En matemáticas se la llama la prueba del 9 y permite saber si el resultado de una operación –una suma en este caso- es correcto o contiene algún error. Algo parecido es lo que ha propuesto Pablo Iglesias a Pedro Sánchez en una carta abierta que publica en La Vanguardia: negóciese un Gobierno de coalición y sométase a la confianza del Congreso; si no obtiene los apoyos necesarios en la investidura, Unidas Podemos se compromete a revisar su posición y permitir al PSOE intentarlo en solitario con su apoyo parlamentario. En resumen, si se detecta el error en la suma se repetiría la operación a la manera de Sánchez.

La propuesta tiene bastante sentido porque, hasta el momento, el principal recelo de los socialistas para oponerse a la entrada de dirigentes de Podemos en un eventual Ejecutivo de coalición era el rechazo que generaría en otros posibles socios, lo que impediría alcanzar la mayoría necesaria. Al menos éste era el argumento que públicamente se ha usado con mayor profusión. Respecto a la otra gran prevención de Sánchez, esto es, que las discrepancias respecto al conflicto de Cataluña y a la sentencia del procés convirtieran el Gobierno en un polvorín, Iglesias viene a dar su palabra de que la voz cantante la llevará el partido que ganó las elecciones. En traducción libre, que el ruido que pudiera producirse en el Consejo de Ministros no será ensordecedor ni afectará a su continuidad.

No es previsible, sin embargo, que estas garantías cambien la posición del PSOE, ya sea porque la desconfianza que demuestra hacia su llamado socio preferente es absoluta, porque está convencido de que Podemos no mantendrá su pulso hasta el punto de unir sus votos a los de la derecha para tumbar la investidura, o porque entiende que la repetición electoral les permitirá acrecentar su representación parlamentaria en detrimento de sus supuestos aliados y de sus adversarios declarados.

Siendo la oferta de Sánchez la de tejer un Gobierno de cooperación con presencia de dirigentes de Podemos en otros puestos de la Administración y asentado en un acuerdo programático de legislatura, habrá quien se pregunte por qué nadie da el paso de exigir que dichas negociaciones comiencen dejando para el final la gran controversia. Muy posiblemente, la razón es que no interesa a ninguna de las dos partes. Alcanzado un acuerdo sobre lo que hacer, el PSOE tendría difícil explicar por qué sólo su negativa a compartir el Ejecutivo con ministros de Podemos impide llevar adelante lo pactado. A la inversa, Podemos tendría igual de difícil sostener que únicamente con sillones en el Consejo es posible asegurar el rumbo progresista del Gobierno que ya se ha plasmado por escrito.

Hay razones para que ambas partes se apeen de sus respectivos burros y hasta para que lleven hasta el final esta pugna insensata que sólo puede provocar que los votantes, llamados a las urnas por enésima vez, manden a sus protagonistas a hacer gárgaras. Hay que tenerlos cuadrados para defraudar las expectativas de más de 11 millones de electores y someter al país a varios meses de interregno sin la seguridad absoluta de que la llave del Ejecutivo no cambiará de bolsillo.

Bien es cierto que la responsabilidad de que ello ocurra no sería compartida a partes iguales. A Podemos se le puede reprochar que su empecinamiento en figurar en el sanedrín del poder ejecutivo es una salida airosa a su crisis interna, con lo que antepone su estrategia partidista al interés general. Pero no hay que olvidar que es el PSOE el que tiene la sartén por el mango ya que en manos de Sánchez, llegado el caso, estaría decidir sobre la continuidad de Podemos en el Gobierno o, a mayores, anticipar las elecciones si la gobernabilidad se hiciera imposible. ¿Que eso mandaría un mensaje de inestabilidad poco deseable? Es posible. Ahora bien, ¿qué mensaje envía otra repetición electoral? ¿Habrá que seguir votando hasta que el PSOE tenga mayoría absoluta, hasta que Rivera deje de hacer el perrengue y le dé otro abrazo o hasta que la derecha sume lo suficiente? Seamos serios.