La Constitución Española de 1978 podrá considerarse más o menos acertada, pero es la base legal que configura el modelo de Estado desde esa fecha. Se podrá discutir si 32 años son muchos o pocos para plantearse las reformas necesarias de un texto condicionado en origen por los temores que inspiraban poderes individuales y colectivos que creían tanto en la democracia como un ateo en la santísima trinidad. ¿Puede ser tan soberbio un político o un jurista como para enrocarse en la perfección intocable de un solo artículo de cualquier ley? Si algo ofrece pocas dudas a estas alturas de la evolución es que todo es susceptible de empeorar o mejorar, depende del empeño que los humanos pongan en uno de los dos lados de la balanza. Cabe pensar que el órgano establecido en la propia Constitución para velar por su cumplimiento ha de estar compuesto por hombres y mujeres que interpreten ese texto con el mismo espíritu con el que supuestamente nació: mejorar la convivencia y garantizar la libertad de los ciudadanos y pueblos que forman una España plural. Se extiende sin embargo la convicción de que hay magistrados del Tribunal Constitucional tan radicalmente conservadores que no sólo no creen en la España plural o en la posibilidad de un desarrollo federal del Estado autonómico, sino que reniegan de la España de las autonomías. Hay jueces tan “patriotas” que conseguirán multiplicar el apoyo al independentismo. En ello están.