume que ocultaba sus mordidas; ni es imaginable en su estado una reiteración en sus delitos.

Es verdad que a Zaplana no le ayudan los criterios salvajes que impuso el PP con su instrucción 3/2017 de Instituciones Penitenciarias, según la cual la puesta en libertad de enfermos terminales sólo debe decretarse cuando exista un “peligro patente” para la vida del enfermo, entendido éste como una certeza de que el fallecimiento es previsible a muy corto plazo. El entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, estimó que ese plazo era de dos meses, como si por ciencia infusa fuera posible determinar el día y la hora en el que un preso va a morir.

Esta normativa cruel y deshumanizada, pensada especialmente para internos de ETA, es contraria a los principios de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y de la propia ley española, que no exige que un preso enfermo cumpla estos requisitos de “terminalidad” para facilitar su salida de prisión o su paso a un régimen más flexible para el cumplimento de su pena.

Al exministro se le acusa de la comisión de varios delitos, entre ellos los de blanqueo, malversación, cohecho, prevaricación, fraude, tráfico de influencias y asociación ilícita, para ocultar comisiones ilegales que le habrían reportado cerca de 10 millones de euros y que habría escondido en varios paraísos fiscales. Tras siete meses en la cárcel, no es discutible ni su deterioro físico ni sus problemas médicos sobrevenidos por el rechazo al trasplante de médula ósea al que fue sometido para tratar la leucemia. La dignidad que debe garantizarse a cualquier interno no se compadece con su permanencia en prisión.