Siente Margallo una pasión muy comprensible por las infantas de España y ello explica su alegría de ayer por la desimputación de Cristina de Borbón. Al ministro, de hecho, le faltó cantar una adaptación del trabalenguas del cielo está enladrillado, cogido de la mano de la otra infanta, Elena, que no sabía si se había hecho justicia pero que también estaba muy alegre: la infanta está imputada, quién la desimputará, el desimputador que la desimpute buen desimputador será…

Margallo era un tipo feliz en su ignorancia, que ya se sabe que siempre es atrevida. Sin embargo, le habría bastado con leer en su integridad el auto de la Audiencia de Palma para darse cuenta de que su desimputada infanta de España está en un lío importante, en un berenjenal de padre y muy señor mío, del que sólo podría salvarle Montoro y la Agencia de Tributaria, cuyos servicios a la causa de Zarzuela han sido hasta la fecha tan groseros que los desimputadores jueces no han tenido más remedio que destacar que su informe absolutorio de enero de 2013 es poco menos que una broma.

Sin entrar a considerar lo insólito de esta desimputación en la historia judicial española, la Audiencia de Palma establece que al menos desde marzo de 2006 o, incluso desde meses antes, Cristina de Borbón debía saber o conocer que Aizoon, la sociedad que mantenía con su esposo al 50%, era una sociedad pantalla “que ella y su marido utilizaban para defraudar” tanto en el impuesto de Sociedades como en el IRPF. Y ello porque en esas fechas, tanto en el Parlamento como en la prensa, ya se habían desvelado las irregularidades del Instituto Noos para beneficiarse de las contrataciones públicas. En definitiva, la desimputada infanta no podía llamarse a andana. Era una defraudadora a sabiendas.

Más aún, en la mano de la desimputada y defraudadora infanta estaba haber evitado el fraude “y no lo hizo”, ya que en la medida en que poseía la mitad del capital social de Aizon “pudo haber convocado junta de la sociedad y revocado poderes a su marido o pedido que se regularizase la situación tributaria”. Dicho de otra forma, conocía que estaba defraudando y siguió adelante sin mover una pestaña regia para impedirlo.

Todo esto, que los jueces creen evidente, pasó desapercibido para los sabuesos de Montoro, a los que la Audiencia pone a caldo sin ningún miramiento. La cadena de reproches es extensa. En primer lugar dejaron de establecer la renta que la infanta tendría que haber declarado y no declaró, y ello pese a considerar que no existían dudas de que las ganancias de Aizon eran ilícitas ni tampoco “sobre la atribución de esas ganancias a otros partícipes”, es decir a la infanta, ya que la empresa sólo tenía dos socios: el yernísimo y la hija del Rey.

En segundo lugar, prescindieron de considerar la cooperación necesaria de Cristina respecto a un posible delito contra la Hacienda Pública, y, finalmente, pasaron por alto el uso del “dinero sucio” de Aizoon para cuestiones particulares tales como la reforma de la casa familiar, algo que a priori podía constituir un delito de blanqueo de capitales.

Tras todo lo anterior caben dos reflexiones: una es que el informe de la Agencia Tributaria es un chapuza lleno de “zonas oscuras”; la otra, y más importante, se resume en un interrogante. ¿Por qué técnicos tan cualificados como los de Hacienda intentan correr un tupido velo sobre las responsabilidades de la hija del Rey hasta el punto de considerar mínimo lo defraudado sin ni siquiera calcularlo? Descartado que los autores del informe sean becarios mal pagados o que el documento sea obra de monárquicos infiltrados, la tercera posibilidad apuntaría a una instrucción política para salvar los muebles de la infanta y también su porcelana.

Ahora bien, ni el hecho de que el informe de la AEAT parezca hecho por la infanta, ni que el abogado del Estado y el fiscal anticurrupción se comporten como su equipo jurídico, ni siquiera que Margallo baile el corro de la patata por la felicidad que le causa la desimputación de la señora, deberían hacernos pensar que este Gobierno que nunca miente esté maniobrando para que Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia se vaya de rositas. Si algo tenemos claro es que la Justicia en este país es igual para todos y que todos somos Hacienda, aunque por lo visto a alguien se le haya olvidado pasar lista.