Fernando Luengo, economista

Blog Otra economía: https://fernandoluengo.wordpress.com

@fluengoe

Todavía resulta prematuro avanzar datos verosímiles sobre el impacto que la crisis económica y social provocada por la pandemia tendrá sobre el empleo y los salarios, pero ya se puede afirmar que será enorme, sin precedentes. En todo caso, conviene puntualizar que la degradación de las condiciones laborales viene de lejos.

Los últimos años de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) no han mejorado la situación de la mayor parte de los trabajadores. Es cierto que entre 2014 y 2019, periodo en el que la economía española registró un aumento acumulado en el PIB del 14%, superior al promedio comunitario, se crearon 2,4 millones de nuevos empleos, lo que supuso un alza del 13,7%, pero buena parte de los mismos fueron precarios.

En efecto, el porcentaje de los contratos a tiempo parcial, aunque se redujo ligeramente, todavía alcanzaba en 2019 el 14,5% del empleo total; y el de los temporales aumentó desde el 23,2% al 26,3%. En conjunto, ambas categorías representaban en 2019 el 40,8% de todo el empleo. Es muy relevante tener en cuenta que buena parte de los trabajadores con contratos a tiempo parcial desearían trabajar más horas (el 54,4% en 2019); lo mismo con los acogidos a la modalidad de contratación temporal porque no pudieron hacerse con un contrato indefinido (el 80,1% en ese año).

Se suele presentar como un éxito de la política económica llevada a cabo la notable reducción de la tasa de desempleo (número de parados en relación a la población activa). En 2014 afectaba a una cuarta parte de la fuerza de trabajo, reduciéndose en 2019 hasta el 14,2%; porcentaje que, en todo caso, todavía era el segundo más alto de la Unión Europea. El nivel de desempleo es mucho más elevado si, siguiendo el criterio de Eurostat, se añaden a los datos oficiales los contratados a tiempo parcial que desearían trabajar más horas, las personas que buscan trabajo, pero no están inmediatamente disponibles, y las que estando disponibles no están buscando un empleo. Considerando estas categorías, la desocupación afectaría en 2019 al 23,8% de la población activa.

Al contrario de lo que presupone el pensamiento económico conservador, ni el crecimiento del PIB ni el aumento del empleo han tenido un impacto positivo sobre los salarios de la mayor parte de los trabajadores (los de las elites empresariales tampoco dependen de esas dos variables, sino de su posición de poder y de los privilegios que se derivan de la misma). En el periodo considerado, la compensación promedio de los salarios permaneció virtualmente estancada y el peso de los mismos en la renta nacional se redujo en 0,7 puntos porcentuales. En este contexto de estancamiento retributivo, la proporción de trabajadores que son pobres a pesar de disponer de un empleo alcanzó el 13%, el tercer país europeo con más pobreza ocupacional.

Un último indicador para dar cuenta, de manera somera, de la precarización de la dinámica laboral es el volumen de horas extraordinarias no remuneradas. En el cuarto trimestre de 2019, aun cuando se habían reducido en relación al primero de 2014, estaban contabilizadas 2,5 millones de horas semanales y representaban el 42% del total de horas extraordinarias, lo que equivalía, en cómputo anual, a unos 70 mil empleos.

Es evidente, pues, que la pandemia ha irrumpido en un contexto laboral degradado, débil y vulnerable, con escasa capacidad para hacer frente a un shock de esas proporciones. Pero además de constatar ese hecho, a la hora de diseñar una política económica para superar la crisis, de la trayectoria reciente de la dinámica laboral cabe extraer, al menos, una lección.

La mera apelación al crecimiento del PIB -que, en el mejor de los escenarios, será muy lento- en absoluto implica necesariamente una mejora sustancial en la dinámica ocupacional y en las retribuciones de los trabajadores. El empleo precario, la pobreza ocupacional, la presión salarial y la intensificación de los ritmos de trabajo, que caracterizan a nuestro mercado laboral, no sólo aparecen en los episodios de crisis o en las recesiones; como hemos visto, son perfectamente compatibles con una eventual recuperación de la actividad económica. Son elementos consustanciales a un proceso de acumulación capitalista crecientemente extractivo y a unas relaciones de poder cada vez más favorables al capital que lo sostiene. Esto es lo que hay que cambiar y lo que las elites harán todo lo posible por mantener; por eso no es cierto que “todos estamos en el mismo barco y remamos en la misma dirección”.

En los próximos meses veremos cómo la retórica política se impregna de expresiones como “es preferible trabajar que no trabajar”, “dejemos los derechos para más adelante, cuando se haya consolidado la recuperación”, “las exigencias salariales no deben comprometer los beneficios de las empresas”. Lo sabemos muy bien y la experiencia lo demuestra, con esas banderas -que apelan a una suerte de sentido común que, en estos momentos, puede tener cierto recorrido social debido a la angustia y la muy difícil situación de la población-, aumenta la desigualdad, se normaliza y perpetua el actual estado de excepcionalidad y, en definitiva, no se sale de la crisis.