Poco antes de coger un avión para China, Rajoy le dio la puntilla definitiva a la Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de las Embarazadas. Suena feo, pero fue así.

Como era de esperar, horas después, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dimitió, dejó su escaño y anunció el abandono total de la política. Suya era esta polémica reforma, que, en última instancia, no era otra cosa que un intento de redención ante una militancia pepera que siempre lo consideró demasiado rojillo para estar en el PP, sobre todo en el PP madrileño.

Después de tanta sobreactuación, que lo llevó a traicionarse a sí mismo, y vendido por su jefe, no le quedaba otra que marcharse a su casa a pasear a Olimpia.

De inmediato, el Gobierno anunció que su sustituto sería el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, un tecnócrata fiel a Rajoy por la vía Soraya Sáenz de Santamaría, que se está quedando con todo para lo que tenga que ser, si tiene que ser.

Un día antes de la dimisión de Gallardón, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, vaso comunicante de intrigas y otros del ex ministro, compareció en un Juzgado madrileño por su tocata y fuga en la Gran Vía madrileña. Le pidió perdón al juez y dio gracias a la Providencia por no haber sido sometida a un control de alcoholemia tras llevarse por delante una moto de la Policía de Movilidad y darse a la fuga.

Con estos asuntos y alguno más hirviendo en el caldero nacional de la perplejidad y la indignación, la Policía detuvo el pasado miércoles en un piso de Santander al pederasta de Ciudad Lineal después de haberlo identificado 15 días antes.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, destacado antiabortista, y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, aspirante a encabezar la lista del PP en la capital de España en las municipales en competencia con Esperanza Aguirre, vendieron de urgencia la detención del enemigo público número uno.

Quince meses de investigación policial hasta dar con un tipo que residía cerca de la zona y que en su historial constaba una condena de nueve años de cárcel por haber abusado de una niña de seis años.

Tal ha sido el impacto de este caso, que instaló el miedo durante un año largo en uno de los barrios más poblados de Madrid, que la detención del presunto responsable de cinco abusos a menores y tres tentativas ha tapado mediáticamente todo lo anterior, incluido que el juez Ruz confirmara ese mismo día que el PP se lucró de la trama Gürtel.

Demasiadas historias cruzadas de intrigas, traiciones, engañifas, aspiraciones sucesorias y corruptelas con casi los mismos actores, y con Madrid en el epicentro de casi todas ellas.

Pero volvamos al asunto político central que conforma el bosque que los árboles no nos dejan ver. El matarile que le ha dado Rajoy personalmente a la ley del aborto –y de camino a Gallardón- se ha vendido como un intento algo desesperado del PP por recuperar el carril político central, como una maniobra para enfriar el descontento de las clases medias.

El deterioro electoral que está sufriendo el PP, que es casi tan importante como el del PSOE, le aconseja intentar recuperar el camino de la moderación.

Además, después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, pusiera hace pocos días el parche antes de que el frenazo en la zona euro convierta la ‘milagrosa’ recuperación económica española -esa de brotes verdes con raíces- en una nueva engañifa cuando toque las costas de la economía real, y con el desafío soberanista catalán vivito en coleando, en el Gobierno deben haber llegado a la sabia conclusión de que los experimentos, con gaseosa.

Sin embargo, no creo que el PP vaya a decepcionar del todo a su electorado más extremo. Un millón de votantes son muchos votos. Más bien se trata de una jugada política muy medida. Rajoy ha debido dejarse convencer finalmente de que para qué seguir adelante con una reforma que incluso le provoca disensiones internas, si el Tribunal Constitucional puede hacer ese trabajo sin tanto desgaste para el PP. Bueno, Mato introducirá una modificación legislativa, a través del plan de infancia, para que las chicas de 16 y 17 años tengan que contar con el permiso de sus familias para abortar.

Cabe recordar que el ponente del TC del recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP a la Ley Aído es ni más ni menos que el magistrado Andrés Ollero, miembro del Opus Dei, ex diputado popular y reconocido antiabortista.

Teniendo en cuenta lo que le ocurrió al magistrado Pablo Pérez Tremps, que fue recusado por el propio Alto Tribunal a propuesta del PP por haber participado en un estudio sobre el Estatuto de Cataluña antes de ser magistrado, el activismo antiabortista de Ollero, repleto de declaraciones y artículos, puede ser el talón de Aquiles de esta estrategia popular para que los tribunales de justicia le hagan el trabajo político y le allanen el legislativo.

Porque si Pérez Tremps no pudo decidir sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán, Ollero tampoco debería decir ni pío sobre la Ley del Aborto de ZP.