La palabra más terrible que el coronavirus ha popularizado ha sido “triaje”, la selección de personas a las que por edad, grado de dependencia, discapacidad o patologías previas se excluyó de la atención hospitalaria para no colapsar la red sanitaria en los momentos más álgidos de la pandemia. No es fácil jugar a ser Dios y hay que ponerse en la piel de los que se vieron obligados a asumir este papel antes de juzgar sus actos a toro pasado, que es la manera ventajista con la que en esta crisis se están imputando delitos y repartiendo condenas. Hay responsabilidades en la gestión previa de residencias y geriátricos, en la manera en que se aparcó a ancianos y dependientes en estos centros, huérfanos de servicios, muchos de ellos en manos privadas y orientados no al bienestar de los internos sino a la consecución de beneficios. Ello sí que exige investigación y autocrítica. De lo que tendríamos que abstenernos es de atribuir conductas darwinistas a los que se vieron obligados a efectuar esta siniestra entresaca.

Reconstruye hoy el diario El País los procedimientos seguidos en la Comunidad de Madrid en la atención de estas personas, los correos del consejero de Políticas Sociales al de Sanidad pidiendo auxilio y las calladas por respuesta de este último, los distintos protocolos aplicados a las residencias, con sus recomendaciones para excluir a determinados perfiles de ser hospitalizados y las dudas bioéticas sobre estas guías. Estremecen muchas de estas instrucciones, acompañadas algunas de gráficos explicativos sobre cómo determinar la “fragilidad” de los enfermos a la hora de decidir acerca de su derivación o no hacia los hospitales. Y estremece también confirmar que ni siquiera a día de hoy se ha podido medicalizar a las residencias, que volverían a verse en la misma ruleta rusa si la pandemia rebrotara.

Ahora, con más de 6.000 muertos en geriátricos a causa del virus, y con la evidencia de que las autoridades sanitarias madrileñas disfrazaron la verdad de lo ocurrido, resulta sencillo incriminarles de la misma manera que está haciendo su propio partido al valorar la gestión del Gobierno central. Pero tan inconcebible como que el bueno de Fernando Simón ocultara informes para extender los contagios siguiendo órdenes y directrices ideológicas o que el ministro de Sanidad negara deliberadamente equipos de protección a los sanitarios, es que el consejero de Sanidad Ruiz Escudero perpetrara una suerte de genocidio de ancianos, un plan deliberado de exterminio con la anuencia de la presidenta de las suites de lujo, cuyo propósito no se acierta a entender.

Como se ha dicho, hay culpas previas en quien desatendió las residencias, en quien recortó alevosamente los recursos sanitarios, en quien entendió que la salud era liberalizable como puede serlo un casino y en quien trató de ocultar las tragedias que se vivían en las residencias, donde no se daba abasto para recoger los cadáveres. En todo ello hay una responsabilidad política que exige ser depurada. Lo que no tiene sentido alguno es atribuir homicidios a quien se vio obligado a establecer prioridades que, aun contempladas fríamente, acongojan. Esto, que es indigerible para quienes las han sufrido o para quienes han perdido familiares y amigos, es la definición de triaje.

Es casi imposible abstraerse de tanto drama y de la tentación de distinguir entre santos y demonios. ¿Es un ángel Alberto Reyero, el consejero de Ciudadanos que ha denunciado la posible ilegalidad de estas directrices, y es un émulo de Satanás el titular de Sanidad del PP que las ha dictado? Si Reyero es un ser beatífico que se ha visto impotente para impedir que muchos fallecieran “de forma indigna”, ¿por qué no ha dimitido ya como señal de repulsa en vez de limitarse a mandar unos correos para tranquilizar su conciencia? Dormir tranquilo en estos días es un privilegio incluso para los que no tuvieron que decidir sobre la vida de sus semejantes.