Decía Orwell que, llegados al punto donde no se puede caer más bajo, la reformulación de lo obvio es la primera obligación de cualquier persona inteligente. La reflexión hace referencia a la verdad en política, que a menudo son dos conceptos antagónicos. La verdad no debería ser un dogma en el que creer, como a menudo se nos presenta, sino la inferencia que se hace de lo que realmente ocurre. Los hechos son, en definitiva, los únicos indicadores de la verdad, los que dan y quitan razones, la única brújula posible.

En el asunto de Cataluña los dogmas se han instalado en las dos orillas del Ebro. No es preciso extenderse mucho. De un lado, está la Arcadia independentista, un paraíso de los derechos humanos con fuentes públicas de las que, en su día, manarán leche y miel sin temor a la diabetes cuando España ya no robe. De otro, la nación más antigua de Europa y quizás de la galaxia que no se doblega ante el desafío de unos sediciosos (o rebeldes) y que hace cumplir la ley -o la regatea cuando lo necesita- porque es el fundamento de su armónica convivencia democrática.

Frente a estas dos grandes mentiras circulan los hechos como los sinuosos meandros de un río. La verdad que se refleja en sus aguas es el de una sociedad –la catalana- partida en dos y de un conflicto identitario que difícilmente será resuelto si nadie lo intenta. A quienes en los últimos tiempos han pretendido acercar posturas y se han salido de las lindes marcadas se les ha tachado de equidistantes, cuando no de traidores, especialmente si se han atrevido a afirmar que la independencia amable y por las buenas es tan imposible como pretender sofocar el fuego con bidones de gasolina españolista o con castigos bíblicos dictados por el Tribunal Supremo.

Como un equidistante más, irrumpía este martes Zapatero en el debate con una obviedad gigantesca y con un deseo personal. A saber: está a favor de que el Gobierno estudie indultar a los líderes del procés en el caso de que sean condenados y lo soliciten, y confía en que el fallo judicial no haga imposible el diálogo posterior. Lo primero es elemental, en la medida en que el Ejecutivo está obligado, o al menos el ministro de Justicia, a estudiar esta gracia si lo solicitan “los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación”. Lo segundo es un brindis al sol que algunos han interpretado como una intolerable intromisión en la independencia judicial, que seguro que se ve alterada porque Zapatero diga asno o bestia.

Reformulando lo obvio, y como advertencia a los enquistados, podría apuntarse que el indulto ni siquiera debe ser justo para ser necesario. Y esto es así porque lo que se ha juzgado en realidad no son los presuntos delitos cometidos por un puñado de dirigentes sino el sentimiento de dos millones de personas, muchas de las cuales en su vida cotidiana ya se han independizado de España por la simple indiferencia ante todo lo que proviene de Madrid. No se trata, en consecuencia, de consentir que unos delincuentes se vayan de rositas sino de asfaltar el camino de una cierta reconciliación y de volver a poner en marcha un proyecto compartido con todas las dificultades que ello entraña. Los indultos, que cualquier Gobierno de España, sea del signo que sea, terminará abordando pese al altisonante rechazo que algunos manifiestan ahora, son los pilares de un puente que necesariamente habrá que construir para facilitar el encuentro.

Reformular lo obvio es también reconocer que es imposible ganar sin que el otro pierda y que nadie en su sano juicio asentaría la convivencia sobre la derrota humillante del contrario. Más que una verdad es simple sentido común, un signo de inteligencia que hasta Zapatero puede exhibir aunque sus detractores lo pongan en duda por pura estupidez.