El principal argumento de quienes sostienen que Baltasar Garzón prevaricó al abrir una investigación sobre el franquismo se sustenta en la Ley de Amnistía aprobada por las Cortes en octubre de 1977. En una pirueta circense que no soporta un repaso a la hemeroteca, resulta que aquel grito de “amnistía y libertad” no reclamaba la liberación de los presos políticos que aún seguían encarcelados o procesados, sino la de sus verdugos. Aceptado este enorme pulpo como animal de compañía, lo que habría hecho Garzón es ignorar intencionadamente esa Ley de Amnistía y presunto “punto final” aprobada por las primeras Cortes democráticas. Este último dato lo consideran fundamental los que reclaman la condena de Garzón. ¿Cómo se atreve un juez por muy estrella que sea a despreciar una decisión tomada por los representantes legítimos del pueblo español?

Esas voces tan diversas y “de reconocido prestigio” tienen hoy una magnífica oportunidad de demostrar su coherencia argumental. ¿Qué demonios hace reunido el Tribunal Constitucional discutiendo durante tres años y medio una reforma estatutaria aprobada por el Parlament de Catalunya, por las Cortes generales y respaldada en referéndum? Dirán que lo que analizan, obviamente, es la “constitucionalidad” del Estatut, mucho más dudosa (¡dónde va a parar!) que una “amnistía al revés” aprobada antes de existir la propia Constitución. De cajón.