Como bien advertía hace unos días Rubalcaba, la mejor cabeza del PSOE tras la de González, el Estado podía acabar pagando el coste del conflicto político con la Generalitat. En tan sólo dos días, el pronóstico parece cumplirse, ya que ha empezado a pagarlo con el rechazo directo del Consejo de Estado, e indirecto del Tribunal Constitucional, al recurso preventivo, presentado por la Moncloa, contra el pleno del parlamento catalán que debería investir como presidente a Carles Puigdemont. Ese auténtico jaque del Gobierno al Estado de Derecho, imposible mayor aberración jurídica, ha sido bastante mal encauzado, pero encauzado al fin y al cabo, con una resolución pactada, gracias a los forceps de la llamada razón de Estado. Con enemigos tan torpes como Rajoy, Soraya, Zoilo y Montoro, los independentistas no necesitan amigos.

Ni Landelino Lavilla, ponente del texto del Consejo de Estado, ni José Antonio Xiol, ponente del Tribunal Constitucional, son enemigos de España, ni peligrosos extremistas antisistema. Tampoco lo son los cinco magistrados del TC– sus nombres aparecen en los medios de comunicación– que se opusieron a los seis magistrados gubernamentales, se han caracterizado por su tendencia a vivir al margen de la Ley. Se han limitado a señalar lo que es obvio, que el Gobierno de Rajoy no puede abusar de la legalidad vigente hoy para impedir una política contraria a la de la Moncloa. Muy buena prueba de ello es que, finalmente, se han avenido a un apaño jurídico con la finalidad de salvar la cara de un gobierno incompetente. Negarse a avalar un recurso preventivo contra una hipótesis parlamentaria, todavía no concretada, con una anulación preventiva de una investidura, aún no formulada, es un gran agujero negro en su trayectoria profesional.

Ni Rajoy cesa a su vicepresidenta, ni ella presenta su dimisión. No cabe mayor fracaso político que el de la señora Soraya Saenz de Santamaría en Cataluña. Antes del conflicto, cuando encabezó el diálogo político con los soberanistas; durante el conflicto, al ordenar la salvaje carga policial contra los colegios electorales, el 1 de octubre; y después del conflicto, con los sucesivos errores de su brigadilla leguleya, que han culminado hoy con la rebelión de las grandes instituciones del Estado contra el bodrio redactado por el equipo togado que está a sus órdenes. La autoría teórica es de Mariano Rajoy, pero la ejecución práctica es de Soraya Saénz Santamaría. Se podría haber sido más fino, menos cutre, o al menos, haber intentado disfrazar con mayor habilidad el evidente objetivo de retorcer la legalidad vigente para doblar el pulso a Puigdemont.

El problema se agrava con la obediencia debida de Sánchez a Rajoy. La sumisión del PSOE al PP, pese a los buenos juristas del socialismo español, le ha hecho perder a Ferraz una oportunidad de oro. Si no se cuadraran firmes cada vez que suena la corneta de la Moncloa, y tan sólo hubieran sido un poco más cautos, esperando unas pocas horas, hoy podrían presentarse ante la sociedad española como los defensores del Estado de Derecho, alineados con el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional. No ha sido así y agravan por lo tanto su situación, al ratificarse como satélites del PP incluso en las aberraciones jurídicas, como la de los españoles, al renunciar ahora a ser hasta una mera alternativa democrática. Evidentemente, pues, este jaque del Gobierno al Estado, es patrimonio también del Partido Socialista Obrero Español.

Cierto que peor sería el remedio de Albert Rivera y Susana Díaz a la enfermedad de Rajoy y Sánchez. Con tal de alcanzar la Moncloa y de continuar en San Telmo, uno y otra, tratan de poner al galope el caballo de Santiago que Rajoy y Sánchez llevan al trote. Ese "Santiago y centraliza España" es el grito de los que proponen como alternativa a todos los problemas territoriales y sociales el programa de la involución democrática, teorizado por Aznar, en el invierno del 2000, en una revista teórica del grupo Vocento. Mucho más grave sería aún, si fuese cierta la hipótesis que barajan algunos, de la existencia de un impulso real que hubiera inspirado esta rebelión de las instituciones del Estado contra el Gobierno. En ese caso, el pago del que habla Pérez Rubalcaba ya no lo pagaría únicamente el Estado sino también todo el sistema democrático. De esta manera, la política de recentralización amenaza con llevarse por delante al Régimen del 78.

Un excelente observador de la realidad catalana, ajeno al independentismo, el periodista Antoni Puigverd, advertía el lunes, desde las páginas del diario La Vanguardia, que "no nos daremos cuenta y los barrios catalanes reproducirán la lógica de los del Ulster". No es, por desgracia, una advertencia alarmista. Es una posibilidad real que puede convertirse en probabilidad si Rajoy y Sánchez, muy jaleados por Rivera y Susana Díaz, no tienen en cuenta que el problema catalán de hoy será mañana un problema español que exigirá una clara respuesta política democrática. O más democracia o menos, ese es el dilema actual. O se lo encauza políticamente, o se acabará recurriendo a la Ley de Partidos con la que se ilegalizó a Batasuna, como vienen sugiriendo las plumas partidarias de rematar el jaque de hoy con el jaque mate de mañana.