Al principio el Gobierno de Colombia dijo que no habría bases en su territorio para los militares norteamericanos. Luego dijo que serían tres. El embajador de Estados Unidos corrigió: querían cinco. Y finalmente el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia rectificó: serán siete. Y servirán –añadió ritualmente, como quien reza una jaculatoria– “para combatir el terrorismo y el narcotráfico”.

El terrorismo es en este caso la guerrilla colombiana, contra la cual vienen ayudando los norteamericanos desde que el llamado Plan Colombia de Bill Clinton se transformó en el Plan Patriota de George Bush: estos nombres en apariencia paradójicos no lo son tanto. El narcotráfico es, en este caso, el de la cocaína, que para el Gobierno norteamericano parece funcionar en un solo sentido: el de la oferta. Porque aunque la cocaína SALE de Colombia, en donde se produce, y ENTRA en Estados Unidos, en donde se consume, es a la salida cuando debe ser combatido, desde bases norteamericanas en Colombia, y no a la entrada y desde bases en territorio norteamericano. Se trata de una guerra en la que Colombia lleva 30 años ya, por orden del Gobierno norteamericano y con el resultado, menos paradójico de lo que pudiera parecer, de que el narcotráfico va ganando. Porque mientras más se lo combate, más crece su poder, que le viene de que es una actividad prohibida y en consecuencia descomunalmente rentable.

¿Y qué? También la otra guerra la va ganando el terrorismo. Porque estas guerras no se inventaron para derrotar al enemigo, sino para mantenerlo vivo para siempre.