El aborto no solo es el derecho de la mujer a escoger su maternidad y disponer de su propio cuerpo, sin ser tutelada y castigada por las instancias patriarcales represoras, por lo que constituye un derecho humano, reconocido por la ONU, sino que significa una verdadera revolución en la historia de la Humanidad.

Haber conseguido controlar la reproducción ha significado ganar el derecho de las mujeres para disponer de su propia vida, para demandar su participación en la población activa, participar en política, tener recursos económicos, poder viajar, trabajar, estudiar, amar, en libertad. Es decir alcanzar la categoría de ser social y abandonar el destino animal de la división sexual a que nuestra especialidad reproductora nos condenaba.

Es determinante además para la demografía de los países. España tiene la natalidad más baja del mundo desde el momento en que sus mujeres pudieron disponer de anticonceptivos y aborto, y eso trae como consecuencias el envejecimiento de la población, la falta de población activa para compensar las pensiones de los mayores, la necesidad de admitir emigrantes para cubrir la falta de trabajadores.

Todo ello supone la revolución social y económica más importante del siglo XX y XXI. La limitación del derecho al aborto o su prohibición significarían para España la involución más importante en consecuencias económicas, sociales y políticas.

Mantener la prohibición de abortar para las menores de 18 años sin el consentimiento paterno, es imponer una limitación que atenta contra la libertad de esas muchachas –que no se impone en la realización de terapias médicas- y además completamente ineficaz, ya que no me imagino cómo se puede obligar a una mujer a esperar 9 meses de gestación como no sea vigilándola día y noche. Y las mujeres son las únicas que se reproducen. Esta verdad de Perogrullo hay que repetirla constantemente como si fuera difícil no ya de aprender sino de aplicar a la política española.

Además cuidan a los niños, friegan, limpian, cocinan, compran, cosen, organizan la vida de la familia, atienden a los ancianos y a los enfermos. No hemos conseguido, en 40 años de lucha feminista que ese trabajo sea remunerado, ni siquiera que sea contabilizado en el PIB, pero sin él el país se colapsaría, y tampoco sabemos lo que costaría sustituirlo por los servicios prestados por el Estado. Que no serían todos, por supuesto.

Las mujeres, por tanto, mantienen el país por la base. Por la fabricación de todos los seres humanos, su manutención y socialización. Sin ellos no existe sociedad.

Es imprescindible para que esta sociedad sobreviva que se cree una red de servicios sociales pública y eficaz, a fin de permitir a las mujeres con hijos acceder al mercado de trabajo en igualdad de condiciones a los hombres. Será la única manera de incentivar la natalidad, ahora rechazada por aquellas que tienen que enfrentarse a la elección de la maternidad o su carrera profesional.

El desempleo femenino es superior en un millón al masculino. Y la población activa femenina no alcanza más que al 50%, aproximadamente, lo que supone 20 puntos menos que en Francia y 30 menos que en Noruega, y las diferencias salariales entre los sexos son el 30% inferiores los de las mujeres a los de los hombres. Estudios repetidos, de las más importantes instancias internacionales como la OIT, repiten que impulsar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo en condiciones salariales dignas y en trabajos adecuados a su preparación, incrementaría radicalmente la renta de los países, elevaría significativamente el nivel de vida de las familias, permitiría la creación de nuevas empresas y la circulación de nuevos créditos, frenaría y disminuiría la violencia machista, aumentaría la expectativa de vida de las poblaciones, eliminaría el maltrato infantil, ayudaría a resolver situaciones de guerra, de narcotráfico, acabaría con la prostitución, permitiría la participación política de mujeres preparadas que harían cambiar significativamente la explotación de clase y los conflictos armados locales.

Reformar la educación que se imparte a nuestros niños y niñas para que la solidaridad, la igualdad, el feminismo, esté presente en sus estudios y en sus relaciones, es imprescindible para construir un país que quiera que sus hombres y mujeres convivan en armonía. Lograr que la coeducación sea un hecho y no un simple propósito que no se ha puesto en práctica desde 1939, debe ser el proyecto inmediato para el gobierno a fin de que nuestro país no siga teniendo el despreciado lugar que le asigna el informe PISA cada año.

Abolir la prostitución es una obligación para cualquier Estado que se precie de democrático e igualitario. Significa no solo acabar con el infame negocio de las mafias de la prostitución sino también dignificar a sus mujeres que no pueden ser carne de deseo sexual para los hombres.

Es imprescindible, así mismo, mantener la prohibición de los vientres de alquiler que se ha convertido en otro perverso negocio.

Cualquier formación política debería incluir en su programa estos objetivos como imprescindibles para poder reclamarse demócrata. Pues bien, ninguno de ellos se ha incluido en el programa de los 50 puntos acordado en la coalición Izquierda Unida, Podemos y Equo, que por su nombre únicamente incluye a los hombres.

Supongo que tan graves carencias se deben a la imposición de Podemos y Equo puesto que el programa de Izquierda Unida- Unidad Popular, para las elecciones del 20 de diciembre pasado, incluía estos puntos y varios más, que indicaban la preocupación de la formación electoral por la salud, el bienestar y el avance de las mujeres, que en realidad es el de toda la sociedad.

Y yo les vaticino que esta indiferencia mostrada por la coalición hacia su electorado femenino le impedirá ganarse su simpatía, que hubiese estado garantizada si los hombres que la han acordado hubiesen incluido el feminismo en su ideario y en sus listas.

Madrid, 16 de mayo 2016.