Macrogranjas, un modelo precario e insostenible

Castilla-La Mancha se está convirtiendo en el paraíso de nuestro país para la industria de cría intensiva de ganado. Las macrogranjas son subvencionadas por el Gobierno Regional como ninguna otra actividad y disfrutan de una normativa permisiva en materia ambiental. Junto a esta política del gobierno de García-Page, se suma el hecho de que otros países europeos como Dinamarca, Holanda, Alemania o Bélgica aplican legislaciones más restrictivas, al igual que algunas comunidades autónomas españolas como Murcia, Aragón o Cataluña. Todo ello, sumado a la gran demanda del mercado chino, están alzando a Castilla-La Mancha como uno de los principales territorios elegidos para la instalación de macrogranjas de ganadería intensiva. Los datos hablan por sí solos: hasta junio de 2016, fecha en la que se aprobaron las ayudas y el sector porcino fue declarado como estratégico en la región, se presentaban como mucho cuatro proyectos de macrogranjas al año; a partir de aquella fecha hasta mediados de 2018 se han presentado casi 100 al año.

Guadalajara, la más despoblada

Guadalajara y Ciudad Real son las provincias con menos proyectos. En el caso de Guadalajara, las primeras iniciativas en la Sierra Norte y Alcarria, recibieron una contundente respuesta social, logrando que no fueran autorizadas las macrogranjas porcinas de Riofrío del Llano, Brihuega y Cincovillas. Pero la población de la comarca de Molina y Alto Tajo no presentó la misma contestación, y en la actualidad cuenta con cinco instalaciones en marcha (Alcoroches, Pobo de Dueñas, Setiles, Poveda de la Sierra y Tordesilos) y 3 proyectos futuros (Luzón, Traíd y Castellar de la Muela). En total, Guadalajara contaría en la actualidad con una capacidad de 15.000 cabezas de ganado porcino, que suponen una producción anual de 37.500 animales. Ello sin contar la capacidad de las granjas de porcino que aún están en fase de estudio, así como las 40.500 de pavos. A esto habría que añadir la gran cantidad de gallinas y pollos que se crían de manera intensiva en las zonas de la Campiña y la Alcarria de Guadalajara.

Impactos sobre el medio ambiente

Ingentes cantidades de agua, que es obtenida de los acuíferos de la zona; el vertido de purines, generando malos olores; proliferación de insectos; contaminación de las aguas por nitratos y nitritos; grandes insumos de antibióticos que acaban en las aguas residuales y la emisión de gases de efecto invernadero y amoníaco, son los principales impactos de las macrogranjas. En un año, cada cerdo consume más de 5.000 litros de agua, genera 2.150 litros de purines, genera 1 kg de amoníaco y casi 2 kg de metano.

A esto hay que añadir el impacto de construcción de las naves, el tránsito de camiones de gran tonelaje, la instalación de algunas macrogranjas dentro de zonas de la Red Natura 2000 (espacios protegidos a nivel europeo) que la Junta de Comunidades está autorizando, la ampliación de zonas vulnerables por nitratos, que afecta a cada vez más municipios que no podrán beber las aguas en los pueblos por motivos de salud publica, un modelo de producción y cría inhumano, donde la expresión bienestar animal no existe... En definitiva, un modelo de producción totalmente insostenible y cuya repercusión sobre el mundo rural y otras actividades socioeconómicas, sería devastador e irreversible.

¿Merece la pena pagar este precio, para que el PIB regional suba, y los datos macroeconómicos regionales, esos que se supone que rigen nuestra vida y nuestro sistema, suban exponencialmente año tras año?

Precariedad y empresas integradoras

El impacto socioeconómico no es evaluado en ningún documento privado ni público. En los últimos años han desaparecido cerca de 6.000 pequeñas explotaciones ganaderas, dedicadas a la ganadería extensiva, que equivaldrían a 6.000 familias que vivían de esta forma. Las macrogranjas de cría intensiva necesitan sólo una persona trabajadora para una producción de 5.500 cerdos año.

Estas instalaciones tienen una estructura denominada integración vertical, donde una empresa matriz, la integradora (empresa que obtiene el grueso de los beneficios económicos), firma un contrato con el integrado (ganadero y propietario de la macrogranja), y se comprometen mutuamente a que la empresa integradora le proporciona los animales de corta edad para que sean cebados y engordados hasta obtener el peso óptimo en un corto plazo de unos tres meses. Bajo dicho contrato, la integradora se convierte en el suministrador único del pienso, el servicio veterinario y el transporte, gestionando también la comercialización de toda la producción a un precio pactado.

Es decir, se crea un solo puesto de trabajo para producir 5.500 cerdos al año, con unas condiciones económicas cerradas en las que no existe realmente un acuerdo entre iguales. Además, el trabajador de la macrogranja disfruta de escasas o nulas medidas de prevención y salud, estando expuesto a las enfermedades laborales de la actividad, que según el informe de marzo de 2017, de la doctora Ángela Prado Mira, Médico Intensivista del Hospital General de Albacete, incluyen “la inhalación de partículas y gases, como el amonio y el sulfuro de hidrogeno, a concentraciones que pueden resultar peligrosas". Además, "las partículas en suspensión provienen de diferentes fuentes, incluyendo materia fecal seca, alimentos, la caspa y células de piel de los animales, hongos, polvo, y 13 endotoxinas bacterianas, y pueden ser inhaladas durante la respiración normal por los humanos". La combinación de gases y partículas es distinta en cada granja y depende de la especie de animal que se cría, del tipo de alimentos que utilizan, del método de ventilación y de las practicas de manejo y almacenamiento de estiércol, pero es difícil negar ciertos efectos sobre la salud humana. De hecho, un importante porcentaje de los trabajadores de las granjas porcinas sufren uno o mas síntomas de irritación o enfermedad pulmonar crónica, así como resequedad de la piel, irritación de los ojos, nauseas, trastornos cardiovasculares, dolores de cabeza y tos crónica.”

La movilización social originará un cambio

La respuesta social contra las macrogranjas en Castilla-La Mancha está siendo ejemplar en nuestro país. Cientos de personas salen a la calle en concentraciones o manifestaciones contra estas instalaciones, reclamando al Gobierno Regional que cambie el modelo y elimine subvenciones. Miles de personas firman contra estos proyectos, en cada una de las iniciativas de este calado que se ponen en marcha, ya sea vía online o en papel. Se ponen quejas y se articulan campañas contra las integradoras, los macro mataderos, las procesadoras y comercializadoras de carne procedente de estas macrogranjas y contra las cadenas de hipermercados que lo distribuyen. Este es el principio del fin del cambio de un modelo insostenible, que promueve la precariedad laboral e hipoteca el futuro de nuestro medio rural. Un germen que dará sus resultados en Guadalajara y Castilla-La Mancha antes o después.

Porque hay alternativas. NO A LAS MACROGRANJAS.

Alberto Mayor

Ecologistas en Acción de Guadalajara

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