La igualdad dista mucho aún de ser real. La ley deja espacios para discriminaciones manifiestas como la que sufren las parejas de mujeres al inscribir a sus hijos o a sus hijas. El laberinto al que se enfrentan nada tiene que ver con la facilidad que supone el mismo trámite para una pareja heterosexual. Hemos hablado con algunas de las afectadas por esta situación.

Texto: Juan Luis Gallego

Los matices legales son tantos que corremos el riesgo de perder la perspectiva. Así que trataremos de resumir en un párrafo, lo más claramente posible, cuál es la situación. Una mujer heterosexual que tiene un hijo puede hacer constar como padre en el Registro Civil a quien le dé la gana, siempre, claro, que el elegido acceda. No hay más requisitos que el visto bueno del varón y la presencia de los dos miembros de la pareja si no están casados. No hay preguntas. No hay apenas papeleo. Nada que explicar. Pero si la mujer es lesbiana y a quien quiere inscribir es a una segunda madre, todo cambia. La ley que aprueba los matrimonios homosexuales en España, tan avanzada con respecto a gran parte de su entorno, no ha solucionado esa discriminación. Muy al contrario, obliga a las mujeres a casarse y, luego, las enfrenta a un vía crucis legal y administrativo unas veces sorteado de psicólogos, educadores sociales y jueces, y otras de preguntas que, por íntimas, resultan humillantes. Por ejemplo: “¿Cómo fue concebido el bebé? ¿Fue una donación de semen a través de una clínica o privada?”

Cientos, probablemente miles de mujeres sufren esa situación cada año en España. Es imposible saber cuántas exactamente porque ninguna estadística lo recoge. El Instituto Nacional de Estadística (INE), como denunció en su momento la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), perdió la oportunidad de conocer la realidad familiar del país cuando, al elaborar el último censo nacional, en 2011, incluyó en el cuestionario de recogida de datos la opción “madre” o “padre” como única posible al enumerar los miembros del hogar. “No nos resignaremos a tener que esperar diez años más para que nuestras familias formen parte del censo; el INE tiene que hacerse cargo de su error y buscar una solución satisfactoria”, dijo entonces una portavoz de la FELGTB. Hasta ahora.

Aunque de imposible cuantificación, las afectadas tienen nombre y rostro. Bea es una de ellas. Y Helena, su pareja. Llevan luchando años por la igualdad, en primera persona y en todos los ámbitos. También frente a esa lenta y conservadora burocracia que insiste en redactar cuestionarios (como los del INE, pero también en los colegios, en los hospitales…) al margen de la realidad social. Por eso, cuando ambas tuvieron a su hija, en mayo de 2005, intentaron ser reconocidas como madres cuando acudieron al Registro Civil para su filiación. Se encontraron con un rotundo no. Incluso tuvieron que aceptar la aplicación de una vieja ley franquista que les obligó a hacer figurar como padre un nombre masculino (aunque, eso sí, con un añadido para advertir de que no era real, que cuando las leyes lo permitieran, se cambiaría).

Mejor, casadas

Llegó mes y medio después la reforma del Código Civil que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, con todos los derechos, también el de adopción. Pero nada dijo de la filiación de los hijos de parejas del mismo sexo no casadas. Porque, insistimos, si son de distinto sexo no hay problema: la única ‘carga’ que se le impone a los no casados es que acudan los dos al momento del registro, nada más.

Bea y Helena accedieron y decidieron casarse. No solo era entonces, y es ahora, la opción más rápida para poder figurar como madres de su hija, sino que era también, como lo es ahora, la única posible: casarse* y, en su caso, como el hijo era anterior a la entrada en vigor de la ley, iniciar la madre no gestante un proceso de adopción de la hija de su cónyuge. Un proceso, precisamente por eso, por el consentimiento del cónyuge, que se supone más ágil y abreviado, pero que en la práctica llevó a Bea y Helena, con casi 20 años de vida en pareja, a tener que demostrar a un grupo de funcionarios, trabajadores sociales y psicólogos su idoneidad para ser madres de la hija que ya tenían. “¿Dónde trabajas?”, “¿cómo organizas tu día a día?”, “¿te gusta cambiar pañales?”, “¿qué es para ti la familia?”. En entrevistas de todos los formatos: cada una de las madres a solas, cada una de las madres con la hija y las dos madres juntas. Hasta que, aproximadamente un año después del inicio del proceso, una jueza aprobó la adopción.

En 2007, una nueva ley (la reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, conocida como de “identidad de género” por cuanto permite a los transexuales modificar el sexo con el que figuran en el registro) abordó, por fin, la regulación de la filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo, y acabó por completar el marco legislativo final, que mantiene la obligación del matrimonio… y, además, añade alguna sorpresa, con la que la pareja formada por I.E. y T.S. chocó de bruces.

Durante la gestación del hijo de ambas, concebido en julio de 2011, se celebraron en noviembre de ese año las elecciones generales que dieron una aplastante victoria al PP. El temor a una modificación de la ley por quienes aún mantenían recurridos ante el Tribunal Constitucional los matrimonios entre parejas del mismo sexo llevó a I.E. y T.S. a casarse en febrero de 2012, entre otras razones, para que el nacimiento se produjera ya en el marco de una familia ‘oficial’. Por fin, con el certificado de nacimiento del niño, el libro de familia y los DNI de las dos madres en su poder, I.E. acudió al Registro Civil para descubrir de forma abrupta la ‘sorpresa’ que la ley les reservaba: “¿Cómo ha sido concebido el niño?”, fue la pregunta de la funcionaria de turno.

Porque ese, además del matrimonio obligatorio (y de que el niño haya nacido después de la ley de 2005), es otro de los requisitos que impone la ley para registrar ‘sin problemas’, es decir, sin necesidad de adopción, a dos mujeres como madres de un bebé: que la fecundación haya sido tutelada por una clínica (previo pago, obviamente, de los aproximadamente mil euros que suele costar el tratamiento). No vale, por tanto, una donación de un amigo, ni que el hijo haya sido concebido de mutuo acuerdo con un hombre, ni cualquier otra fórmula que se nos ocurra y que, sin embargo, sí son perfectamente viables en el caso de las heterosexuales. “Se supone –cuenta I.E. que le explicaron- que se trata de evitar posteriores reclamaciones del padre biológico. Pero, entonces, ¿por qué no se piden similares garantías a cualquier madre?” ¿Algo impide a una mujer registrar como padre al hombre que acceda a ello aunque el hijo sea fruto de una relación anterior, estable o no?

Madres sin derechos

“Esa exigencia está pensada para proteger al varón y es fruto de una visión muy patriarcal de la realidad”, explica Isabel Gómez, vocal de familia de la FELGTB. Si no se cumple, la pareja está condenada también a pasar por el trámite de la adopción. I.E. y T.S. pudieron demostrar que, en su caso sí, la inseminación había sido a través de una clínica. Pero otra peculiaridad en esta pareja refleja que aún queda mucho camino por andar hasta la igualdad total: I.E. tiene la nacionalidad francesa además de la española, pero cada vez que viajaba con su hijo al país vecino –donde el matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a adopción no fue reconocido hasta abril pasado-, debía llevar consigo una declaración de T.S. autorizándolo.

Esa es precisamente, la falta de derechos sobre el hijo de la madre no gestante, una de las consecuencias de la discriminación que encierra la actual legislación. Y que desde la FELGTB se insiste en visualizar para concienciar sobre la necesidad de modificarla. Contando, por ejemplo, el caso de Maribel Blanco. Desde 2006, cuando se separó de su pareja, otra mujer, tras 11 años de relación en los que no llegaron a casarse, mantiene una batalla legal para que se la reconozca legalmente como madre, enfrentada no solo a la madre biológica, sino también a la hermana de esta y tía del hijo, que se hizo cargo de él cuando la primera entró en prisión (por una cuestión ajena a este conflicto).

Isabel Gómez, de la FEGLTB, reclama, para acabar con esta discriminación, una legislación que contemple la “maternidad y paternidad por intención”, es decir, que consagre para las parejas de mujeres la que ya se aplica para las heterosexuales. Y que Bea, la madre cuyo testimonio incluimos al inicio de este reportaje, resume así: “Un hijo es fruto de un compromiso, nada más y nada menos”.

*En comunidades como Cataluña y el País Vasco se reconoce la adopción entre parejas de hecho registradas, aunque no haya matrimonio. Una exigencia, en cualquier caso, que no existe para las parejas heterosexuales.