Con la tragedia del accidente del tren de Santiago, la baraúnda de polémicas sobre la corrupción en el PP y ahora el desafío de Rajoy al Reino Unido en Gibraltar, ha pasado desapercibido tanto para la clase política -que de estos temas se ocupa poco- como para los medios de comunicación el proyecto del Código Civil que va a imponer la custodia compartida de los menores de un matrimonio en el momento del divorcio, incluso en los casos en que los cónyuges no estén de acuerdo o el fiscal no lo aconseje.

Y sin embargo esta simple reforma, reducida a pocas líneas, va a causar infinitas víctimas. Sobre todo niños.

Si hay actuaciones de las que me arrepiento profundamente es la de mi campaña continuada durante medio siglo para que se nombraran gabinetes de psicólogas y trabajadoras sociales adscritas a los juzgados, que emitieran informes sobre la conducta de los padres con el fin de que el juzgador tuviera elementos concretos y fiables para decidir cuál de ellos era el apropiado para detentar la custodia de los hijos.

Esa reivindicación la sostuve durante tantos años, creyendo, con total ingenuidad, que la formación académica y científica de los psicólogos establecería unas pautas objetivas sobre las que valorar la capacidad de los cónyuges para educar a los niños, y que, por la evidencia de la conducta continuada de las madres y los padres, y más en el momento del divorcio, daría sin duda alguna la custodia de los menores a la mujer, por ser quien está más preparada para criar y educar a los hijos. Teniendo en cuenta, además, como así ha sido, que una mayoría –la casi totalidad- de los profesionales de tales ramas serían mujeres.

Lo que no podía prever –los oprimidos nunca llegan a saber ni siquiera a imaginar los enormes medios que tiene el poder y la torticera manera de utilizarlo que conoce- era que las Facultades de Psicología y las Escuelas de Trabajo Social se convertirían en instituciones destinadas a formar profesionales en el más rancio y cruel patriarcalismo, y que los colegios de psicólogos se organizarían para defender a ultranza a esos profesionales dentro del más exclusivo corporativismo. De tal modo, la doctrina que allí impera es la de la clasificación de las mujeres en los tipos que los escritores, filósofos, psicólogos, políticos, de todos los tiempos nos han descrito: la mujer masoquista que se complace en sentirse víctima, la vampiresa que seduce a los hombres para arrastrarlos a la ruina, la frígida que no contenta a su marido, la descuidada en su arreglo y dotes personales que no puede atraer a ningún enamorado, la malhumorada y de carácter irascible que hace la desgracia de toda la familia, etc.etc.

Véase la producción filosófica y “científica” sobre este tema de Tertuliano, San Jerónimo, Boecius, Shopenhauer, Nietsche, Freud, etc. hasta nuestros días, con las actuales e indispensables aportaciones de escritores -y hasta de alguna escritora-, de periodistas y de tertulianos televisivos españoles machistas, que repiten en sus escritos y comentarios sobre las mujeres los mismos juicios que nuestros clásicos. Al mismo tiempo, excepto que el hombre haya asesinado o apaleado gravemente a la mujer -y aun así, que algo habrá hecho ella para provocarle, la violación nunca tiene verdadera importancia a la hora de emitir esos dictámenes psicológicos, ni por supuesto los abusos sexuales a los menores- el marido siempre es víctima de las tortuosas conspiraciones a que lo somete su mujer. Las Asociaciones de Madres contra la Custodia Compartida nos informan cotidianamente del terrible problema que se ha creado a las madres de niños pequeños con este nuevo sistema de reparto de los hijos y de la extremada crueldad con que los jueces –incluyendo a las juezas-, los fiscales, los psicólogos y las psicólogas y las asistentes sociales disponen de la vida y la felicidad de los menores y de las madres, en beneficio de los padres.

El padre por el deseo de vengarse cuando ha sido la mujer la que ha solicitado el divorcio o por no tener que pagar la pensión de alimentos, es evidente que en muchos casos los maridos no vienen haciéndolo, solicita la imposición de la custodia compartida de sus hijos, e inmediatamente tiene a su favor todo el entramado judicial. Los juzgados, que aceptan complacidos las excusas de estos padres, que alegan no tener recursos para pagar las pensiones, en muchos casos de 150 euros, no albergan el más mínimo interés en averiguar cómo éstos mismos progenitores que están en la miseria pueden costearse buenos abogados, psicólogos y detectives.

Mientras tanto las madres tras los procesos de modificaciones de medidas quedan absolutamente en la ruina. Muchas afectadas han sufrido hasta seis modificaciones de medidas y todavía siguen en ello. Han visto depender su vida de los procesos judiciales, para defenderse de los cuales tiene que invertir todos sus recursos económicos y psicológicos. En ocasiones tanto los hijos como la madre descienden en calidad de vida hasta la evidente pobreza. Y esto es exactamente lo que los padres pretenden y a los que la justicia apoya incondicionalmente.

Al mismo tiempo, este régimen de vida perturba a los menores, que quedan muy afectados. La imposición de la custodia compartida está desestabilizándolos y las secuelas pueden llegar a ser irreversibles.

La situación está siendo tan grave y generalizada que han proliferado multitud de asociaciones de madres contra la custodia compartida, y alguna como la creada en Navarra, colectivo ADENI, por Coro Gracia Roncal, en contra del maltrato infantil. A través de ella, una veintena de madres y padres se han unido para defender los derechos de la infancia ante su “indefensión” por parte de las instituciones. Los detonantes: la negativa de niños, víctimas de conflictos, a ver a uno de sus progenitores y las carencias de los puntos de encuentro familiares. Gracia explica que se ha fomentado principalmente la mediación, que las parejas “se lleven bien”, por encima de la “voluntad” de los menores. La asociación denunciaba “que la familia no ha pasado por la necesaria transición democrática”, pero se manifestaba de tal forma porque no tiene información sobre el Patriarcado que supera, sobrevive e influye en cualquier democracia que no sea feminista.

El colectivo ADENI nace de la dura experiencia personal de la promotora tras haber batallado durante ocho años hasta conseguir que se “escuche y respete” la opinión de sus hijos, hoy de nueve y diez años, en su negativa a ver a su padre en el Punto de Encuentro Familiar. Se trata de un servicio de mediación, dependiente en Navarra de Política Social, que supervisa visitas derivadas en su mayoría de juzgados y en menor proporción de la sección de Menores del Ejecutivo foral. Coro compareció ante el Parlamento navarro para exponer sus reivindicaciones, compartidas por numerosos padres y madres agrupados en ADENI, con bases en Madrid y Andalucía, y contactos con todas las comunidades.

El colectivo pretende el estricto cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1990) en el que los niños son sujetos de pleno derecho. Gracia argüía que de acuerdo a lo que dice la ley los niños no tienen que ser escuchados hasta los 12 años, pero lo cierto es que la última modificación del Código Civil deja al absoluto arbitrio del juez la exploración de los menores sin límite de edad, por lo que podría realizarse incluso antes. Lo que en la realidad sucede es que los jueces suelen inhibirse de esta actuación y ni siquiera cuando han sobrepasado esa edad la practican, lo que no supone tampoco, en el caso de que sí lo hagan, que la conclusión que realicen sea mínimamente neutral. Sin embargo, la Convención de los Derechos del Niño lo valora desde los 5 años.

Con esta y otras muchas experiencias, el objetivo del colectivo consiste en “buscar la implicación, la involucración de todas las instituciones: educación, salud, servicios sociales… Que los pediatras vean los trastornos que sufren los niños y niñas que tienen problemas en los regímenes de visitas, que se impliquen los profesores, los jueces, fiscales, abogados, psicólogos, los profesionales de servicios sociales…”. Pero a esta petición de la representante de ADENI las instituciones replicarán que con la ley en la mano se están cumpliendo tales requisitos. En los procesos judiciales por la custodia de los menores están implicados los jueces, los fiscales, los abogados, los psicólogos, los trabajadores sociales y por supuesto los abogados. Lo que no se explica es cómo lo hacen. Porque los abogados cumplen con su misión cuando defienden a una de las partes en el litigio, independientemente de cuál de ellas tenga la razón, los jueces se limitan a observar al proceso y a dictar sentencias con un marcado sesgo patriarcal, los fiscales tantas veces no intervienen o se limitan a informar en beneficio del padre, y los psicólogos si son de parte ratifican la petición de cada una de ellas. Por tanto la petición de Coro Gracia peca de la ingenuidad que es el distintivo de todas las clases sometidas: su confianza en unas instituciones organizadas y provistas por los profesionales que aplican la ideología de la clase dominante.

El peligro mayor radica en los peritos judiciales que emiten los informes en su mayoría favorables a la pretensión del marido. Trabajan en los servicios del SATAF (Servicio de Atención a la Familia) adscritos a los Juzgados –la mayoría realizados por empresas privadas que han encontrado en ese servicio un nicho de empleo y de beneficios- mediante unas entrevistas a los padres que no exceden de 20 minutos, realizadas por trabajadoras sociales y psicólogas formadas en la ideología patriarcal más rancia, en la que, como explica Coro Gracia prevalece el objetivo de “reconciliar” a los padres sobre el de establecer las pautas de relación que sean más beneficiosas para los menores. Y siempre bajo el criterio de que la mujer utiliza argumentos falaces para acusar al marido de diversas faltas: maltrato, abusos sexuales, abandono económico, adulterio, con el único fin de obtener la custodia en exclusiva del hijo y una pensión alimenticia sustanciosa.

Este criterio no está implícito o matizado por un lenguaje técnico y hermético, sino que se explicita en los informes con todo cinismo. Las frases: “la madre se instala en su papel de víctima”, “la madre ha influido sobre el niño para crear una imagen negativa del padre” “la denuncia de abusos sexuales es una estrategia para desprestigiar al padre con el objeto de obtener beneficios”, se repiten como consignas en los informes psicológicos emitidos por esos servicios oficiales de los juzgados.

Jueces y juezas hay que en cuanto entra una demanda de divorcio o de malos tratos presentada por una mujer, la derivan al forense para que dictamine si está mintiendo, porque las declaraciones de las mujeres son siempre desconfiables. Aunque nuestros códigos no lo digan, en España rige el principio de que el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre, como en la ley musulmana.

Pues bien, si esta era la penosa situación en que nos encontrábamos, con la nueva modificación del Código se afianzará aún más la doctrina judicial que establece una convivencia compartida de los hijos o hijas con los padres, que es absolutamente esquizofrénica. Obligados los menores a trasladarse continuamente de un domicilio a otro, y que tienen sus únicas pertenencias en la mochila, hemos convertido a los niños en maletas de las que disponemos a mayor honra y beneficio del patriarca.