Lola Morillo. Socióloga del Gabinete Interfederal de CCOO

Roberto Abenia. Secretario general de la Sección Sindical Intercentros de CCOO en la ONCE

­La ONCE (Organización Nacional de Ciegos) es una corporación de Derecho Público de carácter social. Los poderes públicos tutelan la ONCE a través del Consejo de Protectorado, formado, entre otros, por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. La ONCE es además una organización de base asociativa que cuenta con más de 70.000 personas que se han afiliado voluntariamente porque cumplen con el requisito de padecer ceguera o deficiencias visuales graves. Carece de ánimo de lucro y sus fines se dirigen a conseguir la autonomía personal y la plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave. Su fuente principal de financiación proviene de la venta del cupón y otros juegos autorizados.

A través de la venta de productos de lotería, la ONCE consigue integrar en la actividad laboral a cerca de 20.000 personas con discapacidad, las vendedoras y vendedores que vemos por la calle, que constituyen el 84% del personal de la entidad. Un dato importante estriba en que entre el personal vendedor son minoría los que tienen una discapacidad visual (39%) y mayoría los que padecen otro tipo de discapacidad (61%). Si bien es positivo que la ONCE dé empleo a personas con otro tipo de limitaciones físicas o sensoriales, esto supone también menos posibilidades laborales para los afiliados a la ONCE, un colectivo que por sus deficiencias visuales graves difícilmente va a encontrar empleo en otros sectores.

Los salarios en la ONCE son un tema polémico. Se desconocen con exactitud las retribuciones de los directivos, a pesar del carácter público de la entidad, aunque se sospecha que son altas. Prueba de ello es que su presidente reconoció en una entrevista a El País en 2013 que ganaba “doscientos y pico mil euros”. Esta cantidad contrasta con las retribuciones de los vendedores y vendedoras, en especial, de aquellos que tienen contrato temporal. El personal vendedor con contrato temporal, cuyo peso en la plantilla oscila entre el 20% para las mujeres y el 22% para los hombres, tiene un salario inferior en un 30% al personal fijo. Se trata de un desarrollo que ha tenido lugar en otras grandes empresas españolas y cuyo resultado es la creación de una doble escala salarial: una para los fijos (senior se llaman en la ONCE) y otra para los temporales (los junior). El personal vendedor fijo cobra 999 euros brutos al mes desde 2012, y el temporal, 699 euros. Tras tres años como junior y una estampita a Santa Lucía, patrona de las personas invidentes, se puede alcanzar el estatus de senior.

Otro tema que preocupa a la plantilla de la ONCE es la venta de productos de juego a través de empresas como estancos, gasolineras o quioscos de prensa. Este canal de venta carece de fines sociales, no promueve la integración laboral de personas ciegas y supone una privatización de una parte de la actividad de la ONCE. El producto que se comercializa a través de este canal complementario, estimado entre el 6 y el 8%, dificulta el logro de la cuantía mínima de venta que se exige al personal vendedor de la ONCE, 4.500 euros al mes. El incumplimiento de esta cantidad mínima, que en 2012 afectó a 2.200 vendedores y vendedoras de la entidad (el 11% del colectivo), puede conllevar sanciones como la suspensión de empleo y sueldo de 10 a 30 días o el despido por “baja rentabilidad”.

La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres constituye un asunto mejorable en la gestión de la ONCE. En los puestos de responsabilidad, los hombres copan los puestos de directivos y mandos intermedios, al suponer el 80 y el 70% respectivamente. Entre el colectivo laboral más numeroso, el personal vendedor, las mujeres representan el 30% frente al 70% de los varones. Este reducido peso de las mujeres no está en consonancia con la proporción de afiliadas a la ONCE (51% en 2014) ni con la importancia de las mujeres entre la población con discapacidad en edad de trabajar (el 46%). Debe recordarse que las discapacitadas sufren una discriminación doble, como mujer y como discapacitada. Prueba de ello es que los hombres discapacitados tienen más facilidad que las mujeres para encontrar trabajo, tal como se deduce de los datos de ocupación de personas con discapacidad, 58% son varones frente al 42% de mujeres, según los datos proporcionados por el INE en su informe El Empleo de las Personas con Discapacidad 2012. Parece, por tanto, urgente la incorporación de mujeres a los puestos de responsabilidad y a la red de ventas.

Un elemento característico de la ONCE que se está perdiendo es la red de centros propios situados en pueblos y provincias de toda España. En ellos el personal vendedor realiza gestiones administrativas relacionadas con la venta del cupón. Sirven también como centro de atención especializada (social, educativa, de ocio) para las personas afiliadas a la entidad, especialmente en los ámbitos comarcales. En los últimos años se han cerrado más de 150 centros, los últimos en las localidades asturianas de Sama y Mieres. Su cierre acentúa los problemas de movilidad del personal vendedor y de las personas afiliadas a la ONCE, que se ven obligadas a realizar largos desplazamientos para poder recibir atención especializada o llevar a cabo las gestiones habituales de su trabajo.

Otro aspecto que supone un deterioro en la calidad de vida del personal vendedor es el desmantelamiento de los servicios de vigilancia de la salud de la ONCE, mediante el despido del personal médico y ATS. Este servicio estaba plenamente justificado entre las vendedoras y vendedores, dada su discapacidad y la conveniencia de tener acceso a servicios médicos en su propia empresa.

Modificar los aspectos señalados debería constituir una prioridad en la gestión de la ONCE y en la función de tutela que desempeña el Estado. Se trata, en definitiva, de garantizar que esta entidad siga desempeñando su inestimable labor social con criterios de transparencia, solidaridad y equidad interna.