La legítima indignación de dos millones de ciudadanos afectados por la huelga de los trabajadores del Metro madrileño es utilizada estos días como salsa demagógica para lanzar a la cara de cualquiera que se asome al asunto sin ánimo de demonizar a huelguistas y sindicatos. Es cierto que se saltan la legalidad al incumplir los servicios mínimos. Tan cierto como que en cualquier conflicto que afecta a los transportes públicos esos servicios mínimos se negocian, no se imponen por la fuerza que da la autoridad competente. Menos aún cuando esa autoridad se convierte en árbitro y parte del conflicto, puesto que en este caso la Comunidad de Madrid es la propietaria de la empresa pública del Metro.

Hay expertos que ponen en duda incluso la legalidad de la decisión del Gobierno de Aguirre de ignorar el convenio colectivo y aplicar a los trabajadores la rebaja salarial del 5% decidida por el Ejecutivo de Zapatero para los funcionarios de las administraciones, aunque no para los de las empresas públicas. Una vez desatado el caos en la capital, Aguirre pretende ahora culpar (como siempre) a los socialistas. Con su desparpajo habitual, la presidenta madrileña intenta convertirse en víctima de una “maniobra política” en lugar de ejercer su responsabilidad y negociar medidas que eviten un nuevo colapso la próxima semana. Hablar de soluciones militares no parece el mejor camino, salvo que todo esto oculte una “maniobra política” de Aguirre para desgastar (aún más) a Zapatero.