Recién caída del guindo, la prensa catalana ha descubierto de manera unánime que el Tribunal Constitucional está politizado y hasta es posible que pronto repare en que también lo está el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, o sin salir de Cataluña, el consejo de TV3, el CAC o el recientemente formado Consejo de Garantías Estatutarias. No se puede sino coincidir con el análisis: el Constitucional está politizado y el despolitizador que lo despolitice buen despolitizador será, si es que a alguien le interesa intentarlo.

Ahora bien, de la lectura del insólito editorial publicado por una docena de diarios catalanes se infiere que lo preocupación de sus autores no es la politización escandalosa del Tribunal, sino que ésta ya no se ajuste al guión establecido, según el cual el denominado bloque progresista debía gozar de mayoría frente al conservador, lo que aseguraba al Estatut un tránsito sin tachaduras ni enmiendas dignas de mención.

Baste recordar que buena parte de los tres años y medio que el fallo sobre el texto lleva varado en el Tribunal se han empleado en dirimir dicha mayoría, que parecía asentada tras compensarse la recusación de Pérez Tremps con el fallecimiento de García Calvo y prorrogarse el mandato de cuatro de sus miembros. Lo que ha venido a desordenar el tablero ha sido el aparente cambio de actitud del magistrado Manuel Aragón, quien, al parecer, habría asumido algunos planteamientos del ‘enemigo’ y trastocado la correlación de fuerzas. Para colmo, Aragón participa en los debates porque fracasó una tentativa para recusarle. ¿De quién? Del PP.

El segundo gran descubrimiento de la prensa catalana es que el Constitucional tiene la última palabra sobre el Estatut, y que sería inaceptable que ésta colisionara con las del Parlament, las Cortes y la que los ciudadanos expresaron en las urnas. Lo cierto es que la tiene ahora y la tenía cuando se presentaron los recursos. ¿Sería cuestionable que, a la luz de la Constitución, el Tribunal desoyese el resultado de un referéndum para reinstaurar la pena de muerte? Sus competencias, por cierto, fueron ratificadas en sufragio por una mayoría de españoles. Aquí, como en el editorial, cabe también decir aquello de pacta sunt servanda. Lo pactado obliga, sí, pero a todos.