El Estado indemniza

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia reconociendo que el Estado español no protegió a la hija de Ángela González, de 7 años, a la que su padre asesinó cuando disfrutaba del régimen de visitas sin vigilancia impuesto por el juzgado. Los medios de comunicación se han hecho eco de una resolución que interrumpe, al fin, la larga tradición de indiferencia y hasta desprecio con que nuestras instituciones tratan los casos de violencia machista.

Así las informaciones dicen: "Tras 15 años de lucha judicial, primero intentando proteger a su hija de su padre maltratador y luego exigiendo responsabilidad al Estado por su asesinato, Ángela González Carreño ha encontrado justicia. Y ella dice que está muy contenta por ello. La sentencia ordena al Estado a indemnizar a la madre con 600.000 euros por daños morales"

Por daños morales. ¿Cuántos son esos daños? ¿Es suficiente esa indemnización para compensar la pérdida de una hija? ¿Cuánto vale una niña? ¿Cuánto vale el dolor de una madre? ¿Cuánto luchó esa madre para impedir el asesinato y cuánto vale esa inversión de tiempo, de energías, de esperanzas, de angustias?

Ángela presentó 51 denuncias ante el juzgado que entendió del proceso de maltrato, por el que había sido condenado su ex marido, pidiendo que no se permitiera que las visitas a la hija se hicieran sin supervisión. Ángela pasó tres años llamando a todas las instancias judiciales semanalmente –3 años, cada semana—, alertando de lo que sucedería si le obligaban a dejar a su hija a solas con el padre. Finalmente, la jueza titular del juzgado número 1 de Navalcarnero le obligó a acatar un régimen de visitas que incluía el encuentro de padre e hija sin vigilancia. Y tal como había avisado Ángela con desespero, él la mató. La niña tenía 7 años y había repetido una y otra vez que no quería ir con su padre.

Las reclamaciones a la justicia española no fueron atendidas. Los sucesivos jueces y magistrados que entendieron el asunto consideraron que su colega no había fallado en nada. La omertá en el seno del poder judicial funciona siempre. Cuando todas las instancias españolas se manifestaron en contra de Ángela, el Consejo del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo, que además la obligó a pagar las costas, incluyendo al Tribunal Constitucional que no consideró merecedor de amparo su caso, la madre tuvo que recurrir a las instancias internacionales.

La organización Women’s Link defendió a Ángela ante Naciones Unidas, en el Comité de No Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) que consideró en 2014 que el Estado no había protegido adecuadamente a la niña Andrea. Dictaminó que “el Estado [español] ha infringido los derechos de la autora [González Carreño] y su hija fallecida”. Asimismo, conminaba al Estado a “otorgar a la autora una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la conculcación de sus derechos”. Por otra parte, indicaba que se debía “llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial” sobre lo sucedido.

Nada de ello se realizó. El ministro de Justicia Rafael Catalá se atrevió a declarar públicamente que las resoluciones de la CEDAW no obligaban a España. Ángela tuvo que volver a recorrer todo el calvario de las instancias judiciales hasta llegar al Supremo para que se reconociera la responsabilidad patrimonial del Estado. Ángela González declara:

"No debería dejarse decidir a un juez, sino imponerlo con una ley. Porque hay jueces y jueces, y juezas y juezas… Debe ser una imposición por ley, no se les debe dejar pensar porque cada uno tiene una ideología y ve las cosas a su manera".

–Hay que prestar protección a las víctimas, a las mujeres, y destierro a los maltratadores. Ellos son los que deben irse, y no las mujeres. Una mujer no puede salir a la calle mirando a todos lados para ver si está el maltratador, si la sigue… ¿Por qué el resto de asesinos sale en televisión y un asesino por violencia de género sale con el rostro oculto? Va a estar en la cárcel 5 o 7 años, y cuando salga lo volverá a hacer. No les conocemos, hay que conocer a los asesinos y reconocerlos como asesinos, como los de ETA, como el resto de asesinos. Hay que comparar los asesinatos por violencia de género con el resto de asesinatos. Que una mujer asesinada tenga el mismo valor que otras víctimas.”

Y exigir responsabilidad al poder judicial en cuyas resoluciones se dirime la vida y la muerte de las impotentes víctimas.

Porque ahora el Estado debe pagar 600.000 euros a Ángela, y yo estoy muy contenta de que mi parte alícuota de impuestos vaya a ese fin, pero la jueza del juzgado de instrucción nº 1 de Navalcarnero que permitió el asesinato de Andrea no ha recibido sanción alguna, no ha indemnizado a la madre de la niña asesinada, no se le ha abierto expediente ni inhabilitado para administrar justicia cuando es evidente que es incapaz de poder cumplir con la enorme responsabilidad de administrar justicia.

La famosa Ley de Violencia de Género no contempla exigir responsabilidad alguna a los operadores jurídicos por los errores o dejación de su obligación de tutelar eficazmente a quienes reclaman su protección. Dejación que tiene consecuencias mucho más terribles que los actos de otros funcionarios.

Ángela González Carreño ha luchado durante 15 años para que se hiciera una parte de la justicia que le debían, pero desde el día en que el padre asesinó a Andrea, otras muchas madres han vivido un infierno igual. Han padecido impotentes que sus hijos fueran asesinados por hombres monstruosos que aprovechan las visitas impuestas por los juzgados para disponer impunemente de sus víctimas. Y nadie paga por ello.

Ni los legisladores consideran que tiene que modificarse la ley ante su estrepitoso fracaso ni se implantan medidas de protección eficaces para impedir nuevos parricidios.

El Estado Español es el mejor mantenedor del Patriarcado.