ÓSCAR CELADOR

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

La aplicación de los artículos más polémicos de la Ley de Inmigración aprobada hace unos meses en el Estado de Arizona –que criminaliza la inmigración ilegal y ordena detener a aquellos que sean sospechosos de estar en situación irregular en EEUU–, acaba de ser suspendida cautelarmente por un tribunal federal. La decisión judicial se ha fundamentado principalmente en que la inmigración es una competencia de carácter federal, por lo que los estados no pueden aprobar normas que afecten a la situación jurídica de los inmigrantes. La relevancia de esta decisión judicial es capital ya que, si bien no tiene carácter decisorio, ha puesto sobre el tapete político el debate sobre la situación jurídica de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados que residen y trabajan en EEUU, de acuerdo con las estadísticas que maneja el propio Gobierno.

La inmigración se ha conformado como una fuente de recursos humanos capital para poder mantener el dinamismo económico e industrial estadounidense, y especialmente en el denominado periodo primario de la vida laboral (25-55 años). Sin embargo, la solución por la que viene apostando el legislador federal en materia de inmigración en las últimas décadas es tremendamente ventajosa para su modelo económico, e inversamente dañina para los intereses de los inmigrantes indocumentados. El modelo tributario estadounidense se soporta en gran medida sobre la fiscalidad indirecta, por lo que los inmigrantes indocumentados, al igual que los demás consumidores, están obligados a pagar impuestos. En concreto, según los datos estimativos de la agencia tributaria, en el periodo 1996-2003 los inmigrantes indocumentados pagaron 50 billones de dólares solamente en impuestos federales. Sin embargo, la regulación federal prohíbe de forma expresa que este colectivo pueda percibir cualquier tipo de prestación social debido precisamente a que no residen legalmente en EEUU.

La situación de los inmigrantes indocumentados podría calificarse de auténtica esclavitud moderna, ya que, si bien su presencia es fructífera para la economía estadounidense y en especial para sus empresarios y su tejido productivo, el debate sobre su situación jurídica se ha convertido en endémico y olvida que la esencia de la prosperidad de una nación no puede cimentarse sobre la negativa al derecho a la dignidad de millones de personas.