Luis Matías López

El 14 de diciembre de 2008, el periodista iraquí Muntazer al Zaidi lanzó durante una conferencia de prensa en Bagdad sus dos zapatos contra George Bush al grito de “¡Éste es tu beso de despedida, perro!”. El presidente no fue alcanzado. Pese a ser Irak por entonces un país ocupado por más de 100.000 soldados norteamericanos, con un Gobierno casi títere y sometido a EE UU, la condena inicial a tres años por “asalto a un jefe de Estado” fue reducida a un año por “insulto a un líder extranjero”. Al Zaidi fue liberado tras cumplir sólo nueve meses de prisión, denunciando torturas durante el encarcelamiento y convertido en un héroe para buena parte de sus compatriotas.

El 22 de febrero de 2010, Hokman Joma, sirio de la minoría kurda en situación irregular en España, al grito de “¡Viva el Kurdistán, ladrón y asesino!”, lanzó un zapato contra el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, cuando salía del Ayuntamiento de Sevilla. Tampoco le alcanzó. Cuatro meses más tarde, fue condenado a tres años de cárcel y una

multa de 408 euros por un delito “contra la comunidad internacional en su modalidad de atentado”. Han pasado dos años largos y sigue en la cárcel, casi olvidado.

Los propios tribunales que se pronunciaron sobre el caso admitieron que la condena no guardaba proporción con el delito, pero que se veían obligados a imponer la pena mínima permitida por la ley. Quedaban dos opciones: la expulsión del país y el indulto. La primera fue rechazada por Joma, que alegó que su vida no valdría nada si era entregado a Siria,

pese a que a´ñun no se había producido el estallido de violencia que hoy desangra al país. La segunda, a la vista está, tampoco ha cuajado, y no es descabellado sospechar que en el Gobierno de Zapatero pesó menos la vocación humanitaria y el deseo de corregir un desajuste legal que el deseo de no molestar a Erdogan, su socio en la insustancial Alianza de las

Civilizaciones.

Según un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas de hace un año, el 77,4% de los ciudadanos estaba poco o nada de acuerdo con la afirmación de que “la Justicia trata por igual a ricos o pobres”. El caso de Hokman Joma, resulta ilustrativo: juzgado y condenado con gran celeridad, sigue en la cárcel, en aplicación estricta de la ley y para descrédito de ésta.

Rajoy tiene la oportunidad de enmendar la plana a Zapatero y, de paso, con el indulto, ponerse una medalla de progresismo como la que se ha colgado al rebajar el sueldo a altos directivos de entidades financieras cuya desastrosa gestión, en la que la ley no halla por ciertos indicios de delito, ha exigido la aportación de cuantiosas ayudas públicas y ha contribuido a la ruina del país.

Cada día que Joma pasa en la cárcel es un gramo más en el platillo de la balanza del despropósito, y una prueba flagrante de que el zapato de un kurdo en España cuesta más caro que los dos de un iraquí en Bagdad.