¿Quién paga los libros de texto?

Jorge Calero

Como cada año, las familias afrontan estos días la adquisición de los libros de texto para sus hijos. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan, el gasto en el que incurren puede ser muy diferente. En la última década han proliferado los programas autonómicos que permiten aligerar a las familias de esta carga. Las alternativas son diversas, incluyendo la gratuidad total, programas de reutilización, “bonos-libro” que cubren parte del coste y becas selectivas de diferente cuantía. Como veremos, unas son mejores que otras.

El tipo de cobertura del gasto en libros de texto nos ilustra bien acerca de dos tendencias que encontramos en muchas otras políticas públicas aplicadas por las comunidades autónomas. Por una parte, una cierta competencia que empuja a las comunidades a ofrecer nuevas prestaciones para no quedarse atrás con respecto a otras, a partir de la iniciativa pionera de Castilla-La Mancha del año 2000 (basada en el préstamo de libros por parte de la Administración). Por otra parte, una progresiva polarización por la que las comunidades en las que gobierna el Partido Popular y las gobernadas por el PSOE se alejan progresivamente en cuanto a la orientación de las políticas sociales. El caso de Galicia nos proporciona un ejemplo claro de ello: la política de préstamo gratuito de los libros de textos, establecida en 2003, ha sido reformada recientemente por el nuevo Gobierno conservador. La cobertura universal se ha sustituido por unas ayudas de 180 euros selectivas y cuya concesión depende de los ingresos familiares. Se trata de un enfoque asistencial que comparten otras políticas sociales en comunidades gobernadas por el Partido Popular.

La justificación de una intervención pública que haga accesibles los libros de texto a todas las familias está relacionada con el principio de gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios. En muchas comunidades se ha interpretado que tal gratuidad debe abarcar, también, a los productos complementarios, como los libros de texto, lo que parece razonable. En ocho de ellas el acceso gratuito a los libros se efectúa en régimen de préstamo, como he mencionado: los alumnos reutilizan libros empleados en cursos anteriores, lo que permite reducir el despilfarro que tradicionalmente se había producido en este ámbito. Un sistema de este tipo es demasiado intervencionista si se observa desde posiciones liberales, que presumiblemente apoyarán la compra particular por parte de las familias. Sin embargo, parece el más recomendable para reducir los costes totales (sean públicos o privados) de la compra de libros: a la reducción del despilfarro debe sumarse otro ahorro, el que proviene de la posibilidad de efectuar compras de mayor volumen por parte de la administración educativa.

Los cheques selectivos (en este caso, los “bonos-libro”) ejercen un atractivo insuperable para los gobiernos del Partido Popular; sin embargo, no parece que en este caso constituyan la mejor herramienta para asegurar la gratuidad de la enseñanza y la contención de los costes de la educación.

Catedrático de Economía Aplicada