A poco que sigan la actualidad económica sabrán, que además del paro, el gran drama de España es la competitividad, esto es que nuestras empresas son incapaces de poner en el mercado un mechero a un precio inferior al que lo ofertaría un productor de Dinamarca o de Trinidad y Tobago. Antes de que abrazáramos el euro, la solución consistía en devaluar la peseta, que era débil y se dejaba, con lo que nos hacíamos más pobres de forma indolora. Devaluada la moneda, el mechero nacional costaba aquí lo mismo pero salía más barato fuera, mientras que los productos importados subían de precio en la proporción equivalente.

Como con el euro se acabaron las devaluaciones, los gurús económicos más ilustres, desde Krugman a Díaz Ferrán, se han puesto de acuerdo en que para ganar competitividad sólo cabe ajustar los costes empresariales, ya sea reduciendo las cuotas a la Seguridad Social o rebajando los salarios. Como por lo primero el Gobierno no ha tragado, las empresas vienen dedicándose a lo segundo, con un éxito más que notable. Es palmario que un amplísimo número de sociedades está alcanzando acuerdos con sus trabajadores para que acepten una rebaja en sus nóminas a cambio de no ser despedidos. ¿Chantaje? No. Se trata de la vida, que es muy dura.

Obviamente, ésta no es la única manera de aumentar la productividad. Por plantear una ecuación simple, si alguien fabrica diez armarios y los vende, lo ingresado ha de equivaler a lo que ha costado producirlos más el beneficio empresarial correspondiente. Para conseguir que los armarios sean más baratos se puede tratar de reducir los costes, en efecto, pero también es posible lograr lo mismo recortando los beneficios, y eso es justamente lo que ningún ilustre economista destaca en sus sesudas reflexiones sobre los sacrificios que nos esperan.

Salvo excepciones, que las habrá, márgenes de un 15%, que en cualquier país civilizado se considerarían una ganancia razonable, aquí se toman como un insulto, ya que a ese ritmo uno tarda una eternidad en forrarse. A principios de los 90, Alfonso Guerra planteó una ley de hierro de los beneficios y Felipe González tardó cinco minutos en desautorizarle. Vivíamos, según Solchaga, en el país en el que más rápidamente se podía llegar a rico. Para eso sí que éramos competitivos. Como ahora.