Francisco Moreno

Miembro del Círculo de Economía, Ecología y Energía de Podemos (*)

La reacción de los medios de comunicación conservadores a la presentación de una Ley de Emergencia Social por parte de Podemos ha sido cuando menos curiosa. En un primer momento fue tachada de “humo preelectoral”, pues “desde el año 2012 está suspendido el lanzamiento forzoso de la vivienda habitual, las principales eléctricas han alcanzado acuerdos con las administraciones públicas para evitar los cortes de suministro en caso de impago y los copagos farmacéuticos no afectan a las familias sin recursos ni a los pensionistas con bajos ingresos”. Sin duda todas ellas muy buenas noticias, aunque de momento no sabemos si son el resultado de aplicar criterios de contabilidad creativa al ámbito de lo social o una simple broma neocon. A la vuelta de Navidad los analistas conservadores nos tranquilizaron al recuperar la línea de sus argumentos habituales. Es reconfortante comprobar que existe un orden natural en las cosas y que este orden pervive. Las nuevas valoraciones destacaban que la Ley 25 supondrá 7.000 millones en gasto farmacéutico, 14.520 millones en bonos de acceso a suministros básicos, expropiación de viviendas, inseguridad jurídica y las 10 plagas de Egipto.

Indiscutiblemente la Ley 25 no es humo ya que en España existen desahucios sin alternativa habitacional, pobreza energética y ciudadanos que dejan de tomar sus medicamentos al no poder pagarlos. Sin embargo no es tan evidente que el coste de la ley de emergencia social sea asumible o que aun siéndolo no suponga un lastre para la economía con repercusiones a corto y medio plazo. Procede por tanto analizar cada una de las propuestas incluidas en la ley, así como su viabilidad e impacto sobre la economía en su conjunto.

1) Eliminación de los copagos y universalización de la asistencia sanitaria

En julio de 2012 entró en vigor una modificación del sistema de copagos que penalizó especialmente a un colectivo donde el gasto farmacéutico es muy importante, el de los pensionistas. El Real Decreto-ley 16/2012 introdujo para este sector un copago del 10% con límites máximos de aportación mensual en función de la renta: hasta 18.000€ anuales, entre 18.000 Y 100.000€ y por encima de 100.000€. Además establece que los pensionistas deben adelantar el 10% de todos los medicamentos adquiridos y solicitar la devolución del exceso por encima de la aportación máxima mensual a la finalización de cada mes. La administración devolverá lo que el pensionista ha pagado de más en un plazo máximo de 6 meses. La escasa progresividad de los tramos de renta y la falta de inmediatez en la aplicación de los límites máximos ha provocado que numerosos pensionistas con rentas exiguas y tratamientos costosos se vean abocados a suspenderlos aunque sea de forma temporal. De hecho la Consejera de Sanidad valenciana declaró el pasado mes de septiembre en sede parlamentaria que el 8% de los valencianos había dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque no podía pagarlo. Este efecto está en línea con los estudios que hospitales y universidades de todo el mundo han venido realizando sobre los copagos: eliminarlos es una manera de mejorar el seguimiento de los tratamientos, lo que técnicamente se denomina adherencia.

¿Y cuál es el coste de interrumpir los tratamientos? Según un estudio de 2014 dirigido por el profesor de la Universidad de Harvard Niteesh Choudhry en el Brigham and Women's Hospital (BWH) de Estados Unidos, aquellas personas con problemas cardiacos que no interrumpen la medicación por falta de recursos sufren hasta un 35% menos de complicaciones y gastan hasta un 70% menos en su tratamiento. Es decir, los copagos no salen gratis, y un estudio riguroso sobre los ahorros que suponen debería incluir el incremento de gasto asociado a las complicaciones producidas por enfermedades que no han sido tratadas de forma correcta.

Por lo que respecta a la universalización de la asistencia sanitaria incluso el Gobierno del PP ha entendido que la medida que tomó al retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles ha sido contraproducente y busca fórmulas para dar marcha atrás sin quedar totalmente en evidencia. Roguemos para que Ciudadanos haga una reflexión semejante y sea posible alcanzar un amplio consenso social y político al respecto. La racionalidad económica es evidente: el acceso a la sanidad a través de las urgencias es más caro que a través de la atención primaria. De nuevo la complejidad de los fenómenos sociales nos enseña que no hay acción sin consecuencia, y que los análisis de coste-beneficio deben tener en cuenta al menos la segunda y la tercera derivada.

2) Prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y garantía de acceso a una vivienda para las mujeres víctimas de la violencia machista

El estallido de la burbuja inmobiliaria dejó en España unas 800.000 viviendas vacías en manos de la banca, un número insoportable de ejecuciones hipotecarias sobre primeras viviendas (98.000 únicamente entre enero de 2013 y junio de 2014) y una gigantesca deuda de 95.000 millones de euros, avales no incluidos, del sector financiero con la sociedad en su conjunto.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en dos ocasiones en contra de las leyes españolas sobre desahucios y el propio Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, firmó un dictamen en mayo de 2013 donde señalaba que el gobierno español no había adoptado las medidas adecuadas para atajar las causas subyacentes a los procesos de ejecución hipotecaria. Efectivamente, también en materia de protección a la vivienda España se parece muy poco a la Unión Europea. Tal como denuncia Amnistía Internacional, España tiene una de las políticas de vivienda social "más endebles de Europa", ya que solo cuenta con el 1,1% de vivienda social, frente al 32% de los Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% del Reino Unido o el 17% de Francia. Es más, lejos de utilizar la crisis como argumento para justificar un esfuerzo extra en materia de vivienda social, hemos visto como algunos próceres de la Patria se apalancaban en la necesidad de reducir la deuda pública para recortarla, lanzar a miles de familias vulnerables a las fauces de los fondos buitres internacionales y demostrar su gran capacidad de emprendimiento y habilidad para los negocios llevándose una buena parte de tan merecida tajada.

Por tanto, en las actuales circunstancias, donde la disponibilidad de una alternativa habitacional representa para miles de familias la tabla de salvación que evita su caída en la exclusión social, donde las entidades financieras acaparan cientos de miles de casas vacías y donde el parque de alojamiento público se ha reducido a la mínima expresión, la movilización de un porcentaje de las viviendas improductivas propiedad de las entidades financieras para crear un banco temporal de alojamientos sociales en alquiler es una medida muy razonable. Con ella evitaríamos la quiebra de miles de familias así como los costes asociados a su atención por parte de los servicios sociales y generaríamos un retorno inmediato para la banca en forma de alquileres. Los ajustes contables que en su caso tuviesen que llevar a cabo las entidades financieras al no poder comercializar en el corto plazo un porcentaje de sus viviendas apenas compensaría una pequeña parte de la enorme cantidad de recursos que la sociedad ha destinado a evitar su banca rota, recursos que en su inmensa mayoría sabemos que nunca serán devueltos.

El terrible drama humano que supone la violencia machista tiene también una conexión importante con la vivienda, ya que según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dos de cada tres mujeres asesinadas compartían residencia con su agresor. Siendo este un problema en el que cuesta ver avances a pesar de la gran apuesta que supuso la Ley integral contra la violencia de género, es absolutamente necesario ensayar medidas no probadas hasta el momento. En este sentido proporcionar con inmediatez una alternativa habitacional a las mujeres maltratadas que ven en peligro su vida parece una medida muy acertada dada la alta correlación existente entre asesinato y convivencia.

3) Eliminación de la pobreza energética

La Unión Europea ha exigido a los estados miembros legislar a favor de los consumidores vulnerables en sendas Directivas 2009/72 y 2009/73, sobre los mercados de gas y electricidad. En esta línea países como Reino Unido, Francia y Alemania han adoptado medidas que incluyen descuentos en las tarifas de gas y electricidad a hogares con baja renta (en Francia oscilan entre el 40 y el 60%), pagos directos en cuenta a familias vulnerables o durante periodos con muy bajas temperaturas, subvenciones públicas para la mejora del aislamiento de las viviendas y rentas complementarias para los hogares que no alcanzan un determinado umbral de ingresos.

En España desde 2009 existe un bono social que pretende dar respuesta a la exigencia planteada por la Unión Europea en las dos directivas antes mencionadas, y que fija un descuento del 25 % de la factura eléctrica para aquellos hogares con una potencia contratada inferior a 3 kW, pensionistas que perciban la pensión mínima, fami¬lias numerosas o para aquellas en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo. La efectividad de este bono social es escasa: no aplica sobre el gas, no tiene en cuenta la renta de las familias, que es la causa principal de la pobreza energética, no garantiza un mínimo vital y si todo esto fuese poco el 80% de los hogares protegidos en aplicación de la misma son aquellos con potencias contratadas inferiores a los 3kwh, un porcentaje importante de los cuales corresponden a segundas residencias de familias acomodadas. Pareciera que el Estado es tan negligente cobrando deudas pendientes con las eléctricas como diseñando leyes sociales que les afecten. Quizá debamos buscar las causas en las mismas puertas giratorias, las mismas que han inspirado el impuesto al Sol.

¿Qué propone Podemos? Algo muy razonable: proteger únicamente los hogares vulnerables, es decir aquellos que no disponen de una renta suficiente para cubrir sus necesidades básicas de gas y electricidad. La vulnerabilidad vendrá certificada por los Servicios Sociales competentes y la ayuda que recibirán las familias será la estrictamente necesaria para satisfacer un mínimo vital fijado por el Ministerio competente. Consumos impagados por encima del mínimo vital podrán justificar un corte del suministro. De esta forma se evita un posible incentivo perverso al consumo energético gracias al precio subvencionado, muy limitado en cualquier caso dado que los hogares beneficiados dispondrían todos ellos de rentas bajas.

En resumen la Ley de Emergencia Social de Podemos es una propuesta de implantación inmediata para atajar las consecuencias más dramáticas del elevado nivel de desigualdad en España a día de hoy, el cuarto mayor de la Unión Europea según el informe publicado por Oxfam en septiembre de 2015. No obstante, en línea con la cuestión inicial que plantea este artículo cabe hacer una última reflexión: ¿es a fin de cuentas la desigualdad un mal menor en aras de una economía más próspera? Joseph Stiglitz, catedrático en la Universidad de Columbia y premio Nobel de Economía en 2001, sostiene que “las sociedades sumamente desiguales no funcionan de forma eficiente, y sus economías no son ni estables ni sostenibles a largo plazo” y menciona entre los perjuicios económicos de una elevada desigualdad “una menor productividad y un menor crecimiento” así como la “erosión de nuestro sentido de la identidad, donde son tan importantes el juego limpio, la igualdad de oportunidades y la sensación de comunidad”. El impacto del desgarro producido por la desigualdad extrema trasciende por tanto el ámbito de lo social y afecta negativamente al funcionamiento óptimo de lo economía. Urge por tanto aprobar la Ley de Emergencia Social no solo porque es una exigencia ética, sino porque es también una urgente necesidad económica.

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(*) El autor es miembro del Círculo de Economía, Ecología y Energía de Podemos si bien este artículo lo escribe a título exclusivamente personal y no representa una posición del Círculo y/o de Podemos.