Pablo Carmona (@pblcarmona), concejal del Ayuntamiento por Ahora Madrid

“Madrid, capital okupa”. Con este titular abren sus machaconas intervenciones la derecha madrileña. En el pleno del ayuntamiento, en la prensa, en sus apariciones en televisión, “nuestros liberales” acusan a todas aquellas familias que han decidido refugiarse de manera ilegal en las decenas de miles de casas abandonadas que existen en nuestra ciudad.

Exigen la aplicación del código penal, el desalojo y la puesta en marcha de toda clase de mecanismos punitivos. A un lado, condenado al olvido, apartan las consecuencias de nuestro modelo económico basado en la especulación inmobiliaria: 3,4 millones de viviendas vacías y cientos de miles de desahuciados. Por eso ¿de qué estamos hablando cuando decimos “viviendas ocupadas”?

Hay quien se refiere a una quimera: a lo largo de nuestra historia, las políticas de vivienda se han anticipado a las necesidades de la población. Y nos dicen que se ha construido tanto como para que hasta el 80 % de los hogares tengan una vivienda en propiedad. Un “país de propietarios”, repiten. Pero ¿estamos seguros de la eficiencia de nuestras políticas de vivienda?

Por desgracia la historia de las políticas públicas de vivienda de nuestro país son un triste ejemplo de reacciones tardías y casi siempre incapaces de cubrir las necesidades más básicas de la población. Así sucedió con las leyes de casas baratas de los años veinte, con las políticas franquistas de los “Poblados” (dirigidos, de absorción, UVAs) de las décadas de 1950 y 1960; y también en las décadas de democracia, con las políticas que arruinaron el parque público de vivienda y el mercado de alquiler. En nuestra historia, las necesidades de vivienda han sido sistemáticamente sepultadas por la trituradora inmobiliaria.

En todas estas “crisis de vivienda”, en todas, se produjo la misma respuesta social: la ocupación “ilegal” de suelos, viviendas y propiedades. El Madrid de nuestros abuelos y de nuestros padres se forjó en las periferias de la ciudad a base de ocupaciones de tierras, de construcciones ilegales y precarias, de viviendas hechas y habitadas fuera o al filo de la ley, en forma de ocupaciones. Hoy la historia se repite. Nuestras ciudades son las de la emancipación imposible para los jóvenes, las hipotecas vampíricas y las viviendas vacías.

De forma harto curiosa, este contraste entre necesidades no satisfechas de alojamiento y un enorme parque de vivienda desocupado nos devuelve a un problema muy recurrente en nuestra historia, y muy propio de la tópica liberal: las propiedades en manos muertas. Desde finales del siglo XVIII, el gran caballo de batalla del pensamiento económico liberal fue el aprovechamiento y puesta en circulación de todas aquellas propiedades que, en manos de las fuerzas dominantes del Antiguo Régimen (la Iglesia principalmente), permanecían sin utilización ni aprovechamiento económico. Al fin y al cabo, se luchaba contra una economía basada en la obtención de rentas y no en el impulso de la propia actividad económica.

Todos recordamos de nuestras clases del colegio el famoso capítulo de la desamortización. Este procedimiento se aplicó en al menos cuatro ocasiones en poco más de un siglo. El mecanismo era sencillo, el Estado daba carta legal a un proceso de expropiación masiva de propiedades supuestamente en desuso. Al menos en teoría, estas debían pasar a pública subasta para que pudiesen ser explotadas adecuadamente. De aquellos decretos de desamortización, los más conocidos y de mayor importancia, fueron los de Mendizábal. Menos conocidos son, sin embargo, los debates parlamentarios que se produjeron con anterioridad a su aprobación en 1836, y que todavía hoy resultan inspiradores.

Entre aquellas disquisiciones destacan algunas aportaciones de Álvaro Flórez-Estrada. El liberal-progresista abrió una discusión, de plena actualidad, sobre la relación entre propiedades sin aprovechamiento ni uso y las necesidades sociales. En su discurso Del uso que debe hacerse de los bienes nacionales, Flórez-Estrada comentaba: “La mala distribución de la riqueza es, en último resultado, el origen de todas las querellas del género humano. Jamás hubo revolución o tendencia a variar las instituciones existentes que no tuviese por objeto mejorar las leyes que arreglan la posesión de la riqueza territorial, a fin de distribuirla de un modo más conveniente a los intereses de la mayoría de los asociados o, lo que es igual, a lo que la justicia dicta.”

El fondo de la cuestión se dirimía en torno a dos extremos: instrumentalizar la desamortización para pagar la deuda nacional o llevarla a efecto para iniciar una profunda reforma agraria que repartiese el uso y disfrute de las expropiaciones en favor de las clases campesinas. Como es bien sabido, la venta de tierras se empleó para pagar la deuda. La consecuencias se cifraron en un doble error: la liquidez obtenida en tiempos en los que se subastaban en masa las propiedades expropiadas fue muy baja y, de otra parte, no hizo más que favorecer a las oligarquías locales que compraron a precio de saldo ingentes cantidades de terreno. En esta época, se encuentran por primera vez los nombres de dinastías que han seguido hasta nuestros días, y que más tarde conformarían la siempre peculiar burguesía española con su histórica propensión a la especulación inmobiliaria. Se explica así también que en la expropiación se pujase sobre los bienes comunes y municipales, que fueron usurpados a los pueblos y sus gentes, también en provecho de unos pocos.

El recuerdo de este episodio, nos devuelve a nuestro presente. Basta con sustituir aquellas tierras en manos muertas, por las cientos de miles de viviendas vacías que en la actualidad poseen las entidades financieras o diversos conglomerados empresariales. Como en un juego de espejos, las familias desahuciadas, hacinadas, subarrendadas o con viviendas en precario que viven en nuestro país se miran constantemente en aquellas propiedades cerradas y sin uso que se desparraman en nuestras ciudades.

Resulta lógico que en los últimos años se haya interpelado directamente a los grandes tenedores de viviendas vacías, como los bancos —y especialmente a aquellos respaldados con grandes cantidades de dinero público—, para que pusiesen esas propiedades muertas al servicio de una necesidad social tan acuciante. Y sin embargo, la inactividad de las instituciones públicas, la falta de efecto legal de las medidas de expropiación de uso o las experiencias de penalización fiscal de las viviendas vacías no han logrado todavía, una movilización real y efectiva del parque de viviendas vacías: las tierras en manos muertas del siglo XXI. Conviene matizar, de cara a nuestros maledicentes liberales, que estos procesos de expropiación o penalización deben ceñirse a los parques de viviendas vacías de los grandes propietarios. Nada tiene que ver la falta de uso temporal de una vivienda por parte de una familia particular (el propietario de una segunda vivienda o de un piso en la playa), con la deliberada inacción por parte de inversores y grandes capitales.

Únicamente en este contexto marcado por el contraste entre los grandes propietarios “absentistas” y las acuciantes necesidades de cobijo, debemos entender por qué miles de familias han decidido entrar en una vivienda vacía buscando alojamiento para sus familias. La ocupación de viviendas se nos presenta como una proceso de desamortización desde abajo, promovido por familias anónimas que resuelven de manera precaria y de un modo temporal la falta de vivienda.

Se de sobra, que a esta afirmación suelen seguirle los coros que nos recuerdan que esas familias están actuando de manera ilegal, cometiendo un delito. Pues sí, es un delito. Lo que sorprende no es esta obviedad, sino que tan pocos incidan en que mayor ilegalidad y de consecuencias infinitamente más graves es el incumplimiento sistemático por parte de las administraciones públicas de su obligación de velar por el derecho a la vivienda. Con la diferencia de que a los administradores públicos nadie les condena a prisión por semejante incumplimiento de la legalidad. Recuérdese el artículo 47 de nuestra Constitución y también que el mismo texto reitera varias veces la “función social de la propiedad”.

Sobre esta deuda con la ciudadanía más desfavorecida y no con otra, los políticos debemos trabajar desde las instituciones del cambio. Cualquier esfuerzo en la investigación sobre modelos de incentivación del alquiler, la expropiación de uso y penalizaciones fiscales similares a las que ya practican muchos países de nuestro entorno, puede movilizar la vivienda vacía, en ocasiones a partir de instrumentos que ya contempla la legislación española. Sólo así se conseguirá ofrecer una solución razonable para los pequeños propietarios con residencias vacías y vías de presión efectivas para que los grandes propietarios se vean obligados a socializar un patrimonio que a día de hoy lo pagamos entre todos.