No sé a ustedes, pero al arriba firmante se le queda cara de gilipollas (más aún de la que naturalmente porta) cuando lee y escucha las reacciones del Partido Popular y de su coro mediático sobre la trama de corrupción investigada por la justicia. Basta leer los últimos autos de Baltasar Garzón, en los que da traslado de las actuaciones a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, para alucinar en mil colores. Conviene explicar que dichos autos son un resumen de los indicios de delitos que la Policía y la Fiscalía Anticorrupción han acumulado desde hace años. Van acompañados de unos cuantos kilos de documentos, grabaciones y testimonios que pertenecen todavía al secreto del sumario. Vamos, que no es que Garzón se despertara una mañana y, entre tiro y tiro en una montería acompañado del inefable Bermejo, sufriera un ataque de ira antipopular. La perplejidad se produce con el simple repaso de algunos hechos no presuntos ni supuestos, sino ya documentados.

Presunción de inocencia

El dúo “trigo limpio”, formado por Francisco Correa y Alvaro Pérez El bigotes, miembros del círculo íntimo de Alejandro Agag, el yerno de Aznar, actuó como mínimo entre 1996 y 2004 en connivencia con dirigentes de la sede nacional del PP. Controlaban la organización de eventos del partido y hasta la despedida de soltero del propio Agag, a cuyo bodorrio en El Escorial asistieron puro en mano.

En esa época pasaron por la secretaría general del PP Álvarez Cascos, Javier Arenas y Rajoy. ¿Ni ellos ni el tesorero Álvaro Lapuerta se enteraron del tinglado de “trigo limpio”? Entraban y salían de la sede nacional de la calle Génova con el mismo desparpajo que desplegaban en los ayuntamientos más ricos de Madrid y en las comunidades de Madrid, Valencia y Castilla y León. Según la contabilidad intervenida, sus empresas recibían adjudicaciones sin las incomodidades de competir en concursos públicos. Luego pagaban a ciertos alcaldes, diputados o consejeros comisiones millonarias.

¿Ni Alberto Ruiz-Gallardón ni Pío García Escudero ni la propia Esperanza Aguirre, responsables de la Comunidad o del PP de Madrid en las sucesivas etapas, se enteraron de nada? La respuesta es no, puesto que hay que aplicar el sagrado principio de la presunción de inocencia, al que viene agarrándose el PP cada diez minutos desde que estalló el escándalo.

Por supuesto, ese principio sólo cabe aplicarlo a quienes le plazca a la dirección del PP. No tiene ese derecho, por ejemplo, el juez. No sólo le han acusado reiteradamente de prevaricador, sino que, ayer mismo, Esperanza Aguirre aseveró lo siguiente en una entrevista con su predicador favorito, Federico Jiménez Losantos, ilustre receptor de licencias de televisión digital en la comunidad madrileña: “De lo que se acusa a Camps es inferior a los regalos que ha recibido Garzón”. ¿Tiene pruebas de eso la lideresa? A lo peor los magistrados reciben dádivas “por convenio”, o sea, por la misma exótica razón que en el Gobierno madrileño se espiaban unos a otros.

Trajes y finanzas

La presunción de inocencia es para el PP flexible como el plexiglás. Ayer fueron expulsados del partido los alcaldes y militantes salpicados por la trama en Madrid, al tiempo que defendía la honorabilidad absoluta de Francisco Camps y de su número dos, Ricardo Costa. Uno de los argumentos de Rajoy, Cospedal y los editorialistas que les inspiran es otra patada a la inteligencia media: “Existen tantos indicios de delito en los trajes de Camps como en las cacerías de Garzón” (con Bermejo). Vale. Pues son las once de la noche del viernes y todavía no han dimitido el señor Camps ni el señor Costa; ni un solo dirigente o tertuliano de los que argumentan tal cosa se lo han exigido, como hicieron (con razón) en el caso de Bermejo. Para estos señores y señoras no tiene importancia que Camps y el vicepresidente del Poder Judicial se reúnan largamente y luego salgan disparando contra Garzón. Ni que Camps y el presidente del Tribunal Superior de Valencia que ahora decidirá si le imputa hayan presumido públicamente de su amistad. Ni que el PP pagara en dinero negro parte de la organización del congreso valenciano de 2002. Ni que el partido recibiera más de 420.000 euros de las empresas del dúo “trigo limpio”. ¿Indicios de financiación ilegal? ¿O de fraude fiscal? No, gilipollas, esto es una conspiración siniestra en la que participan jueces, fiscales, policías y periodistas (pocos).