La confesión de Jordi Pujol de haber cometido delitos fiscales relacionados con evasión de capitales se viene a sumar a lo que parece indicar una práctica generalizada en los partidos tradicionales y viejas clases dirigentes de nuestro país, que se suma a los Gürtel y los casos como Bárcenas en el PP, el caso de los ERE en Andalucía en torno a la gestión del PSOE y los innumerables casos de presunta corrupción que se relacionan con la UDC catalana de Duran Lleida.

Más que a comportamientos aislados, estamos ante un verdadero ejemplo donde la corrupción se nos muestra como práctica estructural a nuestro sistema económico y político, que en su derrumbe, nos muestra toda su cruda realidad.

A finales de la década de los 70 del siglo pasado, el secretario general de los comunistas italianos, el gran Enrico Berlinguer, hablaba de la “cuestión moral” como el problema central de la crisis italiana, reflexiones que recuerdo con estos dos párrafos del dirigente italiano, cuya lectura es de plena actualidad.

“Los partidos de hoy son sobre todo máquinas de poder y clientelares: escaso o mistificado conocimiento de la vida y de los problemas de la sociedad y de la gente; ideas, ideales, programas, sentimientos y pasión civiles nulos. Gestionan los más contradictorios y diferentes intereses, sin alguna relación con las necesidades humanas y sin perseguir el bien común.

Sus estructuras organizativas son la prueba de la abismal distancia con el pueblo, son federaciones de facciones, cada una con su jefe y subjefe. Pero lo más problemático es que han ocupado el Estado y todas sus instituciones, empezando por el Gobierno. Han ocupado las entidades locales, los bancos, las empresas públicas, los institutos culturales, los hospitales, las universidades, la Televisión Pública y los grandes periódicos”.

Berlinguer hablaba de la situación de degradación política que el poder total de la Democracia Cristiana había ocasionado en Italia. De algo similar se puede hablar en España con los partidos tradicionales.

Esta generalización de los casos de corrupción nos debe obligar a hacer una reflexión más detenida frente a este problema que recorre las instituciones del Estado alcanzando hasta la propia Monarquía. En mi opinión, tres son los elementos que nos permiten abordar la realidad de la corrupción en nuestro país:

En primer lugar estamos ante un problema estructural. La corrupción forma parte del núcleo central de nuestro modelo productivo y de su necesaria proyección institucional. Desde el desarrollismo franquista hasta nuestra entrada en la globalización hay un contínuo, relacionado con una lógica de acumulación que tiene como eje central de nuestro modelo al sector financiero y al sector inmobiliario. Ambos se caracterizan por un predominio de prácticas rentitas, no productivas, propias de un empresariado que pretende huir del riesgo económico de la competencia en un mercado global, con una dinámica de control del mercado nacional por medio de sectores cerrados como son el inmobiliario y el turismo.

Estamos por tanto, no ante un modelo generador de riqueza, sino que se apropia de la riqueza ya generada, bien sea en forma de precariedad laboral o hipotecas si hablamos de salarios, de privatizaciones si nos referimos a nuestros servicios públicos, del suelo edificable o de nuestro espacio natural.

Esto nos lleva a la segunda característica, relacionada con la necesidad del control directo de estos sectores del presupuesto público. Un modelo económico como el descrito requiere del control de la subvención, de la adjudicación de contratos, de la licencia de obra concedida, del pliego de externalización a medida, de puertas giratorias, de la información privilegiada, y en definitiva, de todo mecanismo de expropiación de lo que no está en el mercado en favor de este empresariado. Luego vienen las grandes leyes hipotecarias, de liberalización del suelo o de nuestro sector financiero, que con adecuadas legislaciones fiscales y administrativas hacen el resto.

Esta necesidad de controlar los recursos públicos o nuestros salarios y pensiones para transvasarlos al sector privado, requiere de un control político directo, es decir, de un verdadero “asalto al Estado” en forma del control de los presupuestos por parte del sector inmobiliario y del financiero. Veamos de dónde provienen gran parte de los miembros del Gobierno y veamos a quién se beneficia.

Este proceso, como diría David Harvey, es un caso de libro de “acumulación por desposesión”, pero también generadora de política de alianzas; y aquí entra la tercera consideración. El control de los recursos públicos y mecanismos legislativos ha permitido a estos sectores marcar el precio de los activos inmobiliarios y de los activos financieros, poderoso mecanismo de protección frente a las incertidumbres de la globalización.

Este trasvase ilegítimo de recursos públicos al capitalismo inmobiliario y financiero español, permitió desarrollar un poderoso mecanismo generador de políticas de alianzas, que llegaba a sectores profesionales, técnicos del Estado o del sector privado, medios de comunicación, poderosos sectores académicos montados al calor del empuje presupuestario público, empresarios de la restauración y también, y esto a la izquierda le cuesta admitir, generador de una inmensa base popular de apoyo al PP, CIU o PSOE, atraída por una especie de ficción de capitalismo popular a través del ladrillo y de la deuda como mecanismo de “pasar de un país de proletarios a uno de propietarios”, como nos recordaba Esperanza Aguirre parafraseando a su recordada presidenta Thatcher.

La crisis es consecuencia de este modelo. Crisis que acelera las contradicciones sociales de este entramado político-empresarial como es el capitalismo inmobiliario en nuestro país.

La crisis asesta un golpe importante a un modelo donde el crecimiento económico residía de nuestra capacidad de endeudamiento, y donde las alianzas se tejían a través de la participación de todas estas oligarquías y bloques de poder de unos presupuestos que crecían y crecían al calor de la burbuja inmobiliaria. Por eso no nos debe extrañar, que como ahora no hay “para todos”, surjan, en formas de filtraciones o confesiones forzadas, los casos de corrupción y los escándalos económicos más vergonzosos en un país que cuenta con seis millones de trabajadores en paro.

No estamos ante casos aislados, sino ante una forma de entender la política y las instituciones por parte de un modelo que en lo económico se basa en la economía del “ladrillo” o la especulación financiera, y en lo político, en el bipartidismo. Para salir de esta situación hace falta un cambio político, que impulse las transformaciones sociales y políticas que el país demanda y así afrontar esta verdadera “cuestión moral” que vive nuestra sociedad.

Dedicado a Enrico Berlinguer en el 30 aniversario de su fallecimiento.